500.000 ricos blindados ante Hacienda
Las grandes fortunas y las rentas altas no sufrirán la subida de impuestos que prepara el Gobierno. El impacto de la reforma fiscal recaerá, sobre todo, en los cinco millones de rentas medias.
29-06-2009 - El Gobierno ya no oculta sus intenciones ni la gravedad de la situación de las cuentas públicas. Por primera vez en la Historia, el déficit del Estado alcanzará este año el 10% del PIB (más del 8,5% será de la Administración Central), y, probablemente, el de 2010 también tendrá dos dígitos.
Ante la falta de compromiso para aplicar un fuerte tijeretazo al gasto del Estado, y de forzar que las 17 autonomías y los 8.000 ayuntamientos hagan lo mismo -todos ellos endeudados hasta las cejas-, el Ejecutivo va a optar por la subida de impuestos, en particular del IRPF, a partir de 2010. Necesita hacer caja con urgencia y va a centrar su objetivo en los impuestos sobre los que dispone de mayor control.
De ahí que haya empezado por subir los impuestos de las gasolinas, el gasóleo de automoción y el tabaco. Son habas contadas, porque cada cisterna que sale de la Corporación Logística de Hidrocarburos tiene a un inspector detrás. Y las cajetillas de tabaco necesitan el sello de Hacienda para su comercialización.
¿Cómo puede obtener ingresos rápidos? Con el IRPF, que grava exclusivamente a las rentas de trabajo, el verdadero caladero de las arcas públicas. ¿Y de qué tipo de rentas puede recaudar más? De las medias, que son casi cinco millones de declarantes, con ingresos de entre 21.000 y 60.000 euros, y que aportan cerca del 50% de la recaudación total de Hacienda.
Las rentas bajas declaradas, donde se concentra el mayor interés electoral, o no tributan o pagan muy poco al fisco. Cualquier empresario puede diseñarse su sueldo para pagar menos. Prueba de ello es que los autónomos declaran de media un 25% menos de ingresos que cualquier trabajador.
Por su parte, las altas no existen en el IRPF. Ni unas ni otras sufrirán, por tanto, los efectos de la reforma fiscal.
Como rentas altas, si se entiende como tales aquellas que obtienen ingresos superiores a 60.000 euros anuales, sólo constan para el fisco medio millón de personas (el 3%), de los casi 18 millones de declarantes. Son cerca de 500.000 ricos, que tienen un tratamiento fiscal discriminatorio respecto a las rentas de trabajo. Muchos de ellos se encuentran tras las denominadas Sicav, que tributan al 1% gracias a una exención del 99%. Además, el PSOE ha suprimido el Impuesto de Patrimonio y ha permitido que los contribuyentes deslocalizados en paraísos fiscales puedan comprar deuda española de forma anónima.
También tributan al 18% las rentas de capital y las patrimoniales, a diferencia de las de trabajo, que lo hacen hasta el 43%. Para todas ellas, no habrá ninguna subida de impuestos.
El porqué es evidente. La propia vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha reiterado que subir los impuestos a este colectivo tendría «poca capacidad recaudatoria».
El PSOE intentó esta semana aprobar una enmienda para instar al Gobierno a una subida de impuestos, en la que ya trabaja, para las rentas más altas y el aumento de la progresividad del IRPF (para que pague más quien más gana).
Sin embargo, las rentas elevadas, las de verdad, no constan en el sistema fiscal español. Ni el Gobierno tiene intención, aunque figure en su programa electoral, de «mejorar la equidad y la justicia fiscal». SIGUE EN PÁGINA 2
Los expertos, aunque son conscientes de que el Gobierno necesita dinero urgente, manifiestan la falta de equidad fiscal. Los inspectores, incluso, denuncian la ausencia de medios para combatir el fraude fiscal y la limitación de la actuación a las rentas de trabajo.
Francisco de la Torre, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, dice que el IRPF no es un instrumento válido para determinar qué individuos tienen grandes ingresos, «porque los titulares de grandes fortunas pueden determinar qué ingresos percibirán como persona física», mientras que tienen capacidad para eludir los de otra índole.
En este sentido, denuncia el tratamiento fiscal de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), que el PSOE -con el acuerdo del PP- ha sacado de la posible inspección de Hacienda para someterlas al control de la CNMV. El supervisor no ha suspendido a una sola Sicav por incumplir los requisitos exigidos para ser considerada sociedad de inversión colectiva (entre ellos, el de tener a 100 accionistas). Sin embargo, los inspectores encontraron en 2005 (en la primera actuación) más de un centenar de sociedades que utilizaban mariachis (empleados de las gestoras, prestados como socios). Pero las actas fueron archivadas.
De la Torre extiende esta práctica de casi nula tributación de las grandes fortunas a la bonificación del 99% de las sociedades de capital riesgo o a las entidades de tenencia de valores extranjeros, que no tributan por dividendo y plusvalía de fuente exterior. De cualquier forma, las rentas mobiliarias sólo pagan el tipo único del 18%, sin progresividad alguna.
También menciona las habituales operaciones de sociedades instrumentales e interpuestas a través de zonas de poca tributación como Holanda (5%) o a través de paraísos fiscales, desde donde se controlan «muchas sociedades patrimoniales», dice. Además, añade a este catálogo de tributaciones laxas a los deportistas impatriados (pagan el 24% frente al 43% de los contribuyentes) o incluso a los españoles que fijan su residencia en paraísos fiscales y que luego representan a España en las competiciones. «La Agencia Tributaria debería ser más eficaz contra la evasión fiscal asociada a los grandes patrimonios, nos faltan medios personales», señala.
Por si fuera poco, el Gobierno permite invertir en deuda pública desde paraísos fiscales y ha eliminado el Impuesto de Patrimonio en lugar de reformarlo. «Nos deja sin información, sobre todo de las operaciones con acciones de empresas no cotizadas», señala De la Torre.
¿Cuantos ricos de verdad hay en España? Un informe de Merryl Linch de 2008 dice que hay 127.000 fortunas por encima de un millón de dólares. Pero no incluye el patrimonio inmobiliario ni a sus tenedores. Y en España, hay mucha fortuna en el ladrillo y en el sector rústico.
En el Impuesto de Patrimonio aparecen más de 300.000 ciudadanos con patrimonios superiores al millón de euros. Y no están todos los que son porque al haber sido transferido a las autonomías, Hacienda había dejado de hacer comprobaciones. Por su parte, en las 3.369 Sicav aparecen 440.000 partícipes (no todos son ricos), de las que 27 tienen un patrimonio social de 90 millones de euros. El patrimonio total es de 27.143 millones.
