Daniel Villalba es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid.
El Pais
El crédito que no llega a las 'pymes' financia viviendas vacías que los bancos compran. Japón aplicó en los años noventa una política parecida a la que está siguiendo España
24-02-2009 - En estas últimas semanas está habiendo una gran polémica sobre la actuación de los bancos y cajas de ahorros (la banca). La cuestión objeto de esta polémica es si estas instituciones financieras están concediendo la cantidad de crédito justo y necesario para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan continuar con su actividad "normal".
La banca argumenta, con razón, que en tiempos de crisis es normal que no crezca el crédito. Hay menos peticiones de crédito, y éstas son generalmente menos solventes. Dar más crédito sería una irresponsabilidad, argumentan.
La segunda e importante razón para no aumentar el crédito es que, dado que ni había ni hay suficiente ahorro en España para hacer frente a todos los préstamos y créditos concedidos alegremente durante la época de vacas gordas, fue necesario pedir prestado al exterior a plazos cortos (dos o tres años). La dificultad de su renovación en el exterior por parte de la banca significa que ésta dispone de una menor cantidad de dinero para prestar.
Para resolver por lo menos parte de este problema, el Gobierno ha acudido en su ayuda avalándole nuevas emisiones de deuda con el fin de que pueda obtener la liquidez que, de otro modo, le deniegan los mercados internacionales, o prestándole contra garantía de activos que otros prestamistas no le admitirían. De esta forma, el Gobierno facilita liquidez a la banca, pero a la vez tiene la impresión de que ésta no llega a las pymes. Un día la critica y al siguiente dice que está actuando correctamente. Las propias pymes dicen que se les deniegan la mayoría de los créditos que solicitan y que, en los casos en que se conceden, el tipo de interés y las garantías solicitadas son mucho mayores que antes de la crisis. El Banco de España está callado.
Como es habitual, cada uno dice su verdad, pero no toda la verdad. Falta, por lo menos, una pieza esencial para que las verdades que cuenta cada parte sean coherentes: la contabilización de la morosidad por parte de la banca.
Un pequeño ejemplo nos ilustrará sobre dos formas de hacerlo y sus consecuencias. Imaginemos que hace dos años un promotor pidió un crédito a un banco para una promoción de un piso que la tasadora del banco valoró en 100.000 euros. El banco, prudentemente, le concedió un crédito por el 80% de esta cantidad: 80.0000 euros. A su vencimiento, el promotor no consigue vender el piso y, por tanto, no puede devolver el crédito al banco. Ante esta situación, el banco tiene dos grandes alternativas: una, declarar al promotor como moroso y, eventualmente, quedarse con el piso y subastarlo. En este caso tiene que anotarse como pérdida un porcentaje que llega, en pocos meses, hasta el 50% de la deuda. La segunda posibilidad es decirle al promotor que le compra el piso por un precio igual al de la deuda, esto es, por 80.000 euros. ¿Cuáles son las consecuencias de una y otra alternativa? En la segunda no se apunta ninguna pérdida, ya que no está obligado a poner el activo comprado a precio de mercado, de acuerdo con las últimas normas del Gobierno sobre valoración de activos. Pero, de esta forma, los 80.000 euros quedan invertidos en un bien que no produce nada y, en consecuencia, es un dinero que no puede ir a parar a las pymes productivas que lo necesitan. Es más, nuestro banco deja de percibir intereses sobre la deuda que tenía, por lo que, para tener los mismos ingresos, se verá obligado a subir el tipo de interés de otros clientes que sí son solventes.
En la primera [forma de contabilizar la morosidad], el banco debe apuntarse una pérdida de 40.000 euros en su cuenta de resultados, mientras no se quede con el piso o lo venda. Pero ¿cuál es la consecuencia última de declarar al deudor como moroso y subastar el piso que tiene como garantía? ¿Hay mercado para este piso? Sí, lo hay, aunque con una rebaja muy importante sobre el precio de tasación o el de la deuda del banco. Existen fondos de inversión dispuestos a comprar viviendas en España, pero a unos precios que están alrededor del 50% de los de tasación de hace dos años.
Sin embargo, nuestro banco no está incentivado para venderlas o subastarlas, puesto que, de hacerlo, debería apuntarse la correspondiente pérdida (unos 30.000 euros en el piso de nuestro ejemplo). Y si esto lo hace con todos los deudores que no pueden devolverle el préstamo y que tienen como garantía bienes inmobiliarios, el banco puede pasar a ser insolvente y deberá ser rescatado con dinero público.
El Regulador o el Gobierno podrían obligarle a dotar la correspondiente pérdida, tanto si efectivamente se realiza como si no lo hace. Sin embargo, le permiten valorar a precio de coste y no de mercado. Y la banca, ante esta situación, ha optado lógicamente por esconder sus vergüenzas con el permiso expreso del Gobierno y del Banco de España. ¿Quién querría declararse en quiebra si puede optar por esperar a ver si sus activos suben de valor? Ni la banca ni nadie. Su decisión más racional es esconder sus pérdidas reales esperando que los activos que tienen como garantía aumenten su valor.
Un pequeño cálculo nos puede dar una idea de la magnitud aproximada del dinero esterilizado sólo en viviendas. En España hay alrededor de un millón de viviendas por vender. La mayoría financiadas por la banca. Si consideramos que cada vivienda tiene un préstamo medio de 120.000 euros, resulta que tendríamos 120.000 millones de euros totalmente esterilizados. Bienes que ni producen ni son utilizados en el bienestar de las personas, además de tener costes de mantenimiento. Si la banca vendiera estos activos a fondos de inversión con un 30% de descuento sobre el valor de sus préstamos (hay compradores a estos precios), perdería 36.000 millones de euros, lo que significa que bastantes bancos y cajas de ahorros serían insolventes, pero, a cambio, el 70% restante, es decir, 84.000 millones de euros, podría destinarse a inversión productiva para las pymes.
¿Qué es entonces lo más conveniente para el país? ¿Seguir con la política actual manteniendo esterilizados 120.000 millones de euros sine die, esperando que suban los precios, o bien obligar a los bancos a contabilizar sus activos o sus deudas a valor de mercado? En este último caso tendríamos algunos bancos y cajas insolventes. Y, claro, precisarían la ayuda del Estado, puesto que la banca no debe quebrar. El daño al sistema sería demasiado grave. Pero sí pueden, y deben, hacerlo sus accionistas si han cometido graves errores de decisión.
Japón, en los años noventa, siguió una política parecida a la que está aplicando ahora nuestro país. Escondió las pérdidas que la banca tenía de hecho sobre la base de refinanciarles su deuda para que pudieran mantener activos cuyo valor real era muy inferior al que figuraba en el activo de su balance.
Las consecuencias son de todos conocidas. Tuvo una década de estancamiento y, aún ahora, después de 15 años, sus activos inmobiliarios no han logrado recuperar el valor que tenían antes de la crisis. Después de siete u ocho años del comienzo de la crisis, el Gobierno tuvo que forzar el saneamiento de los bancos. Durante estos años, los bancos fueron verdaderos zombis, pero seguían operando. Todo parece indicar que aquí estamos siguiendo los mismos pasos que Japón en esa década perdida. Ya tenemos bancos zombis. Y, mientras tanto, las pymes productivas se asfixian y, en muchos casos, se mueren.
Daniel Villalba es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid.
El Pais
24.2.09
¿Dónde está el crédito que "no aparece"?
Daniel Villalba es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid.
El Pais
El crédito que no llega a las 'pymes' financia viviendas vacías que los bancos compran. Japón aplicó en los años noventa una política parecida a la que está siguiendo España
24-02-2009 - En estas últimas semanas está habiendo una gran polémica sobre la actuación de los bancos y cajas de ahorros (la banca). La cuestión objeto de esta polémica es si estas instituciones financieras están concediendo la cantidad de crédito justo y necesario para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan continuar con su actividad "normal".
La banca argumenta, con razón, que en tiempos de crisis es normal que no crezca el crédito. Hay menos peticiones de crédito, y éstas son generalmente menos solventes. Dar más crédito sería una irresponsabilidad, argumentan.
La segunda e importante razón para no aumentar el crédito es que, dado que ni había ni hay suficiente ahorro en España para hacer frente a todos los préstamos y créditos concedidos alegremente durante la época de vacas gordas, fue necesario pedir prestado al exterior a plazos cortos (dos o tres años). La dificultad de su renovación en el exterior por parte de la banca significa que ésta dispone de una menor cantidad de dinero para prestar.
Para resolver por lo menos parte de este problema, el Gobierno ha acudido en su ayuda avalándole nuevas emisiones de deuda con el fin de que pueda obtener la liquidez que, de otro modo, le deniegan los mercados internacionales, o prestándole contra garantía de activos que otros prestamistas no le admitirían. De esta forma, el Gobierno facilita liquidez a la banca, pero a la vez tiene la impresión de que ésta no llega a las pymes. Un día la critica y al siguiente dice que está actuando correctamente. Las propias pymes dicen que se les deniegan la mayoría de los créditos que solicitan y que, en los casos en que se conceden, el tipo de interés y las garantías solicitadas son mucho mayores que antes de la crisis. El Banco de España está callado.
Como es habitual, cada uno dice su verdad, pero no toda la verdad. Falta, por lo menos, una pieza esencial para que las verdades que cuenta cada parte sean coherentes: la contabilización de la morosidad por parte de la banca.
Un pequeño ejemplo nos ilustrará sobre dos formas de hacerlo y sus consecuencias. Imaginemos que hace dos años un promotor pidió un crédito a un banco para una promoción de un piso que la tasadora del banco valoró en 100.000 euros. El banco, prudentemente, le concedió un crédito por el 80% de esta cantidad: 80.0000 euros. A su vencimiento, el promotor no consigue vender el piso y, por tanto, no puede devolver el crédito al banco. Ante esta situación, el banco tiene dos grandes alternativas: una, declarar al promotor como moroso y, eventualmente, quedarse con el piso y subastarlo. En este caso tiene que anotarse como pérdida un porcentaje que llega, en pocos meses, hasta el 50% de la deuda. La segunda posibilidad es decirle al promotor que le compra el piso por un precio igual al de la deuda, esto es, por 80.000 euros. ¿Cuáles son las consecuencias de una y otra alternativa? En la segunda no se apunta ninguna pérdida, ya que no está obligado a poner el activo comprado a precio de mercado, de acuerdo con las últimas normas del Gobierno sobre valoración de activos. Pero, de esta forma, los 80.000 euros quedan invertidos en un bien que no produce nada y, en consecuencia, es un dinero que no puede ir a parar a las pymes productivas que lo necesitan. Es más, nuestro banco deja de percibir intereses sobre la deuda que tenía, por lo que, para tener los mismos ingresos, se verá obligado a subir el tipo de interés de otros clientes que sí son solventes.
En la primera [forma de contabilizar la morosidad], el banco debe apuntarse una pérdida de 40.000 euros en su cuenta de resultados, mientras no se quede con el piso o lo venda. Pero ¿cuál es la consecuencia última de declarar al deudor como moroso y subastar el piso que tiene como garantía? ¿Hay mercado para este piso? Sí, lo hay, aunque con una rebaja muy importante sobre el precio de tasación o el de la deuda del banco. Existen fondos de inversión dispuestos a comprar viviendas en España, pero a unos precios que están alrededor del 50% de los de tasación de hace dos años.
Sin embargo, nuestro banco no está incentivado para venderlas o subastarlas, puesto que, de hacerlo, debería apuntarse la correspondiente pérdida (unos 30.000 euros en el piso de nuestro ejemplo). Y si esto lo hace con todos los deudores que no pueden devolverle el préstamo y que tienen como garantía bienes inmobiliarios, el banco puede pasar a ser insolvente y deberá ser rescatado con dinero público.
El Regulador o el Gobierno podrían obligarle a dotar la correspondiente pérdida, tanto si efectivamente se realiza como si no lo hace. Sin embargo, le permiten valorar a precio de coste y no de mercado. Y la banca, ante esta situación, ha optado lógicamente por esconder sus vergüenzas con el permiso expreso del Gobierno y del Banco de España. ¿Quién querría declararse en quiebra si puede optar por esperar a ver si sus activos suben de valor? Ni la banca ni nadie. Su decisión más racional es esconder sus pérdidas reales esperando que los activos que tienen como garantía aumenten su valor.
Un pequeño cálculo nos puede dar una idea de la magnitud aproximada del dinero esterilizado sólo en viviendas. En España hay alrededor de un millón de viviendas por vender. La mayoría financiadas por la banca. Si consideramos que cada vivienda tiene un préstamo medio de 120.000 euros, resulta que tendríamos 120.000 millones de euros totalmente esterilizados. Bienes que ni producen ni son utilizados en el bienestar de las personas, además de tener costes de mantenimiento. Si la banca vendiera estos activos a fondos de inversión con un 30% de descuento sobre el valor de sus préstamos (hay compradores a estos precios), perdería 36.000 millones de euros, lo que significa que bastantes bancos y cajas de ahorros serían insolventes, pero, a cambio, el 70% restante, es decir, 84.000 millones de euros, podría destinarse a inversión productiva para las pymes.
¿Qué es entonces lo más conveniente para el país? ¿Seguir con la política actual manteniendo esterilizados 120.000 millones de euros sine die, esperando que suban los precios, o bien obligar a los bancos a contabilizar sus activos o sus deudas a valor de mercado? En este último caso tendríamos algunos bancos y cajas insolventes. Y, claro, precisarían la ayuda del Estado, puesto que la banca no debe quebrar. El daño al sistema sería demasiado grave. Pero sí pueden, y deben, hacerlo sus accionistas si han cometido graves errores de decisión.
Japón, en los años noventa, siguió una política parecida a la que está aplicando ahora nuestro país. Escondió las pérdidas que la banca tenía de hecho sobre la base de refinanciarles su deuda para que pudieran mantener activos cuyo valor real era muy inferior al que figuraba en el activo de su balance.
Las consecuencias son de todos conocidas. Tuvo una década de estancamiento y, aún ahora, después de 15 años, sus activos inmobiliarios no han logrado recuperar el valor que tenían antes de la crisis. Después de siete u ocho años del comienzo de la crisis, el Gobierno tuvo que forzar el saneamiento de los bancos. Durante estos años, los bancos fueron verdaderos zombis, pero seguían operando. Todo parece indicar que aquí estamos siguiendo los mismos pasos que Japón en esa década perdida. Ya tenemos bancos zombis. Y, mientras tanto, las pymes productivas se asfixian y, en muchos casos, se mueren.
Daniel Villalba es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid.
El Pais
El Pais
El crédito que no llega a las 'pymes' financia viviendas vacías que los bancos compran. Japón aplicó en los años noventa una política parecida a la que está siguiendo España
24-02-2009 - En estas últimas semanas está habiendo una gran polémica sobre la actuación de los bancos y cajas de ahorros (la banca). La cuestión objeto de esta polémica es si estas instituciones financieras están concediendo la cantidad de crédito justo y necesario para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan continuar con su actividad "normal".
La banca argumenta, con razón, que en tiempos de crisis es normal que no crezca el crédito. Hay menos peticiones de crédito, y éstas son generalmente menos solventes. Dar más crédito sería una irresponsabilidad, argumentan.
La segunda e importante razón para no aumentar el crédito es que, dado que ni había ni hay suficiente ahorro en España para hacer frente a todos los préstamos y créditos concedidos alegremente durante la época de vacas gordas, fue necesario pedir prestado al exterior a plazos cortos (dos o tres años). La dificultad de su renovación en el exterior por parte de la banca significa que ésta dispone de una menor cantidad de dinero para prestar.