Salvo en Irlanda, con un modelo de crecimiento económico similar al español y que ahora tiene sus finanzas públicas en un proceso de quiebra técnica, ningún Gobierno ha anunciado subida de impuestos directos en plena recesión. Alemania, cuya economía no se sustenta en el consumo, ha subido el IVA; mientras que Estados Unidos ha decidido incrementar sus medios materiales y personales para combatir el fraude fiscal en los paraísos fiscales.
Todos los expertos señalan que una subida de impuestos en España podría retrasar la salida de la crisis económica. Significa detraer liquidez del bolsillo de los ciudadanos, que postergarán cualquier decisión de consumo. Además, reduciría sus posibilidades de ahorro, precisamente cuando más lo necesita la economía, frente al despilfarro de los últimos años, cuando las entidades tuvieron que acudir a los mercados internacionales en busca de financiación, otro de los desequilibrios de la situación actual.
Incluso el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha advertido de que las subidas de impuestos podrían «esterilizar» los efectos expansivos de las medidas de impulso adoptadas.
El Gobierno, que tendría que haber aplicado ya en los presupuestos de 2008 un duro ajuste, llega de nuevo tarde. Según apunta De la Torre, el «Gobierno necesita subir los impuestos en 2010 para recaudar al menos 15.000 millones adicionales» y cumplir los objetivos del techo de gasto (183.000 millones). Si esa cifra se concentra en el IRPF, como se desprende de los anuncios de los altos cargos de Hacienda y del Gobierno, «necesita aumentar un 20% la recaudación actual».
Y si en enero de 2008, en plena campaña electoral del 9-M, la medida de reducir 400 euros a las nóminas de trabajo para aliviar a los ciudadanos de la carga de las hipotecas era «hiperprogesiva», como dijo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ahora el PSOE decide suprimirla porque beneficia a las rentas más altas.
Además, Zapatero anunció que esta devolución era «un compromiso para toda la legislatura» y que iba a general 104.000 empleos.
Según los expertos, eliminar los 400 euros es «una enorme subida del IRPF». «Será el incremento de impuesto más elevado hasta ahora», matiza Luis del Amo, director general del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
Para evitar un importante desgaste político -la declaración de la renta de 2010 coincidirá con las elecciones municipales de 2011-, esta supresión podría concentrarse sólo en las rentas superiores a los 21.000 euros, según fuentes de Hacienda. Es decir, las que obtienen los 400 euros íntegros al generar cuota suficiente.
Medida electoral
De cualquier forma, a un año después de su implantación, todavía el Gobierno no ha facilitado los datos del coste real de esta medida, que no se puso en marcha para combatir la crisis sino para ganar las elecciones. El Ministerio de Economía tiene presupuestado para 2009 un coste de 5.800 millones. Sin embargo, la cifra no llegará este año a los 4.000 millones porque hay 1,4 millones de parados mas que han dejado de percibir esta devolución.
Otra de las ofertas electorales de Zapatero, los 2.500 euros por nacimiento, también va a desaparecer a partir de este límite (21.000 euros), aunque todavía no hay una decisión política al respecto. El PSOE se olvidó de la progresividad de esta prestación y la ha estado dando generosamente a cualquier madre, sea cual fuere su renta.
Como anunció Zapatero en del Debate del estado de la Nación, también se quiere limitar la deducción por vivienda según los ingresos. Inicialmente, el presidente dijo que a partir de 24.000 euros, pero podría elevarse ese límite. Sin embargo, salvo que el Gobierno decida un nuevo cambio de criterio, esta medida se aplicará a partir de 2011. Por tanto, no tendrá incidencia recaudatoria alguna en 2010 y su coste fiscal previsto se mantendrá en 4.300 millones.
Por todo ello, los tipos marginales máximos a partir de 21.000 euros pueden sufrir también un incremento. Entre estos ingresos y los 60.000 hay casi cinco millones de liquidaciones, que pagan casi 30.000 millones de euros a Hacienda (la mitad de la recaudación total).
El problema es que, si estos tipos marginales suben mucho y se alejan de los vigentes del Impuesto de Sociedades (25% para las pymes), es muy posible que muchos directivos se bajen el sueldo que se diseñan para pagar menos aún por IRPF. Esta es una de las prácticas más habituales que denuncian los inspectores frente a la transparencia de las nóminas.
De aquí que sea en los tramos de rentas medias donde se concentra la mayor parte de la tajada recaudatoria. Por arriba, cada vez hay menos rentas declaradas, mientras que por debajo de los 21.000 euros aumentan espectacularmente, incluso en los años del boom económico. Por ejemplo, es llamativo que el 42% de los contribuyentes declaren ingresos inferiores a 12.000 euros. De esta forma, no sólo pagan menos impuestos sino que sus hijos pueden beneficiarse del gasto social de guarderías y becas.
Francisco Núñez
El Mundo
29.6.09
¿Sentados a esperar el nuevo modelo productivo?. SEBASTIÁN TOBARRA
La solución a la crisis -innovación, patentes, educación y exportación de tecnología- se hace de rogar - El cambio va demasiado lento, las empresas no cumplen y el Gobierno aún no ha elaborado la ley de economía sostenible
26-06-2009 - "Que inventen ellos", dijo Unamuno. La frase del que fue rector de la Universidad de Salamanca es de 1909. Refleja el atraso y el aislamiento español de la época. Han pasado 100 años y España -que no hizo en su momento la revolución industrial, pero que ha alcanzado el 104% de la renta media europea- ve que su empleo se desmorona con la crisis como un soufflé. El epitafio del modelo económico lo escriben muchos: Gobierno, oposición, empresarios y expertos. El modelo ya no sirve. Falta tecnología, innovación y formación, dicen los expertos.
El presidente del Ejecutivo anunció, en el último debate del estado de la nación, que el Ejecutivo impulsará el cambio a través de una ley de economía sostenible. Pero eso requiere fraguar pactos con los agentes sociales, los grupos parlamentarios y comunidades autónomas. Por tanto, requerirá tiempo, y éste parece agotarse ante una necesidad acuciante que no logra resolverse en España.
El discurso de la innovación va calando. La crisis se ha llevado por delante 1,3 millones de empleos en un año: 6,4% del total, según la Encuesta de Población Activa (EPA), que eleva los parados a cuatro millones. En Francia o Italia, con más innovación, la pérdida de empleo ha sido muy inferior. Francia ha perdido el 0,7%; Italia, el 0,8%; Reino Unido, el 1,1%. Y la caída media europea ha sido del 1,2%, según la agencia estadística Eurostat.
Todos dicen que el derrumbe del empleo tiene que ver con un modelo basado en mucho ladrillo y poca tecnología. El secretario general de Innovación, Juan Tomás Hernani, cree que la burbuja inmobiliaria sólo explica la mitad de los nuevos parados. La otra mitad es por la falta de una industria innovadora, añade. Hay que fabricar productos de más valor, cambiar ladrillos por PC y servicios turísticos por biotecnología es el mensaje. Pero ¿puede hacerse?, ¿cómo?, ¿en qué plazo? Se puede, responden los expertos consultados, pero enganchar la economía a la innovación tardará.
Un primer factor de diferencia de España con los países centrales europeos es el peso de la industria: el 17,3%, medido a través del valor añadido bruto, según Eurostat. En otros países, la industria pesa bastante más. En Alemania, es el 26%; en Italia, el 20,8%; en Holanda, el 19,2%; en Suecia, el 22,8%, y en Reino Unido, el 17,5%, pero su poder tecnológico es muy superior como muestran sus exportaciones globales, las tecnológicas y sus patentes. Y el sistema educativo funciona mejor en estos países, con menos fracaso escolar y más personas con estudios posobligatorios.
Para enganchar la economía al nuevo modelo, los expertos señalan cuatro palancas: la formación, la investigación y el desarrollo (I+D), las patentes, y la capacidad de exportar tecnología. Las cuatro están vinculadas a una meta: hacer productos más sofisticados y con más valor.
Pero "el cambio no podrá ser rápido. No tenemos industria suficiente para innovar. Históricamente, las innovaciones han llegado desde la industria y si no tenemos tejido suficiente es difícil de innovar", dice Jordi Maluquer de Motes, catedrático de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona.
"Hay excepciones, pero tenemos una industria vinculada a sectores como la construcción para fabricar ladrillos, tejas o cristal. Desde estos sectores también se puede innovar, pero hay que estar en otros sectores innovadores", añade Maluquer.
INNOVACIÓN Por debajo de Europa
En la primera palanca, la del I+D, España está creciendo más que el promedio europeo, aunque hay una brecha importante respecto a otros países. España destinó a I+D el 1,27% de su riqueza el año pasado (13.342 millones de euros) -medida a través del producto interior bruto (PIB)-, según la Fundación para la Innovación Tecnológica Cotec. En 2000 España sólo destinaba el 0,91% de su riqueza a I+D.
Pero los datos de I+D palidecen frente a otros países. La media de los países del euro destina el 1,86% de su PIB a I+D. Esas 59 décimas de diferencia, aunque parecen poco, suponen un socavón de 6.000 millones de euros al año. Para igualar a Francia, en relación con su peso económico, el esfuerzo debería ser aún mayor: Francia destina el 2,08% de su PIB a I+D; y Alemania, el 2,53%, según Eurostat.
"El cambio tardará. El modelo no se puede cambiar de golpe", asegura Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU-San Pablo. "A España le falta tecnología propia", recalca Pampillón. Este experto pone dos ejemplos de países que han hecho el cambio: Irlanda y Finlandia, los dos mucho más pequeños que España. A los dos les ha costado tiempo cambiar. "Irlanda está sufriendo porque tenía burbuja inmobiliaria", dice Pampillón. Pasó de una economía con gran peso agrícola y una industria basada en el montaje con poco valor añadido y mano de obra barata "a una apuesta por sectores como la farmacia y la biotecnología. Y bajó al 12,5% el impuesto que grava los beneficios empresariales", añade el catedrático de San Pablo-CEU.
Juan Mulet, director general de Cotec, resume: "Estamos mal, pero vamos bien. Mejoramos, pero venimos de atrás y el cambio es lento", añade el director de Cotec, que no se atreve a poner un plazo para lograr el cambio. Mulet cita dos factores que impulsan el cambio. Uno, que "ahora la sociedad española se da cuenta de que se debe cambiar hacia un modelo productivo basado en la tecnología y la innovación". Y dos: "Vamos subiendo la inversión en I+D a un ritmo del 10%-12% anual en la Administración y del 13% en la parte empresarial, pero necesitamos más empresas que basen su competitividad en la innovación", agrega el director de Cotec. De hecho, según el secretario general de Innovación, el 55% de la inversión en I+D es privada cuando debería subir al 66%.
PATENTES Un ritmo lento
La segunda palanca, la de las patentes, también mejora, pero en este caso a ritmo más lento que el I+D. Pampillón ha hecho una lista de patentes concedidas por la norteamericana United States Patent and Trademark Office (USPTO) en la que España figura en el lugar número 20 de ente 173 países, que encabezan EE UU, Japón y Alemania.
España registró en la USPTO 363 patentes el año pasado frente a 3.720 de Francia, un gran desfase porque la economía francesa tiene el doble de tamaño que la española pero tiene 10 veces más patentes en la USPTO. O la británica, que casi dobla el tamaño de la española pero registró 11 veces más patentes. Si se atiende a los datos de la Oficina de Patentes Europea (OEP, en sus siglas en inglés), España registró en ella 26,3 patentes por cada millón de habitantes, una cuarta parte de la media comunitaria. Aun así, la distancia se ha acortado. Hace 10 años era mayor (véase gráfico).
EXPORTACIONES Un 8,5% más que en 2007
En la tercera palanca, la de las exportaciones tecnológicas, las de tipo medio y alto fueron de 185 millones en 2007, un 8,5% más que el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. En ocho años han crecido el 43%. Estas exportaciones están ligadas a sectores como el farmacéutico y el automóvil.
Pero las exportaciones que abarcan sólo la alta tecnología apenas fueron el 4,92% de las ventas totales de España al exterior en 2006, según Eurostat. Ahí se ve un descenso de peso en los últimos años (véase gráfico).
Aunque están por encima de España, también Alemania, Italia o Francia han perdido peso en sus exportaciones de alta tecnología desde la irrupción de países como China o Taiwán.
Desde el Gobierno, Juan Tomás Hernani, secretario general de Innovación dice: "Nos faltan 6.000 millones de euros al año en I+D para estar en la media europea. Llevamos cinco años de crecimiento a un ritmo del 12%-13%. Debemos mantener el ritmo y necesitamos una legislatura y media, siete años, para alcanzar el nivel europeo. Ya tenemos 48.000 empresas que podemos llamar innovadoras, pero necesitamos otras 45.000", añade.
¿En qué trabaja el ministerio para impulsar el cambio? En varios frentes: en el financiero, para fomentar que las entidades financieras apoyen actividades de innovación; en la internacionalización de la innovación, porque "no se podrá tener una dimensión internacional sin innovar", y en lograr que "más empresas realicen tareas innovadoras", señala Hernani. El secretario general recalca que el Gobierno ha convertido en indefinida la rebaja en el impuesto de sociedades a las empresas que invierten en investigación e innovación, lo que les supuso un ahorro "de 315 millones el último año".