Para resolver por lo menos parte de este problema, el Gobierno ha acudido en su ayuda avalándole nuevas emisiones de deuda con el fin de que pueda obtener la liquidez que, de otro modo, le deniegan los mercados internacionales, o prestándole contra garantía de activos que otros prestamistas no le admitirían. De esta forma, el Gobierno facilita liquidez a la banca, pero a la vez tiene la impresión de que ésta no llega a las pymes. Un día la critica y al siguiente dice que está actuando correctamente. Las propias pymes dicen que se les deniegan la mayoría de los créditos que solicitan y que, en los casos en que se conceden, el tipo de interés y las garantías solicitadas son mucho mayores que antes de la crisis. El Banco de España está callado.
Como es habitual, cada uno dice su verdad, pero no toda la verdad. Falta, por lo menos, una pieza esencial para que las verdades que cuenta cada parte sean coherentes: la contabilización de la morosidad por parte de la banca.
Un pequeño ejemplo nos ilustrará sobre dos formas de hacerlo y sus consecuencias. Imaginemos que hace dos años un promotor pidió un crédito a un banco para una promoción de un piso que la tasadora del banco valoró en 100.000 euros. El banco, prudentemente, le concedió un crédito por el 80% de esta cantidad: 80.0000 euros. A su vencimiento, el promotor no consigue vender el piso y, por tanto, no puede devolver el crédito al banco. Ante esta situación, el banco tiene dos grandes alternativas: una, declarar al promotor como moroso y, eventualmente, quedarse con el piso y subastarlo. En este caso tiene que anotarse como pérdida un porcentaje que llega, en pocos meses, hasta el 50% de la deuda. La segunda posibilidad es decirle al promotor que le compra el piso por un precio igual al de la deuda, esto es, por 80.000 euros. ¿Cuáles son las consecuencias de una y otra alternativa? En la segunda no se apunta ninguna pérdida, ya que no está obligado a poner el activo comprado a precio de mercado, de acuerdo con las últimas normas del Gobierno sobre valoración de activos. Pero, de esta forma, los 80.000 euros quedan invertidos en un bien que no produce nada y, en consecuencia, es un dinero que no puede ir a parar a las pymes productivas que lo necesitan. Es más, nuestro banco deja de percibir intereses sobre la deuda que tenía, por lo que, para tener los mismos ingresos, se verá obligado a subir el tipo de interés de otros clientes que sí son solventes.
En la primera [forma de contabilizar la morosidad], el banco debe apuntarse una pérdida de 40.000 euros en su cuenta de resultados, mientras no se quede con el piso o lo venda. Pero ¿cuál es la consecuencia última de declarar al deudor como moroso y subastar el piso que tiene como garantía? ¿Hay mercado para este piso? Sí, lo hay, aunque con una rebaja muy importante sobre el precio de tasación o el de la deuda del banco. Existen fondos de inversión dispuestos a comprar viviendas en España, pero a unos precios que están alrededor del 50% de los de tasación de hace dos años.
Sin embargo, nuestro banco no está incentivado para venderlas o subastarlas, puesto que, de hacerlo, debería apuntarse la correspondiente pérdida (unos 30.000 euros en el piso de nuestro ejemplo). Y si esto lo hace con todos los deudores que no pueden devolverle el préstamo y que tienen como garantía bienes inmobiliarios, el banco puede pasar a ser insolvente y deberá ser rescatado con dinero público.
El Regulador o el Gobierno podrían obligarle a dotar la correspondiente pérdida, tanto si efectivamente se realiza como si no lo hace. Sin embargo, le permiten valorar a precio de coste y no de mercado. Y la banca, ante esta situación, ha optado lógicamente por esconder sus vergüenzas con el permiso expreso del Gobierno y del Banco de España. ¿Quién querría declararse en quiebra si puede optar por esperar a ver si sus activos suben de valor? Ni la banca ni nadie. Su decisión más racional es esconder sus pérdidas reales esperando que los activos que tienen como garantía aumenten su valor.
Un pequeño cálculo nos puede dar una idea de la magnitud aproximada del dinero esterilizado sólo en viviendas. En España hay alrededor de un millón de viviendas por vender. La mayoría financiadas por la banca. Si consideramos que cada vivienda tiene un préstamo medio de 120.000 euros, resulta que tendríamos 120.000 millones de euros totalmente esterilizados. Bienes que ni producen ni son utilizados en el bienestar de las personas, además de tener costes de mantenimiento. Si la banca vendiera estos activos a fondos de inversión con un 30% de descuento sobre el valor de sus préstamos (hay compradores a estos precios), perdería 36.000 millones de euros, lo que significa que bastantes bancos y cajas de ahorros serían insolventes, pero, a cambio, el 70% restante, es decir, 84.000 millones de euros, podría destinarse a inversión productiva para las pymes.
¿Qué es entonces lo más conveniente para el país? ¿Seguir con la política actual manteniendo esterilizados 120.000 millones de euros sine die, esperando que suban los precios, o bien obligar a los bancos a contabilizar sus activos o sus deudas a valor de mercado? En este último caso tendríamos algunos bancos y cajas insolventes. Y, claro, precisarían la ayuda del Estado, puesto que la banca no debe quebrar. El daño al sistema sería demasiado grave. Pero sí pueden, y deben, hacerlo sus accionistas si han cometido graves errores de decisión.
Japón, en los años noventa, siguió una política parecida a la que está aplicando ahora nuestro país. Escondió las pérdidas que la banca tenía de hecho sobre la base de refinanciarles su deuda para que pudieran mantener activos cuyo valor real era muy inferior al que figuraba en el activo de su balance.
Las consecuencias son de todos conocidas. Tuvo una década de estancamiento y, aún ahora, después de 15 años, sus activos inmobiliarios no han logrado recuperar el valor que tenían antes de la crisis. Después de siete u ocho años del comienzo de la crisis, el Gobierno tuvo que forzar el saneamiento de los bancos. Durante estos años, los bancos fueron verdaderos zombis, pero seguían operando. Todo parece indicar que aquí estamos siguiendo los mismos pasos que Japón en esa década perdida. Ya tenemos bancos zombis. Y, mientras tanto, las pymes productivas se asfixian y, en muchos casos, se mueren.
Daniel Villalba es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid.
El Pais
18.2.09
Crisis Financiera y fracaso de los planes de rescate
El fracaso de los planes de rescate europeos agrava la crisis financiera
Bruselas asume que habrá que liquidar bancos y prevé que la recesión elimine 3,5 millones de empleos - Alemania avisa de eventuales quiebras de Estados
CLAUDI PÉREZ
El Pais
18-02-2009 - Las reacciones de los mercados suelen ser masivas y fulminantes. Si se empeñan, pueden hacer caer las torres más altas. De momento, el desplome de los mercados en el último año y medio ha acabado con la banca de inversión, ha precipitado la quiebra de decenas de entidades financieras, ha evaporado miles de millones de euros de la Bolsa y ha pinchado varias burbujas inmobiliarias en el mundo desarrollado, sumido en una dramática recesión. Los mercados han hecho doblar la rodilla incluso a algún país, como Islandia. Las víctimas son cada vez más ilustres, hasta el punto de que Alemania alerta del riesgo de quiebra que corren algunos países de la eurozona en medio de una vuelta de tuerca -una más- a la crisis financiera.
La banca vivió ayer una nueva sesión de pesadilla bursátil ante la constatación de que los planes de rescate son insuficientes para responder al alud de problemas. Bruselas ya es consciente de que los multimillonarios salvavidas a la banca han tenido efectos más bien escasos y la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, avisó ayer de que la eurozona deberá "tomar decisiones duras sobre reestructuraciones o posibles liquidaciones controladas. Y estas decisiones deberán adoptarse muy rápidamente".
La comisaria insistió en que si los Estados no toman ahora medidas para reducir la incertidumbre y reactivar el crédito, las consecuencias serán "perpetuar modelos de negocio fracasados, arruinar las finanzas públicas, consolidar las distorsiones de competencia con ayudas públicas sin fin, romper nuestro mercado interior e impedir que emerja de la crisis un mercado bancario viable".
Lo más grave es que en este nuevo capítulo de la crisis la banca puede arrastrar a algún país en su caída. Irlanda está "en una situación muy difícil", aseguró a última hora del lunes el ministro alemán de Finanzas, Peer Steinbrück, que ayer se apresuró a destacar que nunca quiso poner en duda la solvencia del Estado irlandés. Protagonista de una sensacional historia de éxito en los últimos años, Irlanda está ahora inmersa en una profunda crisis. A la recesión añade un déficit público galopante -que este año podría elevarse hasta el 11% del PIB- y el sector bancario más golpeado por las turbulencias.
Irlanda ha anunciado inyecciones millonarias en sus bancos, asegura el 100% de los depósitos y avala la deuda de sus bancos. Y ese puede ser el problema. Lejos de recuperarse con esas medidas, la banca irlandesa sigue en caída libre y amenaza con llevarse por delante la solvencia del Estado, cuya calificación crediticia ya ha sido rebajada. Hay más países con problemas: Steinbrück abrió la caja de los truenos y afirmó que la zona euro debe estar preparada para salir al rescate "de los Estados con dificultades en sus pagos". De nuevo la lógica del demasiado grande para caer: los rescates bancarios trataban de evitar que la quiebra de un banco arrastrara a todo el sector. Esa idea vale para los Estados.
Los problemas financieros han disparado los precios de asegurar la deuda pública irlandesa: los costes de los instrumentos que se usan para esa cobertura se han triplicado en una sola semana. Grecia y Austria tienen también costes elevados, aunque menos. El diferencial de los bonos irlandeses sobre los alemanes también sube, algo que ocurre con la mayoría de los países, incluida España. "Es poco probable, pero si las especulaciones sobre posibles quiebras no se detienen, esos costes seguirán al alza y pondrán en jaque a los Estados para hacer frente a los pagos derivados de su endeudamiento", explicó Antonio Villarroya, de Merrill Lynch. Se trataría de una más de esas profecías autocumplidas tan de moda por la crisis.
"En ningún país europeo hay razones de peso para pensar en una quiebra. Pero es posible si los mercados financieros deciden que un país puede incurrir en ella", aseguró Daniel Gros, director del Centre for European Policy Studies. Simon Johnson, ex economista jefe del FMI, instó el pasado fin de semana al G-7 a buscar una solución a las dificultades de Irlanda, cuyo Gobierno ha desmentido recientemente los rumores de una intervención del FMI.
El Tratado de Maastricht impide que el BCE o un determinado país acuda al rescate de otro en caso de quiebra. "De nuevo la falta de infraestructura institucional puede perjudicar a la zona euro", explicó Federico Steinberg, del Instituto Elcano. "Las dudas sobre algunos países van a ser una dura prueba de fuego para el euro", dijo. Esa incertidumbre ya se deja notar: el euro bajó ayer hasta los 1,25 dólares, el menor nivel desde diciembre.
Tras año y medio de turbulencias, el detonador sigue en el sector financiero. La agencia Moody's advertía de la vulnerabilidad de la banca europea ante la severa recesión de Europa del Este, uno de sus focos de crecimiento.
Y de la banca, a la economía real. Las turbulencias financieras tardaron meses en llegar a consumidores y empresas. Pero ahora también ahí la crisis avanza a toda velocidad: la Comisión aseguró ayer que este año se perderán 3,5 millones de empleos en la zona euro. El paro escalará hasta el 10% en 2010. Las perspectivas sólo mejorarán cuando amaine el huracán financiero, pero incluso entonces, la mejoría laboral no llegará sino meses después.
CLAUDI PÉREZ
El Pais
Bruselas asume que habrá que liquidar bancos y prevé que la recesión elimine 3,5 millones de empleos - Alemania avisa de eventuales quiebras de Estados
CLAUDI PÉREZ
El Pais
18-02-2009 - Las reacciones de los mercados suelen ser masivas y fulminantes. Si se empeñan, pueden hacer caer las torres más altas. De momento, el desplome de los mercados en el último año y medio ha acabado con la banca de inversión, ha precipitado la quiebra de decenas de entidades financieras, ha evaporado miles de millones de euros de la Bolsa y ha pinchado varias burbujas inmobiliarias en el mundo desarrollado, sumido en una dramática recesión. Los mercados han hecho doblar la rodilla incluso a algún país, como Islandia. Las víctimas son cada vez más ilustres, hasta el punto de que Alemania alerta del riesgo de quiebra que corren algunos países de la eurozona en medio de una vuelta de tuerca -una más- a la crisis financiera.
La banca vivió ayer una nueva sesión de pesadilla bursátil ante la constatación de que los planes de rescate son insuficientes para responder al alud de problemas. Bruselas ya es consciente de que los multimillonarios salvavidas a la banca han tenido efectos más bien escasos y la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, avisó ayer de que la eurozona deberá "tomar decisiones duras sobre reestructuraciones o posibles liquidaciones controladas. Y estas decisiones deberán adoptarse muy rápidamente".
La comisaria insistió en que si los Estados no toman ahora medidas para reducir la incertidumbre y reactivar el crédito, las consecuencias serán "perpetuar modelos de negocio fracasados, arruinar las finanzas públicas, consolidar las distorsiones de competencia con ayudas públicas sin fin, romper nuestro mercado interior e impedir que emerja de la crisis un mercado bancario viable".
Lo más grave es que en este nuevo capítulo de la crisis la banca puede arrastrar a algún país en su caída. Irlanda está "en una situación muy difícil", aseguró a última hora del lunes el ministro alemán de Finanzas, Peer Steinbrück, que ayer se apresuró a destacar que nunca quiso poner en duda la solvencia del Estado irlandés. Protagonista de una sensacional historia de éxito en los últimos años, Irlanda está ahora inmersa en una profunda crisis. A la recesión añade un déficit público galopante -que este año podría elevarse hasta el 11% del PIB- y el sector bancario más golpeado por las turbulencias.
Irlanda ha anunciado inyecciones millonarias en sus bancos, asegura el 100% de los depósitos y avala la deuda de sus bancos. Y ese puede ser el problema. Lejos de recuperarse con esas medidas, la banca irlandesa sigue en caída libre y amenaza con llevarse por delante la solvencia del Estado, cuya calificación crediticia ya ha sido rebajada. Hay más países con problemas: Steinbrück abrió la caja de los truenos y afirmó que la zona euro debe estar preparada para salir al rescate "de los Estados con dificultades en sus pagos". De nuevo la lógica del demasiado grande para caer: los rescates bancarios trataban de evitar que la quiebra de un banco arrastrara a todo el sector. Esa idea vale para los Estados.
Los problemas financieros han disparado los precios de asegurar la deuda pública irlandesa: los costes de los instrumentos que se usan para esa cobertura se han triplicado en una sola semana. Grecia y Austria tienen también costes elevados, aunque menos. El diferencial de los bonos irlandeses sobre los alemanes también sube, algo que ocurre con la mayoría de los países, incluida España. "Es poco probable, pero si las especulaciones sobre posibles quiebras no se detienen, esos costes seguirán al alza y pondrán en jaque a los Estados para hacer frente a los pagos derivados de su endeudamiento", explicó Antonio Villarroya, de Merrill Lynch. Se trataría de una más de esas profecías autocumplidas tan de moda por la crisis.
"En ningún país europeo hay razones de peso para pensar en una quiebra. Pero es posible si los mercados financieros deciden que un país puede incurrir en ella", aseguró Daniel Gros, director del Centre for European Policy Studies. Simon Johnson, ex economista jefe del FMI, instó el pasado fin de semana al G-7 a buscar una solución a las dificultades de Irlanda, cuyo Gobierno ha desmentido recientemente los rumores de una intervención del FMI.
El Tratado de Maastricht impide que el BCE o un determinado país acuda al rescate de otro en caso de quiebra. "De nuevo la falta de infraestructura institucional puede perjudicar a la zona euro", explicó Federico Steinberg, del Instituto Elcano. "Las dudas sobre algunos países van a ser una dura prueba de fuego para el euro", dijo. Esa incertidumbre ya se deja notar: el euro bajó ayer hasta los 1,25 dólares, el menor nivel desde diciembre.
Tras año y medio de turbulencias, el detonador sigue en el sector financiero. La agencia Moody's advertía de la vulnerabilidad de la banca europea ante la severa recesión de Europa del Este, uno de sus focos de crecimiento.