Crisa y Mier Comunicaciones son dos ejemplos de empresas que usan la innovación para competir en el exterior. La madrileña Crisa tiene 400 empleados, fabrica equipos electrónicos para satélites y vende fuera de España. Sus ventas han crecido a un ritmo entre el 10% y el 15% en los últimos tres años. "El éxito viene de la tecnología. La fábrica se puede ir a cualquier parte, la tecnología, no", dice el director de Crisa, Víctor Rodrigo.
Mier Comunicaciones es una firma familiar catalana que produce material para la televisión digital terrestre (TDT), y trabaja para agencias espaciales y constructores de satélites. "Para nosotros, la innovación es básica. Hay un proceso continuo de cambio y hay que innovar para seguir en la brecha", dice su presidente, Pedro Mier Albert.
EDUCACIÓN A la espera de un pacto
En cuanto a la educación, la cuarta palanca, los datos muestran que hay un porcentaje de españoles (el 28%) entre 25 y 64 años con estudios superiores (24% en la UE), por encima de Francia (26%), Italia (13%), o Alemania (18%), según datos del Ministerio de Educación basados en estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero el fracaso escolar y el nivel formativo de la población española joven flaquea. Sólo el 61,1% de los que tienen entre 20 y 24 años han completado estudios más allá de la ESO -bachillerato o formación profesional-. Una tasa muy baja comparada con el 78,1% de media de los países del euro. El 72,5%, en Alemania; el 82,4%, en Francia, y el 76,3% de Italia, según Eurostat.
La formación es básica porque a menos formación hay más desempleo. La tasa media de paro el año pasado -antes de estallar la fase aguda de la crisis- fue del 13% para trabajadores entre 25 y 34 años que no habían acabado la secundaria, según la EPA; del 10,3% para los que terminaron esta etapa; de sólo el 8% para quienes tenían bachillerato o formación profesional y apenas fue del 6,4% para personas con educación superior. Y la tendencia sirve para los de 25 a 64 años, aunque más atenuada, según el Ministerio de Educación. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ya ha dicho que pretende alcanzar un pacto educativo que comprometa a todos.
SEBASTIÁN TOBARRA
El Pais
26-06-2009 - "Que inventen ellos", dijo Unamuno. La frase del que fue rector de la Universidad de Salamanca es de 1909. Refleja el atraso y el aislamiento español de la época. Han pasado 100 años y España -que no hizo en su momento la revolución industrial, pero que ha alcanzado el 104% de la renta media europea- ve que su empleo se desmorona con la crisis como un soufflé. El epitafio del modelo económico lo escriben muchos: Gobierno, oposición, empresarios y expertos. El modelo ya no sirve. Falta tecnología, innovación y formación, dicen los expertos.
El presidente del Ejecutivo anunció, en el último debate del estado de la nación, que el Ejecutivo impulsará el cambio a través de una ley de economía sostenible. Pero eso requiere fraguar pactos con los agentes sociales, los grupos parlamentarios y comunidades autónomas. Por tanto, requerirá tiempo, y éste parece agotarse ante una necesidad acuciante que no logra resolverse en España.
El discurso de la innovación va calando. La crisis se ha llevado por delante 1,3 millones de empleos en un año: 6,4% del total, según la Encuesta de Población Activa (EPA), que eleva los parados a cuatro millones. En Francia o Italia, con más innovación, la pérdida de empleo ha sido muy inferior. Francia ha perdido el 0,7%; Italia, el 0,8%; Reino Unido, el 1,1%. Y la caída media europea ha sido del 1,2%, según la agencia estadística Eurostat.
Todos dicen que el derrumbe del empleo tiene que ver con un modelo basado en mucho ladrillo y poca tecnología. El secretario general de Innovación, Juan Tomás Hernani, cree que la burbuja inmobiliaria sólo explica la mitad de los nuevos parados. La otra mitad es por la falta de una industria innovadora, añade. Hay que fabricar productos de más valor, cambiar ladrillos por PC y servicios turísticos por biotecnología es el mensaje. Pero ¿puede hacerse?, ¿cómo?, ¿en qué plazo? Se puede, responden los expertos consultados, pero enganchar la economía a la innovación tardará.
Un primer factor de diferencia de España con los países centrales europeos es el peso de la industria: el 17,3%, medido a través del valor añadido bruto, según Eurostat. En otros países, la industria pesa bastante más. En Alemania, es el 26%; en Italia, el 20,8%; en Holanda, el 19,2%; en Suecia, el 22,8%, y en Reino Unido, el 17,5%, pero su poder tecnológico es muy superior como muestran sus exportaciones globales, las tecnológicas y sus patentes. Y el sistema educativo funciona mejor en estos países, con menos fracaso escolar y más personas con estudios posobligatorios.
Para enganchar la economía al nuevo modelo, los expertos señalan cuatro palancas: la formación, la investigación y el desarrollo (I+D), las patentes, y la capacidad de exportar tecnología. Las cuatro están vinculadas a una meta: hacer productos más sofisticados y con más valor.
Pero "el cambio no podrá ser rápido. No tenemos industria suficiente para innovar. Históricamente, las innovaciones han llegado desde la industria y si no tenemos tejido suficiente es difícil de innovar", dice Jordi Maluquer de Motes, catedrático de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona.
"Hay excepciones, pero tenemos una industria vinculada a sectores como la construcción para fabricar ladrillos, tejas o cristal. Desde estos sectores también se puede innovar, pero hay que estar en otros sectores innovadores", añade Maluquer.
INNOVACIÓN Por debajo de Europa
En la primera palanca, la del I+D, España está creciendo más que el promedio europeo, aunque hay una brecha importante respecto a otros países. España destinó a I+D el 1,27% de su riqueza el año pasado (13.342 millones de euros) -medida a través del producto interior bruto (PIB)-, según la Fundación para la Innovación Tecnológica Cotec. En 2000 España sólo destinaba el 0,91% de su riqueza a I+D.
Pero los datos de I+D palidecen frente a otros países. La media de los países del euro destina el 1,86% de su PIB a I+D. Esas 59 décimas de diferencia, aunque parecen poco, suponen un socavón de 6.000 millones de euros al año. Para igualar a Francia, en relación con su peso económico, el esfuerzo debería ser aún mayor: Francia destina el 2,08% de su PIB a I+D; y Alemania, el 2,53%, según Eurostat.