Y de la banca, a la economía real. Las turbulencias financieras tardaron meses en llegar a consumidores y empresas. Pero ahora también ahí la crisis avanza a toda velocidad: la Comisión aseguró ayer que este año se perderán 3,5 millones de empleos en la zona euro. El paro escalará hasta el 10% en 2010. Las perspectivas sólo mejorarán cuando amaine el huracán financiero, pero incluso entonces, la mejoría laboral no llegará sino meses después.
CLAUDI PÉREZ
El Pais
11.2.09
El abandono del keynesianismo por la Unión Europea
Vicenç Navarro
El desempleo alcanzará cifras mucho mayores en la UE que en EE.UU., lo cual se atribuirá, una vez mas, a la excesiva “rigidez de los mercados laborales y demasiada protección social”
10-02-2009 - Durante el periodo 1950-1980 el desempleo fue menor en los países que constituirían más tarde la Unión Europea de los Quince en EE.UU. Esta situación cambió, y durante el periodo 1986-2005, el desempleo fue mayor en aquellos países de la UE-15 que en EE.UU. Ello se debe al abandono por parte de las instituciones europeas (como el Banco Central Europeo, La Comisión Europea y el Pacto de Estabilidad) de las políticas keynesianas a favor de las políticas liberales que han promovido tales instituciones. Ello contrasta con las políticas del gobierno federal de EE.UU., de claro corte keynesiano, que detallo en mi artículo
Publicado en la revista TEMAS PARA EL DEBATE, febrero 2009
Desde finales de los años setenta y principios de los ochenta el desempleo ha sido mayor en el promedio de la UE-15 (el grupo de países de la UE de nivel de riqueza semejante al español) que en EE.UU. Antes, desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquel periodo, el promedio del desempleo de los países que más tarde constituirían la Unión Europea de los Quince (UE-15) era menor que en EE.UU. ¿A qué se debe este cambio? La respuesta standard que dan los economistas liberales es que el mayor desempleo en la UE-15 se debe a la supuesta rigidez de sus mercados laborales y a su “excesiva” protección social, mayor en la UE-15 que en EE.UU. De ahí que sus propuestas para reducir el desempleo sean la desregulación de los mercados laborales y la reducción de la protección social. Es sorprendente lo generalizada que está esta respuesta. Se ha convertido casi en dogma en los círculos económicos, financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea.
Esta explicación, sin embargo, es fácil de demostrar que es errónea. Cabe mirar los datos. Tanto los mercados laborales como la protección social han ido cambiando en la UE-15, de manera tal que la desregulación de los mercados laborales ha ido aumentando y la protección social ha ido disminuyendo en la mayoría de países de la UE-15 durante el periodo 1980-2005, y en cambio el desempleo de la UE-15 ha ido aumentando, no disminuyendo, tal como debiera de haber ocurrido si aquella explicación fuera cierta. Es más, los mercados laborales estaban más regulados y la protección social era mayor en estos países de la UE-15 en el periodo 1950-1980 que en el periodo 1980-2005, y sin embargo, el desempleo era menor en el primer periodo que en el segundo. La explicación liberal no se aguanta en base a los datos existentes, mírese como se mire. Esto no es obstáculo, sin embargo, para que la versión liberal continúe reproduciéndose constantemente siendo un ejemplo de ello, el último Informe del Banco Central Europeo sobre el desempleo en la Unión Europea. Este documento es profundamente ideológico, impermeable a los datos que muestran el error de sus análisis y lo poco aconsejable de sus propuestas.
¿Cuál es, pues, la causa de que el desempleo sea mayor en la UE-15 que en EE.UU.? La respuesta es fácil de ver; es el abandono por parte de las instituciones de la UE-15 de las políticas macroeconómicas keynesianas y la adopción, en su lugar, de las políticas liberales. La mejor prueba de lo que digo es que en todos los países del Este de Europa que han tenido que hacer cambios para integrarse en la UE-15 han visto crecer su desempleo. Y dentro de la UE-15, los países que han tenido mayor desempleo han sido precisamente los que han seguido con mayor ortodoxia las políticas liberales promovidas por la Comisión Europea y por el Banco Central Europeo, es decir, los países de la Eurozona. Los datos hablan por sí mismos (ver Navarro, V. “La Evolución de la Situación Social en la Unión Europea de los Quince”, en Josep Borrell, Europa en la Encrucijada. 2008).
¿Cómo se promueven las políticas liberales y monetarias en la Unión Europea?
Tales políticas liberales se promueven a partir
1) del Pacto de Estabilidad que obstaculiza en gran manera la expansión del gasto público al poner un límite (un límite, por otra parte, totalmente arbitrario) del déficit público del Estado, no mayor de un 3% del PIB, y de una deuda pública no mayor del 60% del PIB. Este criterio junto con las prácticas generalizadas de reducir impuestos (recuerden aquella frase de un dirigente socialista español que “bajar impuestos es una política de izquierdas”) ha determinado un descenso muy marcado en la tasa de crecimiento del gasto público (incluyendo el gasto público social) en el periodo 1980-2005, así como una disminución de los beneficios sociales (tales como la cobertura e intensidad de los seguros de enfermedad, seguros de desempleo y seguros de discapacidad, entre otros) en la mayoría de países de la UE-15.
2) de considerar como objetivo primordial del Banco Central Europeo la reducción de la inflación incluso a costa de la destrucción de empleo, como consecuencia del descenso del crecimiento económico causado por la política de mantener altos intereses bancarios. Históricamente los intereses del Banco Central Europeo han sido más elevados que los del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board), cuyo objetivo ha incluido la creación de empleo.
3) de dificultar las ayudas estatales a las empresas, favoreciendo además la desregulación del comercio y la dilución de medidas proteccionistas.
Tales medidas han tenido un impacto muy notable en la disminución de la tasa de crecimiento económico de la Unión Europea y el consiguiente aumento del desempleo.
¿Por qué el desempleo en EE.UU. es menor que en la UE-15? El keynesianismo del estado de EE.UU.
Tales políticas liberales desarrolladas por las instituciones de la UE-15 han contrastado con las políticas keynesianas seguidas por el gobierno federal de EE.UU., responsables de que, a partir del abandono de las políticas keynesianas por parte de la UE-15, EE.UU. ha tenido un desempleo menor que el de la UE-15. En contra de la percepción generalizada en Europa de que el Estado de EE.UU es el mayor estado liberal entre los países capitalistas desarrollados, tal estado es el estado más keynesiano de todos los estados de la OECD. EE.UU. no es un estado liberal sino profundamente keynesiano. Y ello ocurre desde el establecimiento del New Deal por parte del Presidente Franklin D. Roosevelt. Tales políticas keynesianas se han caracterizado por un gran aumento del gasto público (como manera de estimular la economía) financiado en parte con el crecimiento del déficit y de la deuda pública, medida complementada por un Banco Central (The Federal Reserve Board) que ha tenido como objetivo la creación de empleo y el estimulo del crecimiento económico mediante la provisión de bajos intereses bancarios (que históricamente han sido menores que los del Banco Central Europeo). A tales medidas se añaden una política activa de apoyo a las empresas estadounidenses incluyendo políticas claramente proteccionistas.
Estas políticas han sido llevadas a cabo no sólo por las Administraciones Demócratas, sino también por las Administraciones Republicanas. Así, el Presidente Dwight D. Eisenhower, a fin de reducir la recesión económica, lideró la aprobación de la Ley Federal de Transporte Público (Federal Aid Highway Act) que significó una inversión de 128.930 millones de dólares, y que construyó una red de carreteras federales de gran calidad, permitiendo un déficit del estado de un 6% del PIB. El Presidente Nixon, también republicano, se definió como un keynesiano. Y el mismo presidente Ronald Reagan, presentado por los economistas ultraliberales en España (como Xavier Sala i Martí) como el padre de la revolución liberal, aumentó el gasto público sustancialmente (a través, sobre todo, del gasto militar) financiándolo con un déficit público de un 6% y también con el mayor aumento de los impuestos federales ocurrido en tiempo de paz en aquel país. Disminuyó los impuestos del 10% de nivel de renta superior del país, pero los aumentó (no sólo una sino dos veces) para la mayoría de la población. Y el presidente Bush hijo, también republicano, ha aumentado el gasto público (también primordialmente en el capítulo militar), con un aumento del déficit público que ha alcanzado un 6% del PIB.
En realidad, hoy existe un gran consenso entre los economistas asesores tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata sobre la necesidad de aumentar el gasto público significativamente para estimular la economía a costa de un gran incremento del déficit público que es probable que, bajo la Administración Obama, alcance un 7% del PIB. Tanto desde la derecha republicana –representada por el economista Martin Feldstein- hasta la izquierda –representada por James Galbraight y Dean Baker- hay un consenso en incrementar el gasto público en obras públicas con el objetivo de crear empleo, alcanzando cantidades de más de 700.000 millones de dólares, aumentando el déficit público hasta un 7% del PIB si hace falta. En realidad, hay autores como Joseph Stiglitz que consideran estas cifras excesivamente moderadas. Tal autor considera que las cantidades propuestas por la Administración Obama no crearán los más de cuatro millones de puestos de trabajo al año que se necesitarán para reducir el desempleo que se calcula alcanzará el 8% el próximo año. Es más, tanto la Administración Republicana de Bush como la Demócrata de Obama, han favorecido el apoyo financiero a las compañías automovilísticas estadounidenses (pero no, por cierto, a las extranjeras que producen automóviles en EE.UU.) que están en crisis.
La diferencia que ha habido históricamente entre los dos partidos no ha sido, por lo tanto, en su compromiso con las políticas keynesianas responsables de mayor crecimiento económico en EE.UU. que en la UE-15, sino en la distribución de la renta resultado del crecimiento económico. Lo que ha caracterizado al keynesianismo de la mal llamada época liberal 1980-2005 ha sido que el crecimiento económico estimulado por las políticas keynesianas ha ido a beneficiar las rentas superiores a costa de las rentas medias e inferiores, incrementándose la polarización social en aquel país. Tal polarización disminuyó un tanto, durante la época del partido Demócrata del presidente Clinton, y ello como resultado de unas políticas keynesianas que se basaron menos en gastos militares y más en gastos sociales (además de incrementar los impuestos a las rentas altas). Pero su impacto fue menor como consecuencia de la reducción del déficit público (forzado por su Ministro de Economía y Hacienda, próximo a Wall Street, el Sr. Rubin), generando un surplus en las cuentas del Estado que el presidente Bush hijo utilizó para disminuir los impuestos de los grupos más pudientes del país, incrementando las desigualdades sociales hasta niveles no conocidos desde la Gran Depresión.
Mientras, en la UE, las políticas liberales continúan, como lo atestigua que en la última reunión de los Jefes de Estado de los 27 países de la UE-15 se haya subrayado “que el Pacto de Estabilidad continúa siendo la piedra angular del marco presupuestario en la UE”. Y la respuesta de la mayoría de los estados en estimular la economía a través del aumento del gasto público para la creación de empleo ha sido menor, habiéndose puesto como objetivo alcanzar sólo un incremento del gasto público de un 1,1% de su PIB. Incluso el gobierno socialista español, que ha sido el que mayor respuesta ha tenido, mediante el gasto de 30.000 millones de euros en creación de empleo, no alcanza los niveles propuestos tanto por el Partido Demócrata como por el Partido Republicano en EE.UU., que de aplicarse a España sería de cerca de 80.000 millones de euros. Ello significa que el desempleo alcanzará cifras mucho mayores en la UE que en EE.UU., lo cual se atribuirá, una vez mas, a la excesiva “rigidez de los mercados laborales y demasiada protección social”. El dogma liberal continúa reproduciéndose en la UE.
Vicenç Navarro
El desempleo alcanzará cifras mucho mayores en la UE que en EE.UU., lo cual se atribuirá, una vez mas, a la excesiva “rigidez de los mercados laborales y demasiada protección social”
10-02-2009 - Durante el periodo 1950-1980 el desempleo fue menor en los países que constituirían más tarde la Unión Europea de los Quince en EE.UU. Esta situación cambió, y durante el periodo 1986-2005, el desempleo fue mayor en aquellos países de la UE-15 que en EE.UU. Ello se debe al abandono por parte de las instituciones europeas (como el Banco Central Europeo, La Comisión Europea y el Pacto de Estabilidad) de las políticas keynesianas a favor de las políticas liberales que han promovido tales instituciones. Ello contrasta con las políticas del gobierno federal de EE.UU., de claro corte keynesiano, que detallo en mi artículo
Publicado en la revista TEMAS PARA EL DEBATE, febrero 2009
Desde finales de los años setenta y principios de los ochenta el desempleo ha sido mayor en el promedio de la UE-15 (el grupo de países de la UE de nivel de riqueza semejante al español) que en EE.UU. Antes, desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquel periodo, el promedio del desempleo de los países que más tarde constituirían la Unión Europea de los Quince (UE-15) era menor que en EE.UU. ¿A qué se debe este cambio? La respuesta standard que dan los economistas liberales es que el mayor desempleo en la UE-15 se debe a la supuesta rigidez de sus mercados laborales y a su “excesiva” protección social, mayor en la UE-15 que en EE.UU. De ahí que sus propuestas para reducir el desempleo sean la desregulación de los mercados laborales y la reducción de la protección social. Es sorprendente lo generalizada que está esta respuesta. Se ha convertido casi en dogma en los círculos económicos, financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea.
Esta explicación, sin embargo, es fácil de demostrar que es errónea. Cabe mirar los datos. Tanto los mercados laborales como la protección social han ido cambiando en la UE-15, de manera tal que la desregulación de los mercados laborales ha ido aumentando y la protección social ha ido disminuyendo en la mayoría de países de la UE-15 durante el periodo 1980-2005, y en cambio el desempleo de la UE-15 ha ido aumentando, no disminuyendo, tal como debiera de haber ocurrido si aquella explicación fuera cierta. Es más, los mercados laborales estaban más regulados y la protección social era mayor en estos países de la UE-15 en el periodo 1950-1980 que en el periodo 1980-2005, y sin embargo, el desempleo era menor en el primer periodo que en el segundo. La explicación liberal no se aguanta en base a los datos existentes, mírese como se mire. Esto no es obstáculo, sin embargo, para que la versión liberal continúe reproduciéndose constantemente siendo un ejemplo de ello, el último Informe del Banco Central Europeo sobre el desempleo en la Unión Europea. Este documento es profundamente ideológico, impermeable a los datos que muestran el error de sus análisis y lo poco aconsejable de sus propuestas.
¿Cuál es, pues, la causa de que el desempleo sea mayor en la UE-15 que en EE.UU.? La respuesta es fácil de ver; es el abandono por parte de las instituciones de la UE-15 de las políticas macroeconómicas keynesianas y la adopción, en su lugar, de las políticas liberales. La mejor prueba de lo que digo es que en todos los países del Este de Europa que han tenido que hacer cambios para integrarse en la UE-15 han visto crecer su desempleo. Y dentro de la UE-15, los países que han tenido mayor desempleo han sido precisamente los que han seguido con mayor ortodoxia las políticas liberales promovidas por la Comisión Europea y por el Banco Central Europeo, es decir, los países de la Eurozona. Los datos hablan por sí mismos (ver Navarro, V. “La Evolución de la Situación Social en la Unión Europea de los Quince”, en Josep Borrell, Europa en la Encrucijada. 2008).
¿Cómo se promueven las políticas liberales y monetarias en la Unión Europea?
Tales políticas liberales se promueven a partir
1) del Pacto de Estabilidad que obstaculiza en gran manera la expansión del gasto público al poner un límite (un límite, por otra parte, totalmente arbitrario) del déficit público del Estado, no mayor de un 3% del PIB, y de una deuda pública no mayor del 60% del PIB. Este criterio junto con las prácticas generalizadas de reducir impuestos (recuerden aquella frase de un dirigente socialista español que “bajar impuestos es una política de izquierdas”) ha determinado un descenso muy marcado en la tasa de crecimiento del gasto público (incluyendo el gasto público social) en el periodo 1980-2005, así como una disminución de los beneficios sociales (tales como la cobertura e intensidad de los seguros de enfermedad, seguros de desempleo y seguros de discapacidad, entre otros) en la mayoría de países de la UE-15.
2) de considerar como objetivo primordial del Banco Central Europeo la reducción de la inflación incluso a costa de la destrucción de empleo, como consecuencia del descenso del crecimiento económico causado por la política de mantener altos intereses bancarios. Históricamente los intereses del Banco Central Europeo han sido más elevados que los del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board), cuyo objetivo ha incluido la creación de empleo.
3) de dificultar las ayudas estatales a las empresas, favoreciendo además la desregulación del comercio y la dilución de medidas proteccionistas.
Tales medidas han tenido un impacto muy notable en la disminución de la tasa de crecimiento económico de la Unión Europea y el consiguiente aumento del desempleo.
¿Por qué el desempleo en EE.UU. es menor que en la UE-15? El keynesianismo del estado de EE.UU.
Tales políticas liberales desarrolladas por las instituciones de la UE-15 han contrastado con las políticas keynesianas seguidas por el gobierno federal de EE.UU., responsables de que, a partir del abandono de las políticas keynesianas por parte de la UE-15, EE.UU. ha tenido un desempleo menor que el de la UE-15. En contra de la percepción generalizada en Europa de que el Estado de EE.UU es el mayor estado liberal entre los países capitalistas desarrollados, tal estado es el estado más keynesiano de todos los estados de la OECD. EE.UU. no es un estado liberal sino profundamente keynesiano. Y ello ocurre desde el establecimiento del New Deal por parte del Presidente Franklin D. Roosevelt. Tales políticas keynesianas se han caracterizado por un gran aumento del gasto público (como manera de estimular la economía) financiado en parte con el crecimiento del déficit y de la deuda pública, medida complementada por un Banco Central (The Federal Reserve Board) que ha tenido como objetivo la creación de empleo y el estimulo del crecimiento económico mediante la provisión de bajos intereses bancarios (que históricamente han sido menores que los del Banco Central Europeo). A tales medidas se añaden una política activa de apoyo a las empresas estadounidenses incluyendo políticas claramente proteccionistas.
Estas políticas han sido llevadas a cabo no sólo por las Administraciones Demócratas, sino también por las Administraciones Republicanas. Así, el Presidente Dwight D. Eisenhower, a fin de reducir la recesión económica, lideró la aprobación de la Ley Federal de Transporte Público (Federal Aid Highway Act) que significó una inversión de 128.930 millones de dólares, y que construyó una red de carreteras federales de gran calidad, permitiendo un déficit del estado de un 6% del PIB. El Presidente Nixon, también republicano, se definió como un keynesiano. Y el mismo presidente Ronald Reagan, presentado por los economistas ultraliberales en España (como Xavier Sala i Martí) como el padre de la revolución liberal, aumentó el gasto público sustancialmente (a través, sobre todo, del gasto militar) financiándolo con un déficit público de un 6% y también con el mayor aumento de los impuestos federales ocurrido en tiempo de paz en aquel país. Disminuyó los impuestos del 10% de nivel de renta superior del país, pero los aumentó (no sólo una sino dos veces) para la mayoría de la población. Y el presidente Bush hijo, también republicano, ha aumentado el gasto público (también primordialmente en el capítulo militar), con un aumento del déficit público que ha alcanzado un 6% del PIB.
En realidad, hoy existe un gran consenso entre los economistas asesores tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata sobre la necesidad de aumentar el gasto público significativamente para estimular la economía a costa de un gran incremento del déficit público que es probable que, bajo la Administración Obama, alcance un 7% del PIB. Tanto desde la derecha republicana –representada por el economista Martin Feldstein- hasta la izquierda –representada por James Galbraight y Dean Baker- hay un consenso en incrementar el gasto público en obras públicas con el objetivo de crear empleo, alcanzando cantidades de más de 700.000 millones de dólares, aumentando el déficit público hasta un 7% del PIB si hace falta. En realidad, hay autores como Joseph Stiglitz que consideran estas cifras excesivamente moderadas. Tal autor considera que las cantidades propuestas por la Administración Obama no crearán los más de cuatro millones de puestos de trabajo al año que se necesitarán para reducir el desempleo que se calcula alcanzará el 8% el próximo año. Es más, tanto la Administración Republicana de Bush como la Demócrata de Obama, han favorecido el apoyo financiero a las compañías automovilísticas estadounidenses (pero no, por cierto, a las extranjeras que producen automóviles en EE.UU.) que están en crisis.
La diferencia que ha habido históricamente entre los dos partidos no ha sido, por lo tanto, en su compromiso con las políticas keynesianas responsables de mayor crecimiento económico en EE.UU. que en la UE-15, sino en la distribución de la renta resultado del crecimiento económico. Lo que ha caracterizado al keynesianismo de la mal llamada época liberal 1980-2005 ha sido que el crecimiento económico estimulado por las políticas keynesianas ha ido a beneficiar las rentas superiores a costa de las rentas medias e inferiores, incrementándose la polarización social en aquel país. Tal polarización disminuyó un tanto, durante la época del partido Demócrata del presidente Clinton, y ello como resultado de unas políticas keynesianas que se basaron menos en gastos militares y más en gastos sociales (además de incrementar los impuestos a las rentas altas). Pero su impacto fue menor como consecuencia de la reducción del déficit público (forzado por su Ministro de Economía y Hacienda, próximo a Wall Street, el Sr. Rubin), generando un surplus en las cuentas del Estado que el presidente Bush hijo utilizó para disminuir los impuestos de los grupos más pudientes del país, incrementando las desigualdades sociales hasta niveles no conocidos desde la Gran Depresión.
Mientras, en la UE, las políticas liberales continúan, como lo atestigua que en la última reunión de los Jefes de Estado de los 27 países de la UE-15 se haya subrayado “que el Pacto de Estabilidad continúa siendo la piedra angular del marco presupuestario en la UE”. Y la respuesta de la mayoría de los estados en estimular la economía a través del aumento del gasto público para la creación de empleo ha sido menor, habiéndose puesto como objetivo alcanzar sólo un incremento del gasto público de un 1,1% de su PIB. Incluso el gobierno socialista español, que ha sido el que mayor respuesta ha tenido, mediante el gasto de 30.000 millones de euros en creación de empleo, no alcanza los niveles propuestos tanto por el Partido Demócrata como por el Partido Republicano en EE.UU., que de aplicarse a España sería de cerca de 80.000 millones de euros. Ello significa que el desempleo alcanzará cifras mucho mayores en la UE que en EE.UU., lo cual se atribuirá, una vez mas, a la excesiva “rigidez de los mercados laborales y demasiada protección social”. El dogma liberal continúa reproduciéndose en la UE.
Vicenç Navarro
Mentiras (Sobre la "eficacia" económica de los salarios bajos)
Durante estos años de políticas neoliberales se ha dicho que había que moderar los salarios para que así las empresas tuvieran beneficios y pudieran crear empleo. La secuencia parece lógica pero no es cierta. Estos días acabamos de ver nuevos ejemplos de su falsedad:
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla).
11-02-2009 - Día 28 de enero: El Banco Santander anuncia un beneficio neto atribuido de 8.876 millones de euros en 2008.
Día 9 de febrero: El Banco de Santander remodela su banca de consumo y prescindirá del 30% de su plantilla.
Las empresas desean que los salarios sean bajos pero para tener más beneficios por la vía más cómoda de ahorrarse costes de personal no para crear más empleo.
Lo han conseguido en los últimos años y ahí están las desigualdades que se han ido agrandando. Pero ese incremento en los beneficios no necesariamente deriva en más empleo. En los últimos decenios hemos podido comprobar que una gran parte de los beneficios se han destinado a la especulación financiera o inmobiliaria, de modo que no han llevado consigo la inversión productiva que podían haber generado. Otras veces, puede ser que se apliquen a nueva inversión, pero tampoco está asegurado que esa inversión cree puestos de trabajo, ya que puede estar dedicada a incrementar el capital fijo, la tecnología, ...
La presunción de que salarios más bajos dan lugar a más beneficios, los mayores beneficios a más inversión y ésta a más empleo es eso: una presunción.
La realidad es que los salarios más bajos producen otros efectos: por un lado, las empresas tienen más beneficios y más poder, lo que les permite imponer condiciones más favorables en sus relaciones con los trabajadores. Por otro, tienen un efecto paradójico y perverso. Si una empresa logra salarios más bajos, reduce sus costes y puede obtener más beneficios. Pero si eso lo hacen todas las empresas (como ha ocurrido en los últimos años) lo que sucede es que disminuye la demanda potencial total que hay en los mercados puesto que ésta depende en gran medida de la capacidad de compra de los trabajadores. El propio Henry Ford lo decía: "todos los capitalistas del mundo somos insuficientes para comprar todas las mercancías que producimos".
Esto es lo que ha hecho que bajo el neoliberalismo de los últimos años el crecimiento potencial de las economías haya sido tan bajo y que se haya creado mucho menos empleo y más precario.
Los economistas que defienden la tesis de que hay que moderar los salarios para crear empleo parten de un presupuesto erróneo: consideran a los salarios solo como un coste cuando en realidad son también una componente de la demanda y un factor decisivo de la productividad (por eso cuando más bajos son las economías suelen ser también menos productivas, menos competitivas y más empobrecidas e empobrecedoras).
Pero no se trata de un simple error teórico: da la casualidad de que ese "olvido" es lo que permite divulgar como científica una tesis que solo beneficia al capital.
La paradoja es que los capitalistas podrían ganar más dinero si pagaran salarios más elevados a sus trabajadores porque de esa forma tendría a su disposición mercados más amplios (basta con comprobar la parte tan grande la humanidad que está fuera del mercado de bienes y servicios) pero si lo hicieran perderían poder. Y sin poder en manos de los empresarios lo que estaría en peligro no sería el beneficio sino el propio capitalismo y los privilegios de los capitalistas y de quienes de viven de ellos y a su servicio.
Es por esa misma razón que tampoco les conviene que haya pleno empleo aunque con éste pudieran ganar más: porque con empleo asegurado los trabajadores tienen más poder y pueden poner en cuestión la jerarquía y la injusticia de base sobre la que se sostiene el capitalismo.
Y también por eso ha estado de moda decir en los últimos años que para crear empleo lo que hay que hacer es flexibilizar las relaciones laborales. Lo que tampoco es verdad: quieren flexibilizarlas también para tener más poder, pero no porque sea necesario para obtener más beneficio o para ser más competitivos.
Lo acaba de decir muy claro uno de los mejores conocedores de los mercados laborales, el Premio Nobel de Economía Robert Solow: "España necesita tecnología, no flexibilidad laboral".
Los empresarios saben muy bien todo esto. Saben que lo que de verdad necesitan es poder y es por eso que se han cuidado, sobre todo, de quitárselo a los trabajadores, por ejemplo, consiguiendo domesticar a muchos sindicatos.
Y es también por todo ello que el neoliberalismo esté coincidiendo con una pérdida paulatina de pulsión democrática en todas nuestras sociedades.
Lo que indica que lo que habría que hacer es crear las condiciones para que los trabajadores tengan más poder y evitar que se concentre cada vez más en manos del capital.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla).
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla).
11-02-2009 - Día 28 de enero: El Banco Santander anuncia un beneficio neto atribuido de 8.876 millones de euros en 2008.
Día 9 de febrero: El Banco de Santander remodela su banca de consumo y prescindirá del 30% de su plantilla.
Las empresas desean que los salarios sean bajos pero para tener más beneficios por la vía más cómoda de ahorrarse costes de personal no para crear más empleo.
Lo han conseguido en los últimos años y ahí están las desigualdades que se han ido agrandando. Pero ese incremento en los beneficios no necesariamente deriva en más empleo. En los últimos decenios hemos podido comprobar que una gran parte de los beneficios se han destinado a la especulación financiera o inmobiliaria, de modo que no han llevado consigo la inversión productiva que podían haber generado. Otras veces, puede ser que se apliquen a nueva inversión, pero tampoco está asegurado que esa inversión cree puestos de trabajo, ya que puede estar dedicada a incrementar el capital fijo, la tecnología, ...
La presunción de que salarios más bajos dan lugar a más beneficios, los mayores beneficios a más inversión y ésta a más empleo es eso: una presunción.
La realidad es que los salarios más bajos producen otros efectos: por un lado, las empresas tienen más beneficios y más poder, lo que les permite imponer condiciones más favorables en sus relaciones con los trabajadores. Por otro, tienen un efecto paradójico y perverso. Si una empresa logra salarios más bajos, reduce sus costes y puede obtener más beneficios. Pero si eso lo hacen todas las empresas (como ha ocurrido en los últimos años) lo que sucede es que disminuye la demanda potencial total que hay en los mercados puesto que ésta depende en gran medida de la capacidad de compra de los trabajadores. El propio Henry Ford lo decía: "todos los capitalistas del mundo somos insuficientes para comprar todas las mercancías que producimos".
Esto es lo que ha hecho que bajo el neoliberalismo de los últimos años el crecimiento potencial de las economías haya sido tan bajo y que se haya creado mucho menos empleo y más precario.
Los economistas que defienden la tesis de que hay que moderar los salarios para crear empleo parten de un presupuesto erróneo: consideran a los salarios solo como un coste cuando en realidad son también una componente de la demanda y un factor decisivo de la productividad (por eso cuando más bajos son las economías suelen ser también menos productivas, menos competitivas y más empobrecidas e empobrecedoras).
Pero no se trata de un simple error teórico: da la casualidad de que ese "olvido" es lo que permite divulgar como científica una tesis que solo beneficia al capital.
La paradoja es que los capitalistas podrían ganar más dinero si pagaran salarios más elevados a sus trabajadores porque de esa forma tendría a su disposición mercados más amplios (basta con comprobar la parte tan grande la humanidad que está fuera del mercado de bienes y servicios) pero si lo hicieran perderían poder. Y sin poder en manos de los empresarios lo que estaría en peligro no sería el beneficio sino el propio capitalismo y los privilegios de los capitalistas y de quienes de viven de ellos y a su servicio.
Es por esa misma razón que tampoco les conviene que haya pleno empleo aunque con éste pudieran ganar más: porque con empleo asegurado los trabajadores tienen más poder y pueden poner en cuestión la jerarquía y la injusticia de base sobre la que se sostiene el capitalismo.
Y también por eso ha estado de moda decir en los últimos años que para crear empleo lo que hay que hacer es flexibilizar las relaciones laborales. Lo que tampoco es verdad: quieren flexibilizarlas también para tener más poder, pero no porque sea necesario para obtener más beneficio o para ser más competitivos.
Lo acaba de decir muy claro uno de los mejores conocedores de los mercados laborales, el Premio Nobel de Economía Robert Solow: "España necesita tecnología, no flexibilidad laboral".
Los empresarios saben muy bien todo esto. Saben que lo que de verdad necesitan es poder y es por eso que se han cuidado, sobre todo, de quitárselo a los trabajadores, por ejemplo, consiguiendo domesticar a muchos sindicatos.
Y es también por todo ello que el neoliberalismo esté coincidiendo con una pérdida paulatina de pulsión democrática en todas nuestras sociedades.
Lo que indica que lo que habría que hacer es crear las condiciones para que los trabajadores tengan más poder y evitar que se concentre cada vez más en manos del capital.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla).
2.2.09
El mito del libre mercado: siempre hay regulación, de lo que se trata es de saber a quién beneficia
El reconocido economista norteamericano Dean Baker destruye analíticamente los mitos en boga sobre la relación entre mercados y regulación.
03-02-2009 -
Dean Baker, codirector delCenter for Economic and Policy Research.