"El cambio tardará. El modelo no se puede cambiar de golpe", asegura Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU-San Pablo. "A España le falta tecnología propia", recalca Pampillón. Este experto pone dos ejemplos de países que han hecho el cambio: Irlanda y Finlandia, los dos mucho más pequeños que España. A los dos les ha costado tiempo cambiar. "Irlanda está sufriendo porque tenía burbuja inmobiliaria", dice Pampillón. Pasó de una economía con gran peso agrícola y una industria basada en el montaje con poco valor añadido y mano de obra barata "a una apuesta por sectores como la farmacia y la biotecnología. Y bajó al 12,5% el impuesto que grava los beneficios empresariales", añade el catedrático de San Pablo-CEU.
Juan Mulet, director general de Cotec, resume: "Estamos mal, pero vamos bien. Mejoramos, pero venimos de atrás y el cambio es lento", añade el director de Cotec, que no se atreve a poner un plazo para lograr el cambio. Mulet cita dos factores que impulsan el cambio. Uno, que "ahora la sociedad española se da cuenta de que se debe cambiar hacia un modelo productivo basado en la tecnología y la innovación". Y dos: "Vamos subiendo la inversión en I+D a un ritmo del 10%-12% anual en la Administración y del 13% en la parte empresarial, pero necesitamos más empresas que basen su competitividad en la innovación", agrega el director de Cotec. De hecho, según el secretario general de Innovación, el 55% de la inversión en I+D es privada cuando debería subir al 66%.
PATENTES Un ritmo lento
La segunda palanca, la de las patentes, también mejora, pero en este caso a ritmo más lento que el I+D. Pampillón ha hecho una lista de patentes concedidas por la norteamericana United States Patent and Trademark Office (USPTO) en la que España figura en el lugar número 20 de ente 173 países, que encabezan EE UU, Japón y Alemania.
España registró en la USPTO 363 patentes el año pasado frente a 3.720 de Francia, un gran desfase porque la economía francesa tiene el doble de tamaño que la española pero tiene 10 veces más patentes en la USPTO. O la británica, que casi dobla el tamaño de la española pero registró 11 veces más patentes. Si se atiende a los datos de la Oficina de Patentes Europea (OEP, en sus siglas en inglés), España registró en ella 26,3 patentes por cada millón de habitantes, una cuarta parte de la media comunitaria. Aun así, la distancia se ha acortado. Hace 10 años era mayor (véase gráfico).
EXPORTACIONES Un 8,5% más que en 2007
En la tercera palanca, la de las exportaciones tecnológicas, las de tipo medio y alto fueron de 185 millones en 2007, un 8,5% más que el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. En ocho años han crecido el 43%. Estas exportaciones están ligadas a sectores como el farmacéutico y el automóvil.
Pero las exportaciones que abarcan sólo la alta tecnología apenas fueron el 4,92% de las ventas totales de España al exterior en 2006, según Eurostat. Ahí se ve un descenso de peso en los últimos años (véase gráfico).
Aunque están por encima de España, también Alemania, Italia o Francia han perdido peso en sus exportaciones de alta tecnología desde la irrupción de países como China o Taiwán.
Desde el Gobierno, Juan Tomás Hernani, secretario general de Innovación dice: "Nos faltan 6.000 millones de euros al año en I+D para estar en la media europea. Llevamos cinco años de crecimiento a un ritmo del 12%-13%. Debemos mantener el ritmo y necesitamos una legislatura y media, siete años, para alcanzar el nivel europeo. Ya tenemos 48.000 empresas que podemos llamar innovadoras, pero necesitamos otras 45.000", añade.
¿En qué trabaja el ministerio para impulsar el cambio? En varios frentes: en el financiero, para fomentar que las entidades financieras apoyen actividades de innovación; en la internacionalización de la innovación, porque "no se podrá tener una dimensión internacional sin innovar", y en lograr que "más empresas realicen tareas innovadoras", señala Hernani. El secretario general recalca que el Gobierno ha convertido en indefinida la rebaja en el impuesto de sociedades a las empresas que invierten en investigación e innovación, lo que les supuso un ahorro "de 315 millones el último año".
Crisa y Mier Comunicaciones son dos ejemplos de empresas que usan la innovación para competir en el exterior. La madrileña Crisa tiene 400 empleados, fabrica equipos electrónicos para satélites y vende fuera de España. Sus ventas han crecido a un ritmo entre el 10% y el 15% en los últimos tres años. "El éxito viene de la tecnología. La fábrica se puede ir a cualquier parte, la tecnología, no", dice el director de Crisa, Víctor Rodrigo.
Mier Comunicaciones es una firma familiar catalana que produce material para la televisión digital terrestre (TDT), y trabaja para agencias espaciales y constructores de satélites. "Para nosotros, la innovación es básica. Hay un proceso continuo de cambio y hay que innovar para seguir en la brecha", dice su presidente, Pedro Mier Albert.
EDUCACIÓN A la espera de un pacto
En cuanto a la educación, la cuarta palanca, los datos muestran que hay un porcentaje de españoles (el 28%) entre 25 y 64 años con estudios superiores (24% en la UE), por encima de Francia (26%), Italia (13%), o Alemania (18%), según datos del Ministerio de Educación basados en estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero el fracaso escolar y el nivel formativo de la población española joven flaquea. Sólo el 61,1% de los que tienen entre 20 y 24 años han completado estudios más allá de la ESO -bachillerato o formación profesional-. Una tasa muy baja comparada con el 78,1% de media de los países del euro. El 72,5%, en Alemania; el 82,4%, en Francia, y el 76,3% de Italia, según Eurostat.
La formación es básica porque a menos formación hay más desempleo. La tasa media de paro el año pasado -antes de estallar la fase aguda de la crisis- fue del 13% para trabajadores entre 25 y 34 años que no habían acabado la secundaria, según la EPA; del 10,3% para los que terminaron esta etapa; de sólo el 8% para quienes tenían bachillerato o formación profesional y apenas fue del 6,4% para personas con educación superior. Y la tendencia sirve para los de 25 a 64 años, aunque más atenuada, según el Ministerio de Educación. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ya ha dicho que pretende alcanzar un pacto educativo que comprometa a todos.
SEBASTIÁN TOBARRA
El Pais
15.6.09
Los mensajes tóxicos de Wall Street. Joseph Stiglitz
Uno de los legados de esta crisis será una batalla de alcance global en torno a ideas. O mejor, en torno a qué tipo de sistema económico será capaz de traer el máximo beneficio para la mayor cantidad de gente.