El extraordinario colapso financiero de los últimos meses se ha venido describiendo como el testamento del fracaso de la desregulación. Y lo ocurrido es de hecho el testamento de un fracaso – el fracaso de las políticas públicas. Culpar a la desregulación es un error.
En general, los debates políticos sobre la desregulación se han enfocado erróneamente hacia disputas sobre la extensión de la regulación, donde los conservadores se asume que prefieren menos regulación mientras los liberales prefieren más. Pero en realidad los conservadores no necesariamente quieren menos regulación, ni los liberales de izquierda quieren necesariamente más. Los conservadores apoyan regulaciones que hagan que la renta se quede en las clases altas, mientras que los liberales de izquierda apoyan la regulación que promueva la igualdad. "Menos" regulación no implica mayores desigualdades, ni es tampoco cierto lo contrario.
Encuadrar los debates en términos de más o menos regulación no es sólo impreciso; ello además sesga enormemente la discusión a favor de las posiciones conservadoras, cuando se caracteriza a una estructura muy intrusiva de, por ejemplo, reglas y patentes sobre derechos de reproducción, como si fuese el libre mercado. Durante las últimas dos décadas en el reino de las finanzas y los seguros, las llamadas a la desregulación han sido tapaderas para normas descaradamente pensadas para favorecer los intereses corporativos. Y los últimos cambios en las leyes sobre bancarrota, aclamados por los conservadores, requieren mucho más presencia del gobierno en la economía.
Las proclamas ideológicas falsas han copado el debate público sobre la regulación y nos han cegado ante la gran variedad de opciones sobre las que en realidad podemos elegir. Sin esas proclamas, ¿qué sería lo que guiase la política regulatoria? ¿Qué tipo de alternativas tendríamos?
…
Las patentes y la protección de los derechos de reproducción son buenos ejemplos de políticas gubernamentales oscurecidas en este debate. Son mecanismos de regulación, no el "libre mercado".
No importa que llamemos "propiedad" a las patentes o al copyright, ni siquiera que tengamos una cláusula en la Constitución que autorice al Congreso a garantizar patentes y copyrights. Imaginemos que se diese a los trabajadores de la industria automovilística un derecho de propiedad sobre su puesto de trabajo, un derecho que incluso pudiesen vender. ¿Diría nadie que ese derecho sobre un puesto de trabajo es parte del libre mercado?
Las patentes y los copyright son protecciones garantizadas por el gobierno y diseñadas para un propósito público específico, como señala la Constitución: "para promover el Progreso de la Ciencia y de las Artes útiles". Pero garantizar derechos de propiedad intelectual es sólo uno de los muchos mecanismos para llevar a buen término ese importante bien público. Si las patentes o los copyright son o no la forma más efectiva de promover las artes y las ciencias es una cuestión empírica. Y la respuesta puede variar según las distintas circunstancias sociales y económicas.
Sin embargo, no podremos tener una discusión seria sobre los relativos méritos o desventajas de las patentes y los copyrighthasta que no reconozcamos que se trata de políticas públicas y no de rasgos intrínsicos del mercado. Los debates tanto sobre las patentes como sobre los copyright se han visto enormemente distorsionados por el hecho de no ser capaces de reconocer esa obviedad.
En el caso de la protección a las patentes, las disputas suelen aparecer en relación a la prescripción de medicamentos. Si los medicamentos se vendieran en un libre mercado (es decir, sin la protección de las patentes), la inmensa mayoría de ellos se venderían por solo unos dólares. Wal-Mart y otras cadenas de grandes almacenes que venden medicamentos están ofreciendo genéricos por menos de 10 dólares por receta – sabemos que estos medicamentos pueden producirse de forma segura y venderse provechosamente a precios bajos.
Los medicamentos que están disponibles como genéricos no se diferencian químicamente de sus contrapartidas de marca, que suelen venderse por cientos de dólares cada receta. La única diferencia es que éstos últimos disfrutan de un monopolio garantizado por el gobierno. Las patentes son pues una política gubernamental que de hecho sube los precios de los medicamentos en más de un mil por cien respecto al precio de un mercado libre.
Reconocer esto debería ser el punto de partida de cualquier debate sobre qué políticas llevar a cabo. La siguiente pregunta es si esta política destinada a apoyar la innovación es el mejor mecanismo para financiar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Lo que está claro es que no es el único.
El gobierno podría, por ejemplo, sostener la investigación farmacéutica mediante un sistema de precios mediante el cual compra patentes sobre medicamentos y luego los pone a disposición del público de manera que los medicamentos recién desarrollados podrían ser producidos y vendidos como genéricos.
Cuando dejamos de lado la ideología, vemos como se trata de un debate entre dos estrategias para mantener los precios de los medicamentos bajos.
Alternativamente, el gobierno podría pagar por la investigación inicial y hacer de todos los descubrimientos y patentes algo totalmente público. De hecho ya gasta 30 mil millones de dólares al año financiando investigación biomédica a través del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés – N. del T.), una cantidad al menos tan grande como la que la industria farmacéutica sostiene que invierte en su propia investigación. Las innovaciones del NIH son muy respetadas, y casi todos los observadores coinciden en que, en términos generales, el dinero está muy bien gastado. Mientras que el NIH se centra en la investigación básica (lleva a cabo también algo de investigación farmacéutica en las últimas etapas, incluyendo test clínicos), no hay a priori ninguna razón por la cuál el gobierno no pueda simplemente doblar su compromiso con la investigación biomédica para así reemplazar la que actualmente se sostiene mediante patentes monopolísticas.
Pero puede que el gobierno quiera usar un sistema distinto para fomentar el desarrollo de nuevos medicamentos. Puede que elija establecer un pequeño grupo de contratistas principales, que posteriormente externalizarían el uso de los fondos para investigación y así minimizar la interferencia política en su utilización. Independientemente de la estructura que vaya a tomar el programa en cuestión, la expansión de la financiación pública directa es claramente posible.
Habría así también un gran beneficio social además del de reducir el precio de los medicamentos al de su coste marginal. Eliminar las enormes rentas monopolísticas derivadas de las patentes sobre medicamentos acabaría con los incentivos de las compañías farmacéuticas para meter en el mercado como sea productos que no son especialmente beneficiosos, e incluso perjudiciales. Ni habría incentivos para ocultar descubrimientos científicos que sugieran que un medicamento no funciona demasiado bien. Aún más, al hacer de dominio público todos los descubrimientos, de modo que los científicos puedan rápidamente aprovechar la investigación de otros, el proceso de innovación farmacéutica posiblemente se acelere.
Si un sistema de adquisición pública de patentes o de financiación pública directa sería preferible al actual sistema de patentes es lógicamente algo debatible; pero lo importante es que las patentes son solamente un mecanismo entre los muchos que pueden potenciar la investigación farmacéutica. Y uno que requiere garantizar enormes rentas monopolísticas a las grandes empresas del sector.
Es importante dejar claro que las patentes son de hecho una forma de regulación, pues ha habido muchas ocasiones en las que la regulación de los medicamentos se ha convertido en un tema importante, y se ha acusado a los que desearían una caída de los precios como enemigos del libre mercado. Por ejemplo, las actuales presiones para que Medicare (institución parecida a la Seguridad Social española – N. del T.) negocie menores precios para los medicamentos que compra como parte de sus prestaciones médicas, es considerada ampliamente como una interferencia en el libre mercado. Incluso el New York Times y otros medios de comunicación muy respetados suelen presentar la cuestión de Medicare – precios negociados como un debate entre defensores del libre mercado contra partidarios de la intervención estatal. Pero cuando dejamos de lado la ideología, vemos como se trata de un debate entre dos estrategias reguladoras para mantener bajos los precios de los medicamentos.
…
Ocurre algo parecido con los copyright, aunque en este caso el derroche económico es incluso mayor y las medidas reguladoras incluso más perversas. En la era de Internet, casi cualquier material impreso o grabado – música, películas, libros, video juegos – puede ser transferido instantáneamente a cualquier lugar del mundo y con un coste casi nulo. Sin embargo, en vez de dejar a la gente que se beneficie totalmente de esta tecnología, el gobierno ha lanzado un rocambolesco despliegue de nuevas leyes y restricciones diseñadas para hacer más difícil, y legalmente más arriesgado, el pasarse material que esté sujeto a copyright.
Así como con las patentes farmacéuticas, los copyrightcumplen una función pública importante. Proveen un incentivo para la producción de trabajos artísticos y creativos. Pero para proteger los copyright, el gobierno ha puesto en marcha un agresivo régimen de sanciones para incluso las transgresiones más pequeñas. Por ejemplo, una mujer de Minnesota tuvo que afrontar una multa de más de 200 mil dólares por permitir que la gente se descargase música de su ordenador. Se ha dicho a las universidades que pongan vigilancia en las residencias para asegurarse de que los estudiantes no estén bajándose material protegido por copyright, y se las ha animado para que den clases dónde se enseñe que está mal hacer copias no autorizadas de material con derechos de reproducción.
El gobierno ha prohibido repetidamente la producción de varios tipos de hardware hasta que ha sido posible instalar protecciones para evitar la copia de material protegido con copyright. Ha impedido el desarrollo de software que pueda romper las protecciones de copyright. En una ocasión un científico ruso que trabajaba en el campo de la informática fue arrestado por el FBI después de dar una conferencia en la que describía una forma de sortear un tipo de protección de copyright.
La lista de medidas gubernamentales extraordinarias que se han llevado a cabo para proteger la protección del copyrightes interminable. Y sorprendentemente, dichas medidas nunca se describen como una forma de intervención reguladora. Se tratan como medidas necesarias para proteger la legalidad del copyright. Sin embargo, así como las patentes no son la única forma de fomentar la innovación, un monopolio garantizado por el estado mediante una extensa legislación y muy duras penas no es la única forma de fomentar la creatividad.
Una gran cantidad de trabajo artístico y creativo ya se lleva a cabo gracias a mecanismos que no dependen de la protección que brindan el copyright. Las fundaciones privadas son una alternativa de financiación muy importante, así como los fondos más reducidos de programas estatales como el National Endowments for the Arts and Humanities. Las universidades y sus facultades posiblemente sean ya la mayor fuente de financiación que no depende de los copyright. A los profesores se les exige llevar a cabo investigación y publicarla además de su actividad lectiva normal.
Es fácil imaginar sistemas para aumentar el apoyo al trabajo creativo y artístico que no estén dentro del régimen de copyright. Por ejemplo, sería posible diseñar un pequeño crédito impositivo para quienes o bien apoyen directamente actividades creativas o bien contribuyan a organizaciones que lo hagan. El crédito podría aplicarse después de las deducciones por donaciones sin ánimo de lucro o caritativas. Incluso un crédito impositivo muy modesto por ejemplo de 100 dólares por persona – de modo que los contribuyentes pudiesen asignarlo a un artista, escritor, músico, o productor cinematográfico que eligieran – posiblemente fuese suficiente para financiar todo el trabajo actualmente sostenido mediante copyright.
Pero siendo honestos, rara vez ninguna de la partes argumenta en contra de la regulación como tal. La verdadera cuestión es qué estructura toma la regulación y su impacto en los resultados económicos, especialmente la distribución de la renta.
Las alternativas al copyright son viables y probablemente mucho más eficientes que el propio sistema de copyright. Y remplazarían un gigantesco despliegue de medidas coercitivas que pueden ser perfectamente vistas como una intervención innecesaria del gobierno en la economía.
…
Un último ejemplo de excesiva regulación estatal, y nunca tratado como tal, es el proyecto de ley sobre insolvencia que aprobó el Congreso en 2005. Dicho proyecto de ley endureció sustancialmente las condiciones que se imponen a la gente para acceder a la protección que conlleva declararse insolvente, haciendo de ella una opción mucho menos atractiva.
El debate público sobre el proyecto de ley se plasmó en una caricatura de liberales vs. conservadores que distorsionó totalmente lo que realmente se estaba dirimiendo. La posición liberal se decantaba por una cierta compasión hacia la gente que se declara insolvente; se basaba en estudios que mostraban como una gran mayoría de las personas que se arruinan no es porqué hayan despilfarrado y acumulado deliberadamente enromes deudas en su tarjeta de crédito, sino más bien porque les han pillado malos tiempos debido a la pérdida de su empleo, a haber caído enfermos o a que se ha roto su familia. Quienes se oponían pues a endurecer las condiciones sostenían que esta gente necesita y merece el respiro que la declaración de insolvencia permite.
La posición conservadora se centró en cambio en la responsabilidad individual. Nadie le fuerza a uno a endeudarse; la gente voluntariamente elige hacerlo. Todo el mundo sabe que los imprevistos ocurren. Aquellos que ahora pidan la protección de la insolvencia deberían haber tomado precauciones.
Esta versión del debate sobre la reforma de las regulación de la insolvencia les resultó sin duda coherente a aquellos que se inclinan por aceptar que a la gente le va bien o mal debido en gran medida a sus propias acciones, pero lo más importante es que oscureció la verdadera cuestión a la que se dirigía el proyecto de ley: ¿en qué medida debe el gobierno hacerse cargo de las facturas impagadas de la gente? En esta historia quién está buscando la ayuda del gobierno son los acreedores, no los deudores.
Bajo la anterior ley sobre insolvencia, los acreedores podían reclamar casi todos los activos de sus deudores y en algunos casos incluso tenían derechos sobre los futuros ingresos. La nueva ley amplió muchísimo esos derechos sobre los ingresos futuros de los deudores. Ello significa que el gobierno estará en el futuro mucho más metido en la tarea de gestionar deudas de lo que lo ha estado hasta ahora, posiblemente controlando los salarios de millones de personas insolventes que aún deban algo a sus acreedores (para aquellos que se preocupan por los incentivos negativos que producen los impuestos, vale la pena poner de manifiesto que deducir una cuantía de la nómina para pagar a los acreedores produce el mismo tipo de desincentivo al trabajo).
Además el razonamiento sobre la responsabilidad individual podría aplicarse por igual a los acreedores como se hace con los deudores. Una parte importante de llevar bien un negocio implica saber cuándo conceder crédito. Nadie obligó a nadie a conceder créditos a aquellos que luego se declararon insolventes. Sencillamente juzgaron mal al dar crédito a personas a las que era arriesgado hacerlo. ¿Por qué debería el gobierno ayudar a quienes no supieron cuantificar bien los riesgos de dar créditos? La batalla ideológica sobre el proyecto de ley resultó ser una distracción. Era en realidad un esfuerzo por involucrar más al gobierno en ayudar a los bancos. Así de simple.
Los otros casos en los que su puede esperar que la posición conservadora implique una mayor presencia del gobierno en la economía que la posición liberal abundan. Durante años, Ben and Jerry's Homemadeha estado afrontando intentos de los gobiernos estatales para prohibirles que etiqueten los productos lácteos como libres de hormona del crecimiento bovina recombinada (rBGH). Algunos grupos de presión asociados con la industria lechera sostiene que el etiquetar como "libre de rBGH" implica que las hormonas bovinas del crecimiento son dañinas, lo que no ha sido dictaminado por la Food and Drug Administration (organismo federal que regula el control sobre alimentos y medicamentos – N. del T.). Obviamente, Ben and Jerry's Homemadeno está tratando de impedir que sus competidores sostengan que sus helados son innocuos. Está tratando de decir la verdad sobre sus propios helados.
En el mismo sentido, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) recientemente prohibió a una industria de envasado de carne que analizase sus propios productos por si tenían la enfermedad de las vacas locas. La empaquetadora había intentado hacer analizar privadamente toda su materia prima, mientras que el USDA comprueba sólo el 1% de todas las reses. Pero el USDA, diciendo que si en un caso se analizaba todo el stock ello iba a llevar al público a cuestionar la seguridad del resto de la carne, tomó medidas para impedirlo.
Pero siendo honestos una vez más, ninguna de la partes vuelve a argumentar en contra de la regulación como tal. La verdadera cuestión es de nuevo qué estructura toma la regulación y su impacto en los resultados económicos y la distribución de la renta.
Volvamos a la cuestión de la crisis financiera con eso en mente. Durante las décadas que han precedido el colapso financiero, la regulación destinada a proteger el público y garantizar la estabilidad del sistema financiero se debilitó ostensiblemente, pero el sistema estaba (y está) bastante lejos de ser desregulado.
La regulación clave que sigue en pie es la doctrina del "demasiado grande para hundirse". En esencia, lo bancos y otras instituciones financieras tomaron enormes riesgos con una garantía implícita de que sus acreedores podrían contar con la protección de gobierno si las cosas iban mal. Para todos excepto para los acreedores de Lehmann Brothers y los principales accionistas de Fannie Mae y Freddie Mac, dicha creencia resultó ser correcta.
Esta concesión partidaria no es desregulación. Si los que han estado fijando la política financiera las últimas décadas hubiesen estado realmente interesados en la desregulación, habrían garantizado a los mercados financieros que las instituciones financieras que hiciesen malas inversiones se quedarían de patitas en la calle y que a sus acreedores se les habría acabado la suerte. La Reserva Federal y el Tesoro habrían advertido que los inversores estaban actuando bajo su propia cuenta y riesgo cuando depositaban su dinero en Bear Stearns, AIG y compañía.
En cambio en un contexto de "demasiado grande para hundirse", la eliminación de restricciones al apalancamiento (a los bancos de inversión se les permitió un ratio de endeudamiento de 40 a 1 sobre su capital, comparado con el 10 a 1 que se les permite a los bancos comerciales), y la relajación de otras medidas preventivas (el valor nominal de los credit default swap o CDS, un nuevo tipo de derivados, creció más de 70 billones, con "b", de dólares en un mercado casi totalmente desregulado), dieron básicamente a los bancos carta blanca para apostar con el dinero de los contribuyentes.
Los bancos hicieron exactamente lo que predice la teoría económica. Asumieron grandes riesgos, hipotecándose ellos mismos hasta el cuello comprando activos muy cuestionables, sabiendo que iban a seguir ganando durante tanto tiempo como siguiese creciendo la burbuja inmobiliaria. Y lo hicieron con la complicidad servicial de los fondos de pensiones, los hedge funds y el resto de inversores, porque sabían que el gobierno les iba a rescatar si las cosas iban mal.
La desregulación puede ser una posición de principio sostenida por aquéllos que realmente creen en el libre mercado. Pero en Wall Streetlo que se quería era una regulación parcial y partidaria, que les proveyese de una enorme manta de protección estatal sin costes ni condición alguna. Nadie de Citigroup, Goldman Sachs o J.P. Morganfue nunca al Congreso a pedir explícitamente que se acabase con la doctrina del "demasiado grande para hundirse". Y mientras mucha gente en Wall Street perdía su trabajo cuando estalló la burbuja, las decenas o centenares de millones de dólares que ganaron los altos ejecutivos de los bancos durante los buenos tiempos son suyos y están a buen recaudo. Incluso habiéndose colapsado el mercado, la gran mayoría de ellos estén posiblemente mejor de lo que habrían estado si hubiesen trabajado honestamente durante la última década.
…
Si el auténtico debate es sobre el tipo más que la extensión de la regulación, ¿entonces por qué siempre se plantea en términos de lo segundo? Para los conservadores, la respuesta es obvia. Muchos americanos comulgan con la idea del libre mercado y tienen una fuerte aversión hacia el gobierno. La fe en el gobierno va y viene, incluso en las épocas más liberales. Casi siempre va a ser ventajoso pues asociar una posición política con el libre mercado.
No es tan claro por el contrario porqué los liberales iban a aceptar tan amablemente una caricatura de sus posiciones tan perjudicial. La respuesta requiere horadar un poco más a fondo en qué implicaciones tienen su postura respecto a la naturaleza y resultados de la dinámica económica. Como los conservadores, los liberales generalmente aceptan que la gente triunfa gracias a sus habilidades y trabajo duro, con una pequeña dosis de suerte de por medio. La principal diferencia entre las visones liberal y conservadora de la economía es que los liberales están dispuestos a creer que mucha gente tiene que afrontar serias dificultades para salir adelante, y no tiene de hecho las mismas oportunidades que quienes provienen de un entorno con mayor riqueza. Los liberales suelen también sentirse culpables por esa diferencia en las oportunidades de la gente, y por ello apoyan medidas políticas que ayuden a reducir esa brecha y mejoren las condiciones de aquellos que están peor. Sin embargo, muchos liberales siguen aceptando la proposición básica de que la distribución de la renta se decide fundamentalmente en el mercado, y no mediante decisiones políticas como las patentes, los copyrights o las leyes sobre insolvencia.
¿Pero que ocurriría si aceptas la idea de que casi la totalidad de la economía se encuentra moldeada por multitud de decisiones políticas que podrían cambiarse fácilmente? Los banqueros de inversión se hicieron inmensamente ricos porqué el gobierno les proporciona el refugio de la doctrina del "demasiado grande para hundirse" pero no les impone a cambio ninguna regulación preventiva seria. Bill Gates se hizo increíblemente rico porqué, a través de patentes y copyrights, el gobierno le está dando un monopolio sobre los sistemas operativos que usan (o usaban) el 90% de los ordenadores del mundo. A los médicos se les paga bien porqué, al contrario que otros trabajadores menos politizados, disfrutan de protección ante la competencia internacional. Y lo mismo ocurre con los abogados y otros profesionales altamente remunerados. Los altos salarios dependen menos de la pericia o el trabajo duro y mucho más de la habilidad para estructurar el mercado laboral de formas que los trabajadores de la industria textil o los conductores de taxi no pueden.
Hay una larguísima lista de requisitos legales para la profesionalización en diversos trabajos (y muchos de los cuales nada tiene que ver con mantener los estándares de calidad) que hace difícil para los profesionales de fuera venir a trabajar a EEUU. Mientras que acuerdos comerciales como el NAFTA (North American Free Trade Agreement) han sido diseñados explícitamente para eliminar las barreras institucionales que obstruyan la inversión en los países en vías de desarrollo y potenciar la libre circulación de mercancías que llegan de vuelta a EEUU, no ha habido ningún esfuerzo comparable para reducir o eliminar las barreras que impiden a los profesionales altamente cualificados de esos países venir a ejercer en EEUU. Algunos profesionales ambiciosos de los países en desarrollo se las arreglan para sortear esas barreras, pero sus homólogos de los EEUU siguen gozando de mucho mayor grado de protección ante la competencia internacional que los trabajadores menos cualificados.
…
El planteamiento de menos-o-más regulación sostiene la premisa de que hay ahí fuera y a priori un mercado desregulado, y de que algunos de nosotros queremos reinar en dicho mercado desregulado mientras otros preferirían dejarlo como está. Esta visión es consistente con la idea de que las grandes desigualdades de renta aparecen como resultado de las fuerzas del mercado. Pero como ilustran los anteriores ejemplos, nadie está en realidad hablando de un mercado desregulado – más bien estamos todos hablando de a quién va a beneficiar la regulación. La distribución de la renta no ha precedido nunca a la intervención del gobierno.
El estado está siempre presente, llevando los beneficios en distinta dirección dependiendo de quién está al mando. Aceptar esta caracterización de la realidad económica ofrece un punto de partida político mucho más adecuado para hablar de una regulación progresista. Después de todo, los conservadores quieren también la gran mano estatal metida en el mercado. Sencillamente se trata de que los beneficios fluyan luego hacia los de arriba.
Esta visión comprehensiva de la regulación pone en el punto de mira todo el tinglado, incluidos los altos salarios de muchos de los que sostienen posiciones liberales. ¿Quieren los liberales realmente que todo el mundo pida el mismo trato y se quiten por tanto las barreras comerciales para servicios médicos o legales como hacemos con las de los tejidos o los coches? Los liberales sacan también tajada de la ofuscación que implica el debate en términos de más-o-menos regulación.
Con todo, la catástrofe producida por la desregulación parcial y partidaria de la industria financiera, junto con una larga lista de regulaciones fracasadas en otros ámbitos de la economía, va a llevar sin duda a un importante replanteamiento de la política regulatoria en los próximos años. Queda por ver si este replanteamiento irá o no más lejos del debate habitual. Sabemos que cuando salgamos de la actual crisis la economía estará extensamente regulada. La pregunta es, ¿para beneficio de quién?
Dean Baker es codirector delCenter for Economic and Policy Research.
Traducción: Xavier Fontcuberta
Sinpermiso
03-02-2009 -
Dean Baker, codirector delCenter for Economic and Policy Research.
El extraordinario colapso financiero de los últimos meses se ha venido describiendo como el testamento del fracaso de la desregulación. Y lo ocurrido es de hecho el testamento de un fracaso – el fracaso de las políticas públicas. Culpar a la desregulación es un error.
En general, los debates políticos sobre la desregulación se han enfocado erróneamente hacia disputas sobre la extensión de la regulación, donde los conservadores se asume que prefieren menos regulación mientras los liberales prefieren más. Pero en realidad los conservadores no necesariamente quieren menos regulación, ni los liberales de izquierda quieren necesariamente más. Los conservadores apoyan regulaciones que hagan que la renta se quede en las clases altas, mientras que los liberales de izquierda apoyan la regulación que promueva la igualdad. "Menos" regulación no implica mayores desigualdades, ni es tampoco cierto lo contrario.
Encuadrar los debates en términos de más o menos regulación no es sólo impreciso; ello además sesga enormemente la discusión a favor de las posiciones conservadoras, cuando se caracteriza a una estructura muy intrusiva de, por ejemplo, reglas y patentes sobre derechos de reproducción, como si fuese el libre mercado. Durante las últimas dos décadas en el reino de las finanzas y los seguros, las llamadas a la desregulación han sido tapaderas para normas descaradamente pensadas para favorecer los intereses corporativos. Y los últimos cambios en las leyes sobre bancarrota, aclamados por los conservadores, requieren mucho más presencia del gobierno en la economía.
Las proclamas ideológicas falsas han copado el debate público sobre la regulación y nos han cegado ante la gran variedad de opciones sobre las que en realidad podemos elegir. Sin esas proclamas, ¿qué sería lo que guiase la política regulatoria? ¿Qué tipo de alternativas tendríamos?
…
Las patentes y la protección de los derechos de reproducción son buenos ejemplos de políticas gubernamentales oscurecidas en este debate. Son mecanismos de regulación, no el "libre mercado".
No importa que llamemos "propiedad" a las patentes o al copyright, ni siquiera que tengamos una cláusula en la Constitución que autorice al Congreso a garantizar patentes y copyrights. Imaginemos que se diese a los trabajadores de la industria automovilística un derecho de propiedad sobre su puesto de trabajo, un derecho que incluso pudiesen vender. ¿Diría nadie que ese derecho sobre un puesto de trabajo es parte del libre mercado?
Las patentes y los copyright son protecciones garantizadas por el gobierno y diseñadas para un propósito público específico, como señala la Constitución: "para promover el Progreso de la Ciencia y de las Artes útiles". Pero garantizar derechos de propiedad intelectual es sólo uno de los muchos mecanismos para llevar a buen término ese importante bien público. Si las patentes o los copyright son o no la forma más efectiva de promover las artes y las ciencias es una cuestión empírica. Y la respuesta puede variar según las distintas circunstancias sociales y económicas.
Sin embargo, no podremos tener una discusión seria sobre los relativos méritos o desventajas de las patentes y los copyrighthasta que no reconozcamos que se trata de políticas públicas y no de rasgos intrínsicos del mercado. Los debates tanto sobre las patentes como sobre los copyright se han visto enormemente distorsionados por el hecho de no ser capaces de reconocer esa obviedad.
En el caso de la protección a las patentes, las disputas suelen aparecer en relación a la prescripción de medicamentos. Si los medicamentos se vendieran en un libre mercado (es decir, sin la protección de las patentes), la inmensa mayoría de ellos se venderían por solo unos dólares. Wal-Mart y otras cadenas de grandes almacenes que venden medicamentos están ofreciendo genéricos por menos de 10 dólares por receta – sabemos que estos medicamentos pueden producirse de forma segura y venderse provechosamente a precios bajos.
Los medicamentos que están disponibles como genéricos no se diferencian químicamente de sus contrapartidas de marca, que suelen venderse por cientos de dólares cada receta. La única diferencia es que éstos últimos disfrutan de un monopolio garantizado por el gobierno. Las patentes son pues una política gubernamental que de hecho sube los precios de los medicamentos en más de un mil por cien respecto al precio de un mercado libre.
Reconocer esto debería ser el punto de partida de cualquier debate sobre qué políticas llevar a cabo. La siguiente pregunta es si esta política destinada a apoyar la innovación es el mejor mecanismo para financiar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Lo que está claro es que no es el único.
El gobierno podría, por ejemplo, sostener la investigación farmacéutica mediante un sistema de precios mediante el cual compra patentes sobre medicamentos y luego los pone a disposición del público de manera que los medicamentos recién desarrollados podrían ser producidos y vendidos como genéricos.
Cuando dejamos de lado la ideología, vemos como se trata de un debate entre dos estrategias para mantener los precios de los medicamentos bajos.
Alternativamente, el gobierno podría pagar por la investigación inicial y hacer de todos los descubrimientos y patentes algo totalmente público. De hecho ya gasta 30 mil millones de dólares al año financiando investigación biomédica a través del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés – N. del T.), una cantidad al menos tan grande como la que la industria farmacéutica sostiene que invierte en su propia investigación. Las innovaciones del NIH son muy respetadas, y casi todos los observadores coinciden en que, en términos generales, el dinero está muy bien gastado. Mientras que el NIH se centra en la investigación básica (lleva a cabo también algo de investigación farmacéutica en las últimas etapas, incluyendo test clínicos), no hay a priori ninguna razón por la cuál el gobierno no pueda simplemente doblar su compromiso con la investigación biomédica para así reemplazar la que actualmente se sostiene mediante patentes monopolísticas.
Pero puede que el gobierno quiera usar un sistema distinto para fomentar el desarrollo de nuevos medicamentos. Puede que elija establecer un pequeño grupo de contratistas principales, que posteriormente externalizarían el uso de los fondos para investigación y así minimizar la interferencia política en su utilización. Independientemente de la estructura que vaya a tomar el programa en cuestión, la expansión de la financiación pública directa es claramente posible.
Habría así también un gran beneficio social además del de reducir el precio de los medicamentos al de su coste marginal. Eliminar las enormes rentas monopolísticas derivadas de las patentes sobre medicamentos acabaría con los incentivos de las compañías farmacéuticas para meter en el mercado como sea productos que no son especialmente beneficiosos, e incluso perjudiciales. Ni habría incentivos para ocultar descubrimientos científicos que sugieran que un medicamento no funciona demasiado bien. Aún más, al hacer de dominio público todos los descubrimientos, de modo que los científicos puedan rápidamente aprovechar la investigación de otros, el proceso de innovación farmacéutica posiblemente se acelere.
Si un sistema de adquisición pública de patentes o de financiación pública directa sería preferible al actual sistema de patentes es lógicamente algo debatible; pero lo importante es que las patentes son solamente un mecanismo entre los muchos que pueden potenciar la investigación farmacéutica. Y uno que requiere garantizar enormes rentas monopolísticas a las grandes empresas del sector.
Es importante dejar claro que las patentes son de hecho una forma de regulación, pues ha habido muchas ocasiones en las que la regulación de los medicamentos se ha convertido en un tema importante, y se ha acusado a los que desearían una caída de los precios como enemigos del libre mercado. Por ejemplo, las actuales presiones para que Medicare (institución parecida a la Seguridad Social española – N. del T.) negocie menores precios para los medicamentos que compra como parte de sus prestaciones médicas, es considerada ampliamente como una interferencia en el libre mercado. Incluso el New York Times y otros medios de comunicación muy respetados suelen presentar la cuestión de Medicare – precios negociados como un debate entre defensores del libre mercado contra partidarios de la intervención estatal. Pero cuando dejamos de lado la ideología, vemos como se trata de un debate entre dos estrategias reguladoras para mantener bajos los precios de los medicamentos.