Joseph Stiglitz
15-06-2009 - Toda crisis tiene un final, y aunque hoy por hoy las cosas pintan negras, también esta crisis económica pasará. Lo cierto, en todo caso, es que ninguna crisis, y mucho menos una tan grave como la actual, remite sin dejar un legado. Uno de los legados de esta crisis será una batalla de alcance global en torno a ideas. O mejor, en torno a qué tipo de sistema económico será capaz de traer el máximo beneficio para la mayor cantidad de gente. En ningún sitio esa batalla es más enconada que en el Tercer Mundo. Alrededor del 80 por ciento de la población mundial vive en Asia, América Latina y África. De entre ellos, unos 1.400 millones subsisten con menos de 1.25 dólares diarios. En los Estados Unidos, llamar a alguien socialista puede no ser más que una descalificación exagerada. En buena parte del mundo, sin embargo, la batalla entre capitalismo y socialismo –o al menos entre lo que muchos estadounidenses considerarían socialismo- sigue estando en el orden del día. Es posible que la crisis actual no depare ganadores. Pero sin duda ha producido perdedores, y entre éstos ocupan un lugar destacado los defensores del tipo de capitalismo practicado en los Estados Unidos. En el futuro, de hecho, viviremos las consecuencias de esta constatación.
La caída del Muro de Berlín, en 1989, marcó el fin del comunismo como una idea viable. Ciertamente, el comunismo arrastraba problemas manifiestos desde hace décadas. Pero tras 1989 se volvió muy difícil salir en su defensa de manera convincente. Durante un tiempo, pareció que la derrota del comunismo suponía la victoria segura del capitalismo, particularmente del capitalismo de tipo estadounidense. Francis Fukuyama llegó a proclamar “el fin de la historia”, definió al capitalismo de mercado democrático como el último escalón del desarrollo social y declaró que la humanidad toda avanzaría en esa dirección. En rigor, los historiadores señalarán los 20 años siguientes a 1989 como el breve período del triunfalismo estadounidense. El colapso de los grandes bancos y de las entidades financieras, el subsiguiente descontrol económico y los caóticos intentos de rescate han dado al traste con ese período. Y también con el debate acerca del “fundamentalismo de mercado”, con la idea de que los mercados, sin control ni restricción alguna, pueden por sí solos asegurar prosperidad económica y crecimiento. Hoy, sólo el autoengaño podría llevar a alguien a afirmar que los mercados pueden auto-regularse o que basta confiar en el auto-interés de los participantes en el mercado para garantizar que las cosas funcionen correctamente y de forma honesta.
El debate económico es especialmente intenso en el mundo en vías de desarrollo. Aunque aquí en occidente tendemos a olvidarlo, hace 190 años una tercera parte del producto bruto mundial se generaba en China. Luego, y de una manera un tanto repentina, la explotación colonial y los injustos acuerdos comerciales, combinados con una revolución tecnológica en Estados Unidos y Europa, condenaron al rezago a los países en desarrollo. A resultas de ello, hacia 1950 la economía china representaba menos del 5 por ciento del producto bruto mundial. A mediados del siglo XIX, en realidad, el Reino Unido y Francia tuvieron que emprender una guerra para abrir China al comercio global. Esta fue la “segunda guerra del opio”, llamada así porque los países occidentales tenían muy poco que vender a China a excepción de estas drogas, que pronto invadieron sus mercados y generaron una amplia adicción entre la población. Con esta guerra, occidente ensayaba una vía temprana de corrección de la balanza de pagos.
El colonialismo dejó una herencia compleja en el mundo en desarrollo. Entre la mayoría de la población, sin embargo, la visión dominante era que habían sido cruelmente explotados. Para muchos nuevos líderes, la teoría marxista ofrecía una interpretación sugerente de esta experiencia, puesto que sostenía que la explotación era en realidad el motor del sistema capitalista. Por eso, la independencia política que las colonias conquistaron tras la segunda guerra mundial no supuso el fin del colonialismo económico. En algunas regiones, como África, la explotación –la extracción de recursos naturales y la devastación del ambiente a cambio de migajas- era evidente. En otros sitios fue más sutil. En diferentes regiones del mundo, instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial pasaron a ser vistas como instrumentos de control pos-colonial. Estas instituciones propiciaron el fundamentalismo de mercado (o “neoliberalismo”, como fue a menudo llamado) una categoría idealizada por los estadounidenses como “mercados libres e irrestrictos”. Asimismo, presionaron a favor de la desregulación del sector financiero, de las privatizaciones y de la liberalización del comercio.
El Banco Mundial y el FMI aseguraban que todo lo hacían por el bien de los países en desarrollo. Su actuación estaba respaldada por equipos de economistas partidarios del libre mercado, muchos de ellos provenientes de la catedral de la economía de libre mercado, la Universidad de Chicago. Al final, los programas de los ‘Chicago boys’ no trajeron los resultados prometidos. Los ingresos se estancaron. Allí donde hubo crecimiento, la riqueza fue a parar a los estratos más altos. Las crisis económicas en países concretos se volvieron cada vez más frecuentes. Sólo en los últimos 30 años, de hecho, se produjeron más de cien de considerable gravedad.
En este contexto, no sorprende que las poblaciones de los países en desarrollo creyeran cada vez menos en las motivaciones altruistas de Occidente. Sospechaban que la retórica de la economía libre de mercado –lo que pronto se conoció como “el Consenso de Washington”- era sólo la cobertura de los intereses comerciales de siempre. Estas sospechas se vieron reforzadas por la propia hipocresía de los países occidentales. Europa y Estados Unidos no abrieron sus propios mercados a la agricultura producida en el Tercer Mundo, que con frecuencia era todo lo que estos países podían ofrecer. Por el contrario, los forzaron a eliminar subsidios necesarios para la creación de nuevas industrias, a pesar de que ellos otorgaban subsidios a sus propios agricultores.
La ideología del libre mercado resultó ser una excusa para acometer nuevas formas de explotación. “Privatizar” quería decir que los extranjeros podían comprar minas y campos petrolíferos a bajo precio en los países en desarrollo. Suponía que podían extraer considerables beneficios de actividades monopólicas y semi-monopólicas como las telecomunicaciones. “Liberalizar”, por su parte, quería decir que podían obtener créditos con facilidad. Y si las cosas iban mal, el FMI forzaba la socialización de las pérdidas, con lo que el esfuerzo de pagar a los bancos recaía sobre la población en su conjunto. También comportaba que las empresas extranjeras pudieran arrasar con las industrias emergentes, bloqueando el despliegue del talento empresarial local. El capital fluía libremente, pero el trabajo no, salvo en el caso de los individuos mejor dotados, que podían encontrar un empleo en el mercado global.
Obviamente, éstos no son más que brochazos de un cuadro más complejo. En Asia, por ejemplo, siempre hubieron resistencias al Consenso de Washington e incluso restricciones a la libre circulación de capital. Los gigantes asiáticos –China e India- condujeron la economía a su manera y obtuvieron inéditos índices de crecimiento. Pero en general, y sobre todo en aquellos países en los que el Banco Mundial y el FMI controlaron las riendas, las cosas no fueron demasiado bien.