…
Ocurre algo parecido con los copyright, aunque en este caso el derroche económico es incluso mayor y las medidas reguladoras incluso más perversas. En la era de Internet, casi cualquier material impreso o grabado – música, películas, libros, video juegos – puede ser transferido instantáneamente a cualquier lugar del mundo y con un coste casi nulo. Sin embargo, en vez de dejar a la gente que se beneficie totalmente de esta tecnología, el gobierno ha lanzado un rocambolesco despliegue de nuevas leyes y restricciones diseñadas para hacer más difícil, y legalmente más arriesgado, el pasarse material que esté sujeto a copyright.
Así como con las patentes farmacéuticas, los copyrightcumplen una función pública importante. Proveen un incentivo para la producción de trabajos artísticos y creativos. Pero para proteger los copyright, el gobierno ha puesto en marcha un agresivo régimen de sanciones para incluso las transgresiones más pequeñas. Por ejemplo, una mujer de Minnesota tuvo que afrontar una multa de más de 200 mil dólares por permitir que la gente se descargase música de su ordenador. Se ha dicho a las universidades que pongan vigilancia en las residencias para asegurarse de que los estudiantes no estén bajándose material protegido por copyright, y se las ha animado para que den clases dónde se enseñe que está mal hacer copias no autorizadas de material con derechos de reproducción.
El gobierno ha prohibido repetidamente la producción de varios tipos de hardware hasta que ha sido posible instalar protecciones para evitar la copia de material protegido con copyright. Ha impedido el desarrollo de software que pueda romper las protecciones de copyright. En una ocasión un científico ruso que trabajaba en el campo de la informática fue arrestado por el FBI después de dar una conferencia en la que describía una forma de sortear un tipo de protección de copyright.
La lista de medidas gubernamentales extraordinarias que se han llevado a cabo para proteger la protección del copyrightes interminable. Y sorprendentemente, dichas medidas nunca se describen como una forma de intervención reguladora. Se tratan como medidas necesarias para proteger la legalidad del copyright. Sin embargo, así como las patentes no son la única forma de fomentar la innovación, un monopolio garantizado por el estado mediante una extensa legislación y muy duras penas no es la única forma de fomentar la creatividad.
Una gran cantidad de trabajo artístico y creativo ya se lleva a cabo gracias a mecanismos que no dependen de la protección que brindan el copyright. Las fundaciones privadas son una alternativa de financiación muy importante, así como los fondos más reducidos de programas estatales como el National Endowments for the Arts and Humanities. Las universidades y sus facultades posiblemente sean ya la mayor fuente de financiación que no depende de los copyright. A los profesores se les exige llevar a cabo investigación y publicarla además de su actividad lectiva normal.
Es fácil imaginar sistemas para aumentar el apoyo al trabajo creativo y artístico que no estén dentro del régimen de copyright. Por ejemplo, sería posible diseñar un pequeño crédito impositivo para quienes o bien apoyen directamente actividades creativas o bien contribuyan a organizaciones que lo hagan. El crédito podría aplicarse después de las deducciones por donaciones sin ánimo de lucro o caritativas. Incluso un crédito impositivo muy modesto por ejemplo de 100 dólares por persona – de modo que los contribuyentes pudiesen asignarlo a un artista, escritor, músico, o productor cinematográfico que eligieran – posiblemente fuese suficiente para financiar todo el trabajo actualmente sostenido mediante copyright.
Pero siendo honestos, rara vez ninguna de la partes argumenta en contra de la regulación como tal. La verdadera cuestión es qué estructura toma la regulación y su impacto en los resultados económicos, especialmente la distribución de la renta.
Las alternativas al copyright son viables y probablemente mucho más eficientes que el propio sistema de copyright. Y remplazarían un gigantesco despliegue de medidas coercitivas que pueden ser perfectamente vistas como una intervención innecesaria del gobierno en la economía.
…
Un último ejemplo de excesiva regulación estatal, y nunca tratado como tal, es el proyecto de ley sobre insolvencia que aprobó el Congreso en 2005. Dicho proyecto de ley endureció sustancialmente las condiciones que se imponen a la gente para acceder a la protección que conlleva declararse insolvente, haciendo de ella una opción mucho menos atractiva.
El debate público sobre el proyecto de ley se plasmó en una caricatura de liberales vs. conservadores que distorsionó totalmente lo que realmente se estaba dirimiendo. La posición liberal se decantaba por una cierta compasión hacia la gente que se declara insolvente; se basaba en estudios que mostraban como una gran mayoría de las personas que se arruinan no es porqué hayan despilfarrado y acumulado deliberadamente enromes deudas en su tarjeta de crédito, sino más bien porque les han pillado malos tiempos debido a la pérdida de su empleo, a haber caído enfermos o a que se ha roto su familia. Quienes se oponían pues a endurecer las condiciones sostenían que esta gente necesita y merece el respiro que la declaración de insolvencia permite.
La posición conservadora se centró en cambio en la responsabilidad individual. Nadie le fuerza a uno a endeudarse; la gente voluntariamente elige hacerlo. Todo el mundo sabe que los imprevistos ocurren. Aquellos que ahora pidan la protección de la insolvencia deberían haber tomado precauciones.
Esta versión del debate sobre la reforma de las regulación de la insolvencia les resultó sin duda coherente a aquellos que se inclinan por aceptar que a la gente le va bien o mal debido en gran medida a sus propias acciones, pero lo más importante es que oscureció la verdadera cuestión a la que se dirigía el proyecto de ley: ¿en qué medida debe el gobierno hacerse cargo de las facturas impagadas de la gente? En esta historia quién está buscando la ayuda del gobierno son los acreedores, no los deudores.
Bajo la anterior ley sobre insolvencia, los acreedores podían reclamar casi todos los activos de sus deudores y en algunos casos incluso tenían derechos sobre los futuros ingresos. La nueva ley amplió muchísimo esos derechos sobre los ingresos futuros de los deudores. Ello significa que el gobierno estará en el futuro mucho más metido en la tarea de gestionar deudas de lo que lo ha estado hasta ahora, posiblemente controlando los salarios de millones de personas insolventes que aún deban algo a sus acreedores (para aquellos que se preocupan por los incentivos negativos que producen los impuestos, vale la pena poner de manifiesto que deducir una cuantía de la nómina para pagar a los acreedores produce el mismo tipo de desincentivo al trabajo).
Además el razonamiento sobre la responsabilidad individual podría aplicarse por igual a los acreedores como se hace con los deudores. Una parte importante de llevar bien un negocio implica saber cuándo conceder crédito. Nadie obligó a nadie a conceder créditos a aquellos que luego se declararon insolventes. Sencillamente juzgaron mal al dar crédito a personas a las que era arriesgado hacerlo. ¿Por qué debería el gobierno ayudar a quienes no supieron cuantificar bien los riesgos de dar créditos? La batalla ideológica sobre el proyecto de ley resultó ser una distracción. Era en realidad un esfuerzo por involucrar más al gobierno en ayudar a los bancos. Así de simple.
Los otros casos en los que su puede esperar que la posición conservadora implique una mayor presencia del gobierno en la economía que la posición liberal abundan. Durante años, Ben and Jerry's Homemadeha estado afrontando intentos de los gobiernos estatales para prohibirles que etiqueten los productos lácteos como libres de hormona del crecimiento bovina recombinada (rBGH). Algunos grupos de presión asociados con la industria lechera sostiene que el etiquetar como "libre de rBGH" implica que las hormonas bovinas del crecimiento son dañinas, lo que no ha sido dictaminado por la Food and Drug Administration (organismo federal que regula el control sobre alimentos y medicamentos – N. del T.). Obviamente, Ben and Jerry's Homemadeno está tratando de impedir que sus competidores sostengan que sus helados son innocuos. Está tratando de decir la verdad sobre sus propios helados.
En el mismo sentido, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) recientemente prohibió a una industria de envasado de carne que analizase sus propios productos por si tenían la enfermedad de las vacas locas. La empaquetadora había intentado hacer analizar privadamente toda su materia prima, mientras que el USDA comprueba sólo el 1% de todas las reses. Pero el USDA, diciendo que si en un caso se analizaba todo el stock ello iba a llevar al público a cuestionar la seguridad del resto de la carne, tomó medidas para impedirlo.
Pero siendo honestos una vez más, ninguna de la partes vuelve a argumentar en contra de la regulación como tal. La verdadera cuestión es de nuevo qué estructura toma la regulación y su impacto en los resultados económicos y la distribución de la renta.
Volvamos a la cuestión de la crisis financiera con eso en mente. Durante las décadas que han precedido el colapso financiero, la regulación destinada a proteger el público y garantizar la estabilidad del sistema financiero se debilitó ostensiblemente, pero el sistema estaba (y está) bastante lejos de ser desregulado.
La regulación clave que sigue en pie es la doctrina del "demasiado grande para hundirse". En esencia, lo bancos y otras instituciones financieras tomaron enormes riesgos con una garantía implícita de que sus acreedores podrían contar con la protección de gobierno si las cosas iban mal. Para todos excepto para los acreedores de Lehmann Brothers y los principales accionistas de Fannie Mae y Freddie Mac, dicha creencia resultó ser correcta.
Esta concesión partidaria no es desregulación. Si los que han estado fijando la política financiera las últimas décadas hubiesen estado realmente interesados en la desregulación, habrían garantizado a los mercados financieros que las instituciones financieras que hiciesen malas inversiones se quedarían de patitas en la calle y que a sus acreedores se les habría acabado la suerte. La Reserva Federal y el Tesoro habrían advertido que los inversores estaban actuando bajo su propia cuenta y riesgo cuando depositaban su dinero en Bear Stearns, AIG y compañía.
En cambio en un contexto de "demasiado grande para hundirse", la eliminación de restricciones al apalancamiento (a los bancos de inversión se les permitió un ratio de endeudamiento de 40 a 1 sobre su capital, comparado con el 10 a 1 que se les permite a los bancos comerciales), y la relajación de otras medidas preventivas (el valor nominal de los credit default swap o CDS, un nuevo tipo de derivados, creció más de 70 billones, con "b", de dólares en un mercado casi totalmente desregulado), dieron básicamente a los bancos carta blanca para apostar con el dinero de los contribuyentes.
Los bancos hicieron exactamente lo que predice la teoría económica. Asumieron grandes riesgos, hipotecándose ellos mismos hasta el cuello comprando activos muy cuestionables, sabiendo que iban a seguir ganando durante tanto tiempo como siguiese creciendo la burbuja inmobiliaria. Y lo hicieron con la complicidad servicial de los fondos de pensiones, los hedge funds y el resto de inversores, porque sabían que el gobierno les iba a rescatar si las cosas iban mal.
La desregulación puede ser una posición de principio sostenida por aquéllos que realmente creen en el libre mercado. Pero en Wall Streetlo que se quería era una regulación parcial y partidaria, que les proveyese de una enorme manta de protección estatal sin costes ni condición alguna. Nadie de Citigroup, Goldman Sachs o J.P. Morganfue nunca al Congreso a pedir explícitamente que se acabase con la doctrina del "demasiado grande para hundirse". Y mientras mucha gente en Wall Street perdía su trabajo cuando estalló la burbuja, las decenas o centenares de millones de dólares que ganaron los altos ejecutivos de los bancos durante los buenos tiempos son suyos y están a buen recaudo. Incluso habiéndose colapsado el mercado, la gran mayoría de ellos estén posiblemente mejor de lo que habrían estado si hubiesen trabajado honestamente durante la última década.
…
Si el auténtico debate es sobre el tipo más que la extensión de la regulación, ¿entonces por qué siempre se plantea en términos de lo segundo? Para los conservadores, la respuesta es obvia. Muchos americanos comulgan con la idea del libre mercado y tienen una fuerte aversión hacia el gobierno. La fe en el gobierno va y viene, incluso en las épocas más liberales. Casi siempre va a ser ventajoso pues asociar una posición política con el libre mercado.
No es tan claro por el contrario porqué los liberales iban a aceptar tan amablemente una caricatura de sus posiciones tan perjudicial. La respuesta requiere horadar un poco más a fondo en qué implicaciones tienen su postura respecto a la naturaleza y resultados de la dinámica económica. Como los conservadores, los liberales generalmente aceptan que la gente triunfa gracias a sus habilidades y trabajo duro, con una pequeña dosis de suerte de por medio. La principal diferencia entre las visones liberal y conservadora de la economía es que los liberales están dispuestos a creer que mucha gente tiene que afrontar serias dificultades para salir adelante, y no tiene de hecho las mismas oportunidades que quienes provienen de un entorno con mayor riqueza. Los liberales suelen también sentirse culpables por esa diferencia en las oportunidades de la gente, y por ello apoyan medidas políticas que ayuden a reducir esa brecha y mejoren las condiciones de aquellos que están peor. Sin embargo, muchos liberales siguen aceptando la proposición básica de que la distribución de la renta se decide fundamentalmente en el mercado, y no mediante decisiones políticas como las patentes, los copyrights o las leyes sobre insolvencia.
¿Pero que ocurriría si aceptas la idea de que casi la totalidad de la economía se encuentra moldeada por multitud de decisiones políticas que podrían cambiarse fácilmente? Los banqueros de inversión se hicieron inmensamente ricos porqué el gobierno les proporciona el refugio de la doctrina del "demasiado grande para hundirse" pero no les impone a cambio ninguna regulación preventiva seria. Bill Gates se hizo increíblemente rico porqué, a través de patentes y copyrights, el gobierno le está dando un monopolio sobre los sistemas operativos que usan (o usaban) el 90% de los ordenadores del mundo. A los médicos se les paga bien porqué, al contrario que otros trabajadores menos politizados, disfrutan de protección ante la competencia internacional. Y lo mismo ocurre con los abogados y otros profesionales altamente remunerados. Los altos salarios dependen menos de la pericia o el trabajo duro y mucho más de la habilidad para estructurar el mercado laboral de formas que los trabajadores de la industria textil o los conductores de taxi no pueden.
Hay una larguísima lista de requisitos legales para la profesionalización en diversos trabajos (y muchos de los cuales nada tiene que ver con mantener los estándares de calidad) que hace difícil para los profesionales de fuera venir a trabajar a EEUU. Mientras que acuerdos comerciales como el NAFTA (North American Free Trade Agreement) han sido diseñados explícitamente para eliminar las barreras institucionales que obstruyan la inversión en los países en vías de desarrollo y potenciar la libre circulación de mercancías que llegan de vuelta a EEUU, no ha habido ningún esfuerzo comparable para reducir o eliminar las barreras que impiden a los profesionales altamente cualificados de esos países venir a ejercer en EEUU. Algunos profesionales ambiciosos de los países en desarrollo se las arreglan para sortear esas barreras, pero sus homólogos de los EEUU siguen gozando de mucho mayor grado de protección ante la competencia internacional que los trabajadores menos cualificados.
…
El planteamiento de menos-o-más regulación sostiene la premisa de que hay ahí fuera y a priori un mercado desregulado, y de que algunos de nosotros queremos reinar en dicho mercado desregulado mientras otros preferirían dejarlo como está. Esta visión es consistente con la idea de que las grandes desigualdades de renta aparecen como resultado de las fuerzas del mercado. Pero como ilustran los anteriores ejemplos, nadie está en realidad hablando de un mercado desregulado – más bien estamos todos hablando de a quién va a beneficiar la regulación. La distribución de la renta no ha precedido nunca a la intervención del gobierno.
El estado está siempre presente, llevando los beneficios en distinta dirección dependiendo de quién está al mando. Aceptar esta caracterización de la realidad económica ofrece un punto de partida político mucho más adecuado para hablar de una regulación progresista. Después de todo, los conservadores quieren también la gran mano estatal metida en el mercado. Sencillamente se trata de que los beneficios fluyan luego hacia los de arriba.