Para los críticos del capitalismo estadounidense en el Tercer Mundo, la manera en que los Estados Unidos han respondido a la crisis constituye la gota que colma el vaso. Durante la crisis del sudeste asiático, hace apenas una década, los Estados Unidos y el FMI exigieron que los países afectados redujeran el déficit a través de recortes en el gasto social. Poco importó que en países como Tailandia estas medidas contribuyeran a un resurgimiento de la epidemia del SIDA, o que en otros como Indonesia comportara el recorte de subsidios para la alimentación de los hambrientos. Estados Unidos y el FMI forzaron a estos países a aumentar los tipos de interés, en algunos casos en más de un 50 por ciento. Urgieron a Indonesia que fuera dura con los bancos y al gobierno que no acudiera en su rescate ¡Qué peligroso precedente! –dijeron- ¡qué tremenda intervención en el delicado mecanismo de relojería del libre mercado!
El contraste entre la reacción exhibida ante las crisis asiática y estadounidense es notorio y no ha pasado inadvertido. Para sacar a Estados Unidos del pozo, somos testigos de incrementos masivos del gasto y del déficit, así como de tasas de interés que prácticamente han sido reducidas a cero. Las ayudas a los bancos fluyen a diestra y siniestra. Algunos de los funcionarios de Washington que tuvieron que lidiar con la crisis asiática son ahora los encargados de dar respuestas a la crisis estadounidense ¿Por qué los Estados Unidos –se pregunta la gente del Tercer Mundo- prescriben una medicina diferente cuando se trata de sí mismos?
En los países en desarrollo, son muchos los que aún padecen los efectos del sermoneo recibido en los últimos años: adoptad instituciones como las de los Estados Unidos; seguid nuestras políticas; comprometeos con la desregulación; abrid vuestros mercados a los bancos norteamericanos si queréis aprender “buenas” prácticas bancarias; y vended (no por casualidad) vuestras empresas y bancos a los Estados Unidos, especialmente si es a precio de ganga durante las épocas de crisis. Sí, reconocía Washington, puede ser doloroso, pero al final estaréis mejor. Los Estados Unidos enviaron a sus Secretarios del Tesoro (de ambos partidos) alrededor del mundo a predicar la buena nueva. A ojos de muchos, la puerta giratoria que permite a los líderes financieros norteamericanos pasar cómodamente de Wall Street a Washington y otra vez a Wall Street, les otorgaba todavía más credibilidad: parecían combinar a la perfección el poder del dinero y el poder de la política. Los líderes financieros norteamericanos tenían razón en pensar que lo que era bueno para los Estados Unidos o el mundo era bueno para los mercados financieros. Pero lo contrario no era cierto: no todo lo que era bueno para Wall Street era bueno para los Estados Unidos y el mundo.
No es un simple gesto de Schadenfreude, de alegría por la desgracia ajena, lo que motiva el severo juicio que los países en vías desarrollo realizan del fracaso económico de Estados Unidos. También está en juego la necesidad de discernir cuál es el sistema económico que mejor puede funcionar en el futuro. Indudablemente, estos países tienen todo el interés del mundo en que ver una pronta recuperación de los Estados Unidos. Saben que por sí solos no podrían afrontar lo que los Estados Unidos han hecho para intentar revivir su economía. Saben que ni siquiera el elevado nivel de gasto realizado está funcionando demasiado rápido. Saben que a resultas del colapso económico norteamericano, 200 millones de personas más han caído en la pobreza en el curso de los últimos años. Pero están convencidos, cada vez más, de que cualquier ideal económico propugnado por los Estados Unidos es un ideal del que seguramente habría que huir.
¿Por qué debería preocuparnos la desilusión del mundo con el modelo estadounidense de capitalismo? La ideología que promovimos todos estos años ha dejado de funcionar, pero tal vez esté bien que no pueda repararse ¿Podríamos acaso sobrevivir –incluso tan bien como hasta ahora- si nadie se adhiere al modo de vida norteamericano?
Seguramente, nuestra influencia disminuirá, ya que es poco probable que se nos considere un modelo a seguir. En cualquier caso, es lo que ya estaba ocurriendo de hecho. Los Estados Unidos solían desempeñar un papel crucial en el capital global, ya que otros pensaban que teníamos un especial talento para lidiar con el riesgo y para asignar recursos financieros. Hoy nadie piensa algo así, y Asia – de donde proceden buena parte de los ahorros del mundo - ya está desarrollando sus propios centros financieros. Hemos dejado de ser la fuente central del capital. Los tres bancos más importantes del mundo son ahora chinos. El principal banco norteamericano ha caído al quinto puesto.
El dólar ha sido durante mucho tiempo la moneda de reserva. Los países tenían al dólar como referencia para determinar la confianza en sus propias monedas y gobiernos. Sin embargo, progresivamente se ha ido imponiendo en los bancos centrales de diferentes partes del mundo la idea de que el dólar puede no ser un referente de valor. Su valor, de hecho, ha oscilado y ha ido cayendo. El enorme incremento de la deuda norteamericana durante la presente crisis, combinado con los préstamos indiscriminados de la Reserva Federal, han disparado las especulaciones en torno al futuro del dólar. Los chinos han sugerido de manera abierta la posibilidad de inventar algún tipo nuevo de moneda para reemplazarlo.
Mientras tanto, el coste de lidiar con la crisis está desbordando nuestras necesidades. Nunca hemos sido generosos en nuestra ayuda a los países pobres. Pero las cosas están empeorando. En los últimos años, la las inversiones chinas en África han sido superiores a las del Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo juntos, muy lejos de las realizadas por Estados Unidos. Para afrontar la crisis, los países africanos corren a Beijing en busca de ayuda, no a Washington.
Mi preocupación aquí, en todo caso, tiene que ver con el ámbito de las ideas. Me preocupa que, a medida que se vean con mayor nitidez las fallas del sistema económico y social norteamericano, las personas de los países en desarrollo vayan a extraer conclusiones erróneas. Sólo unos pocos países -y acaso los propios Estados Unidos- aprenderán correctamente la lección. Se darán cuenta de que para salir adelante es necesario un régimen en el que el reparto de papeles entre mercado y gobierno sea equilibrado y en el que haya un estado fuerte capaz de administrar formas efectivas de regulación. Se darán cuenta de que el poder de los intereses privados debe limitarse.