Esta visión comprehensiva de la regulación pone en el punto de mira todo el tinglado, incluidos los altos salarios de muchos de los que sostienen posiciones liberales. ¿Quieren los liberales realmente que todo el mundo pida el mismo trato y se quiten por tanto las barreras comerciales para servicios médicos o legales como hacemos con las de los tejidos o los coches? Los liberales sacan también tajada de la ofuscación que implica el debate en términos de más-o-menos regulación.
Con todo, la catástrofe producida por la desregulación parcial y partidaria de la industria financiera, junto con una larga lista de regulaciones fracasadas en otros ámbitos de la economía, va a llevar sin duda a un importante replanteamiento de la política regulatoria en los próximos años. Queda por ver si este replanteamiento irá o no más lejos del debate habitual. Sabemos que cuando salgamos de la actual crisis la economía estará extensamente regulada. La pregunta es, ¿para beneficio de quién?
Dean Baker es codirector delCenter for Economic and Policy Research.
Traducción: Xavier Fontcuberta
Sinpermiso
El nuevo papel del Estado ante la economía.
Los expertos económicos apuestan por la regulación
La comunidad financiera reunida en Davos perjura del fundamentalismo del libre mercado El pesimismo de la crisis hace que el Estado sea la única institución que inspira confianza
02-02-2009 -
Andy Robinson
La Vanguardia
El pesimismo es el sentimiento en el que coinciden los expertos económicos, los financieros, los políticos y los empresarios que se reúnen estos días en Davos para estudiar las posibles salidas a la crisis; el pesimismo y el convencimiento de que es necesario huir de un modelo de mercado tan explosivo como el de las últimas décadas y retornar a una economía más regulada. De hecho, vista la situación de la economía mundial, en sectores en los que se apostaba antes por el liberalismo ahora se receta una convergencia global en torno a un modelo económico más regulado, con mayor intervención estatal, menos desigualdad y hasta con una amplia red de protección social. Es decir, un modelo del Estado de bienestar a la europea. El obstáculo para que esa convergencia mundial hacia un modelo de regulación al estilo europeo se produzca es que se está planteando en un momento en que los megaplanes de rescate financiero van a suponer una deuda pública que hipotecará a las futuras generaciones.
Recurriendo a la terminología alemana, el leitmotiv de la cumbre de Davos, celebrada esta semana en esta pintoresca estación de esquí de la suiza germana, es el eslogan oficial: "Dando forma a la poscrisis". Pero el zeitgeist - el verdadero espíritu del momento - se resumiría mejor con la palabra ¡Socorro!
"Jamás los había visto tan echados para atrás", asegura Bill Keegan, septuagenario columnista del diario británico The Observer en referencia al pésimo estado de ánimo de los 2.600 políticos, empresarios y gurús de la globalización que pululaban con caras de póquer por el laberíntico centro de convenciones.
Davos, el que fue el epicentro de la globalización optimista, ha perdido su autoestima. La desconfianza que sigue paralizando partes del sector financiero contagiaba a tertulianos en rústicos hoteles alpinos de cinco estrellas. Cuando Stephen Roach, director asiático de Morgan Stanley - anteriormente tachado de agorero-vaticinó tres años de crecimiento mundial del 2,5%, el más bajo desde la Segunda Gguerra Mundial, se le tachó de optimista. "Steve no quiere asustar a los medios", afirma John Studzinski, ejecutivo multimillonario del fondo de inversiones Blackstone, famoso por su exquisita colección de Picasso y Man Ray. "Este año, los analistas más respetados en Davos son quienes, como Nouriel Roubini, no descartan una depresión al estilo de Japón en los años 90. Hasta Bill Gates, empresario icónico de la sonriente nueva economía, dijo que temía que la crisis duraría cuatro años más.
Pero aún más sorprendente que ese cambio brutal de la psicología del hombre de Davos es que la elite global representada aquí - defensora durante décadas de la globalización desreguladora made in USA-ya desconfía no sólo del modelo estadounidense, sino también de la racionalidad del mercado. "Es un poco extraño porque ahora todo el mundo está de acuerdo conmigo; no hay nadie dispuesto a ponerse de pie y defender las teorías de mercados eficientes", explica Robert Shiller, economista de Yale y autor de El estallido de la burbuja,en una entrevista con Dinero.
Este año, muchos banqueros de Wall Street optaron por esquiar en Colorado tras publicarse que, incluso después de recibir ayudas federales para evitar la bancarrota, se habían repartido 18.400 millones de dólares entre los ejecutivos bancarios. Sendos artículos en diarios influyentes, el International Herald Tribune y The Wall Street Journal,plantearon la posibilidad de una convergencia global en torno a un modelo económico más regulado, con mayor intervención estatal, menos desigualdad y hasta con una amplia red de protección social. "Todos sabemos que ese fundamentalismo del libre mercado es un error", asegura Ken Rosen experto del sector inmobiliario de la Universidad de California. "Alemania y Japón son un modelo mucho mejor".
Con Barack Obama en la Casa Blanca y una Administración china que, según su propio banco central, cree que la seguridad de redes básicas de protección social es la única manera de lograr que los chinos se lancen al supermercado en vez de ahorrar tanto, es posible que las dos megaeconomías deriven hacia el modelo europeo, sostiene Rosen. Ken Rogoff, ex economista jefe delFMI y asesor del candidato republicano John McCain, es el principal defensor de esta tesis pese a lamentar el proceso: "Hemos elegido a un presidente y a un Congreso democrático comprometido en reforzar los sindicatos, mejorar la desigualdad de la renta, combatir el cambio climático... vamos hacia un programa más europeo", explica. "Y en China, por defecto, también se han dado cuenta de que eso es lo que hace falta: el motor se cala, hay más malestar social y el medio ambiente es un problema", afirma Rogoff.
Joe Stiglitz también advierte de la extraña reconversión del hombre de Davos en socialdemócrata: "Mi opinión como viajero del mundo es la misma que la de la mayoría, incluso en Davos, que el capitalismo sin ataduras no funciona, que hace falta más protección social para los individuos y para las empresas, aunque esto último es más discutible. Lo que quiero decir es que los mercados necesitan regulación, que los gobiernos tienen que intervenir y creo que esto es lo que la mayoría apoya". Alan Blinder, ex miembro del consejo de la Reserva Federal matizó: "Nadie en EE. UU. va a hablar de socialdemocracia, pero vamos a extender los planes de ampliación del seguro médico y a dar una mejor cobertura".
Había una voz solitaria en defensa de lo que hace menos de dos años en Davos era el sentido común. Se trata de Steve Forbes, el billonario editor ultraconservador de la revista Forbes,quien afirma no creer "que EE. UU. vaya a ir por el camino de Europa occidental porque no ha sido una economía innovadora de crecimiento rápido. Irán por el camino de no estrangular la economía y la iniciativa emprendedora; por el camino de los estados bálticos, de Europa del Este o Irlanda", añadió. Pero tras el colapso desastroso de las economías del Este y del tigre celta, el argumento ya no resulta demasiado convincente
Mientras tanto, el consenso se solidifica en torno a la necesidad de un marco fuerte de regulación financiera basado en el principio keynesiano - y aún más de la escuela de Hyman Minski-de combatir el ciclo boom bust (boom y estallido). Tras el escaso éxito de los megaplanes para resucitar los mercados financieros realizados a lo largo de los últimos meses y la creciente probabilidad de la nacionalización de los bancos, todos apoyan un estado duro para revenir otra fase de especulación suicida. "No se descarta ninguna medida para combatir las tendencias procíclicas de los mercados", insistía Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE).
El Estado ya es la única institución que inspira confianza. Hasta los fondos soberanos de los petroestados - mirados con recelos en los tiempos de bonanza financiera privada-ahora son mucho más queridos que los fondos de private equity o los hedge funds.
El problema para la convergencia mundial hacia un modelo de regulación estilo europeo es que está ocurriendo en el peor momento. Las gigantescas operaciones de rescate bancario en Estados Unidos - cuyo coste hasta la fecha ronda el billón de dólares-más un plan de estímulos fiscales de magnitud similar pasarán factura a las generaciones futuras en forma de deuda pública.
En China, por su parte, el frenazo económico que, según Roach, bajará el crecimiento hasta el 5% este año, más que sentar las bases para un nuevo Estado de bienestar poscomunista, pone en peligro la capacidad de la economía para mantener su extraordinario éxito en la lucha contra la pobreza que, según todos los economistas, se debe principalmente al crecimiento vertiginoso registrado durante los últimos 15 años.
Andy Robinson
La Vanguardia
La comunidad financiera reunida en Davos perjura del fundamentalismo del libre mercado El pesimismo de la crisis hace que el Estado sea la única institución que inspira confianza
02-02-2009 -
Andy Robinson
La Vanguardia
El pesimismo es el sentimiento en el que coinciden los expertos económicos, los financieros, los políticos y los empresarios que se reúnen estos días en Davos para estudiar las posibles salidas a la crisis; el pesimismo y el convencimiento de que es necesario huir de un modelo de mercado tan explosivo como el de las últimas décadas y retornar a una economía más regulada. De hecho, vista la situación de la economía mundial, en sectores en los que se apostaba antes por el liberalismo ahora se receta una convergencia global en torno a un modelo económico más regulado, con mayor intervención estatal, menos desigualdad y hasta con una amplia red de protección social. Es decir, un modelo del Estado de bienestar a la europea. El obstáculo para que esa convergencia mundial hacia un modelo de regulación al estilo europeo se produzca es que se está planteando en un momento en que los megaplanes de rescate financiero van a suponer una deuda pública que hipotecará a las futuras generaciones.
Recurriendo a la terminología alemana, el leitmotiv de la cumbre de Davos, celebrada esta semana en esta pintoresca estación de esquí de la suiza germana, es el eslogan oficial: "Dando forma a la poscrisis". Pero el zeitgeist - el verdadero espíritu del momento - se resumiría mejor con la palabra ¡Socorro!
"Jamás los había visto tan echados para atrás", asegura Bill Keegan, septuagenario columnista del diario británico The Observer en referencia al pésimo estado de ánimo de los 2.600 políticos, empresarios y gurús de la globalización que pululaban con caras de póquer por el laberíntico centro de convenciones.
Davos, el que fue el epicentro de la globalización optimista, ha perdido su autoestima. La desconfianza que sigue paralizando partes del sector financiero contagiaba a tertulianos en rústicos hoteles alpinos de cinco estrellas. Cuando Stephen Roach, director asiático de Morgan Stanley - anteriormente tachado de agorero-vaticinó tres años de crecimiento mundial del 2,5%, el más bajo desde la Segunda Gguerra Mundial, se le tachó de optimista. "Steve no quiere asustar a los medios", afirma John Studzinski, ejecutivo multimillonario del fondo de inversiones Blackstone, famoso por su exquisita colección de Picasso y Man Ray. "Este año, los analistas más respetados en Davos son quienes, como Nouriel Roubini, no descartan una depresión al estilo de Japón en los años 90. Hasta Bill Gates, empresario icónico de la sonriente nueva economía, dijo que temía que la crisis duraría cuatro años más.
Pero aún más sorprendente que ese cambio brutal de la psicología del hombre de Davos es que la elite global representada aquí - defensora durante décadas de la globalización desreguladora made in USA-ya desconfía no sólo del modelo estadounidense, sino también de la racionalidad del mercado. "Es un poco extraño porque ahora todo el mundo está de acuerdo conmigo; no hay nadie dispuesto a ponerse de pie y defender las teorías de mercados eficientes", explica Robert Shiller, economista de Yale y autor de El estallido de la burbuja,en una entrevista con Dinero.
Este año, muchos banqueros de Wall Street optaron por esquiar en Colorado tras publicarse que, incluso después de recibir ayudas federales para evitar la bancarrota, se habían repartido 18.400 millones de dólares entre los ejecutivos bancarios. Sendos artículos en diarios influyentes, el International Herald Tribune y The Wall Street Journal,plantearon la posibilidad de una convergencia global en torno a un modelo económico más regulado, con mayor intervención estatal, menos desigualdad y hasta con una amplia red de protección social. "Todos sabemos que ese fundamentalismo del libre mercado es un error", asegura Ken Rosen experto del sector inmobiliario de la Universidad de California. "Alemania y Japón son un modelo mucho mejor".
Con Barack Obama en la Casa Blanca y una Administración china que, según su propio banco central, cree que la seguridad de redes básicas de protección social es la única manera de lograr que los chinos se lancen al supermercado en vez de ahorrar tanto, es posible que las dos megaeconomías deriven hacia el modelo europeo, sostiene Rosen. Ken Rogoff, ex economista jefe delFMI y asesor del candidato republicano John McCain, es el principal defensor de esta tesis pese a lamentar el proceso: "Hemos elegido a un presidente y a un Congreso democrático comprometido en reforzar los sindicatos, mejorar la desigualdad de la renta, combatir el cambio climático... vamos hacia un programa más europeo", explica. "Y en China, por defecto, también se han dado cuenta de que eso es lo que hace falta: el motor se cala, hay más malestar social y el medio ambiente es un problema", afirma Rogoff.
Joe Stiglitz también advierte de la extraña reconversión del hombre de Davos en socialdemócrata: "Mi opinión como viajero del mundo es la misma que la de la mayoría, incluso en Davos, que el capitalismo sin ataduras no funciona, que hace falta más protección social para los individuos y para las empresas, aunque esto último es más discutible. Lo que quiero decir es que los mercados necesitan regulación, que los gobiernos tienen que intervenir y creo que esto es lo que la mayoría apoya". Alan Blinder, ex miembro del consejo de la Reserva Federal matizó: "Nadie en EE. UU. va a hablar de socialdemocracia, pero vamos a extender los planes de ampliación del seguro médico y a dar una mejor cobertura".
Había una voz solitaria en defensa de lo que hace menos de dos años en Davos era el sentido común. Se trata de Steve Forbes, el billonario editor ultraconservador de la revista Forbes,quien afirma no creer "que EE. UU. vaya a ir por el camino de Europa occidental porque no ha sido una economía innovadora de crecimiento rápido. Irán por el camino de no estrangular la economía y la iniciativa emprendedora; por el camino de los estados bálticos, de Europa del Este o Irlanda", añadió. Pero tras el colapso desastroso de las economías del Este y del tigre celta, el argumento ya no resulta demasiado convincente
Mientras tanto, el consenso se solidifica en torno a la necesidad de un marco fuerte de regulación financiera basado en el principio keynesiano - y aún más de la escuela de Hyman Minski-de combatir el ciclo boom bust (boom y estallido). Tras el escaso éxito de los megaplanes para resucitar los mercados financieros realizados a lo largo de los últimos meses y la creciente probabilidad de la nacionalización de los bancos, todos apoyan un estado duro para revenir otra fase de especulación suicida. "No se descarta ninguna medida para combatir las tendencias procíclicas de los mercados", insistía Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE).
El Estado ya es la única institución que inspira confianza. Hasta los fondos soberanos de los petroestados - mirados con recelos en los tiempos de bonanza financiera privada-ahora son mucho más queridos que los fondos de private equity o los hedge funds.
El problema para la convergencia mundial hacia un modelo de regulación estilo europeo es que está ocurriendo en el peor momento. Las gigantescas operaciones de rescate bancario en Estados Unidos - cuyo coste hasta la fecha ronda el billón de dólares-más un plan de estímulos fiscales de magnitud similar pasarán factura a las generaciones futuras en forma de deuda pública.
En China, por su parte, el frenazo económico que, según Roach, bajará el crecimiento hasta el 5% este año, más que sentar las bases para un nuevo Estado de bienestar poscomunista, pone en peligro la capacidad de la economía para mantener su extraordinario éxito en la lucha contra la pobreza que, según todos los economistas, se debe principalmente al crecimiento vertiginoso registrado durante los últimos 15 años.
Andy Robinson
La Vanguardia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)