Otros países, empero, sacarán conclusiones más confusas y profundamente trágicas. Tras el fracaso de sus sistemas de posguerra, la mayoría de países ex comunistas retornaron al capitalismo de mercado y encumbraron a Milton Friedman en lugar de a Karl Marx como nuevo dios. Con la nueva religión, sin embargo, no les ha ido bien. Muchos países pueden pensar, en consecuencia, que no sólo el capitalismo ilimitado, de tipo estadounidense, ha fracasado, sino que es el propio concepto de economía de mercado el que ha fallado y ha quedado inutilizado para cualquier circunstancia. El viejo comunismo no regresará, pero sí diversas formas excesivas de intervenir en el mercado. Y fracasarán. Los pobres sufren con el fundamentalismo de mercado, que genera un efecto derrame, pero de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Pero los pobres seguirán sufriendo con este tipo de regímenes, puesto que no generarán crecimiento. Sin crecimiento no puede haber reducción sostenible de la pobreza. No ha habido nunca una economía exitosa que no haya descansado fuertemente en los mercados. La pobreza estimula la desafección. Los inevitables fracasos conducirán a mayor pobreza aún y serán difíciles de gestionar, sobre todo por parte de gobiernos llegados al poder con el propósito de combatir el capitalismo de tipo norteamericano. Las consecuencias para la estabilidad global y para la propia seguridad de los Estados Unidos son evidentes.
Hasta ahora, solía existir una sensación de valores compartidos entre los Estados Unidos y las élites educadas en Estados Unidos alrededor del mundo. La crisis económica ha erosionado la credibilidad de dichas élites. Hemos suministrado a los críticos con la disoluta forma de capitalismo practicada en Estados Unidos, poderosa munición para contraatacar con la prédica de una más amplia filosofía anti-mercado. Y seguimos proporcionándoles más y más munición. Mientras en la reciente cumbre del G-20 nos comprometíamos a no impulsar el proteccionismo, colocábamos una previsión de “compre norteamericano” en nuestro propio paquete de estímulos. Luego, para ablandar la oposición de nuestros aliados europeos, modificábamos dicha norma, de todo punto discriminatoria en relación con los países pobres. La globalización nos ha hecho más interdependientes; lo que ocurre en una parte del mundo afecta a la otra, un hecho probado por el contagio a otros de nuestras dificultades económicas. Para resolver problemas globales, es menester que exista un sentido de cooperación y confianza, así como un cierto sentido de valores compartidos. Esta confianza nunca fue sólida, y no ha hecho sino debilitarse en los últimos tiempos.
La fe en la democracia es otra de las víctimas. En el mundo en desarrollo, la gente mira hacia Washington y ve al sistema de gobierno que permitió a Wall Street prescribir una serie de reglas que pusieron en riesgo la economía global y que, cuando toca asumir las consecuencias, vuelve a recurrir a Wall Street para gestionar la recuperación. Ve permanentes redistribuciones de riqueza hacia la cúspide de la pirámide, claramente a expensas de los ciudadanos comunes y corrientes. Ve, en suma, un problema básico de falta de controles en el sistema democrático estadounidense. Y después que se ha visto todo esto, sólo es necesario dar un pequeño paso para concluir que hay algo que funciona inevitablemente mal con la propia democracia.
Eventualmente, la economía estadounidense se recuperará y, hasta cierto punto, nuestro prestigio en el extranjero. Durante mucho tiempo, los Estados Unidos fueron el país más admirado del mundo, y todavía es el más rico. Guste o no, nuestras acciones están sujetas a permanente examen. Nuestros éxitos son emulados. Pero nuestras fracasos son criticados con escarnio. Todo esto me devuelve a Francis Fukuyama. Fukuyama estaba equivocado al pensar que las fuerzas de la democracia liberal y de la economía de mercado triunfarían de modo inevitable y que no habría vuelta atrás. Pero no estaba equivocado al creer que la democracia y las fuerzas de mercado son esenciales para tener un mundo justo y próspero. La crisis económica, en buena medida desencadenada por el comportamiento de los Estados Unidos, ha hecho más daño a estos valores fundamentales que cualquier régimen totalitario en los tiempos recientes. Tal vez sea verdad que el mundo se encamina al fin de la historia, pero de lo que se trata, ahora, es de navegar contra el viento y de ser capaces de definir el curso de las cosas.
Joseph Stiglitz es profesor de teoría económica en la Universidad de Columbia, fue presidente del Council of Economic Advisers entre 1995 y 1997, y ganó el Premio Nobel de Economía en 2001. Actualmente, preside la Comisión de Expertos nombrada por el Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas para el estudio de reformas en el sistema monetario y financiero internacional.
Traducción: Xavier Layret
Sinpermiso
Joseph Stiglitz
15-06-2009 - Toda crisis tiene un final, y aunque hoy por hoy las cosas pintan negras, también esta crisis económica pasará. Lo cierto, en todo caso, es que ninguna crisis, y mucho menos una tan grave como la actual, remite sin dejar un legado. Uno de los legados de esta crisis será una batalla de alcance global en torno a ideas. O mejor, en torno a qué tipo de sistema económico será capaz de traer el máximo beneficio para la mayor cantidad de gente. En ningún sitio esa batalla es más enconada que en el Tercer Mundo. Alrededor del 80 por ciento de la población mundial vive en Asia, América Latina y África. De entre ellos, unos 1.400 millones subsisten con menos de 1.25 dólares diarios. En los Estados Unidos, llamar a alguien socialista puede no ser más que una descalificación exagerada. En buena parte del mundo, sin embargo, la batalla entre capitalismo y socialismo –o al menos entre lo que muchos estadounidenses considerarían socialismo- sigue estando en el orden del día. Es posible que la crisis actual no depare ganadores. Pero sin duda ha producido perdedores, y entre éstos ocupan un lugar destacado los defensores del tipo de capitalismo practicado en los Estados Unidos. En el futuro, de hecho, viviremos las consecuencias de esta constatación.
La caída del Muro de Berlín, en 1989, marcó el fin del comunismo como una idea viable. Ciertamente, el comunismo arrastraba problemas manifiestos desde hace décadas. Pero tras 1989 se volvió muy difícil salir en su defensa de manera convincente. Durante un tiempo, pareció que la derrota del comunismo suponía la victoria segura del capitalismo, particularmente del capitalismo de tipo estadounidense. Francis Fukuyama llegó a proclamar “el fin de la historia”, definió al capitalismo de mercado democrático como el último escalón del desarrollo social y declaró que la humanidad toda avanzaría en esa dirección. En rigor, los historiadores señalarán los 20 años siguientes a 1989 como el breve período del triunfalismo estadounidense. El colapso de los grandes bancos y de las entidades financieras, el subsiguiente descontrol económico y los caóticos intentos de rescate han dado al traste con ese período. Y también con el debate acerca del “fundamentalismo de mercado”, con la idea de que los mercados, sin control ni restricción alguna, pueden por sí solos asegurar prosperidad económica y crecimiento. Hoy, sólo el autoengaño podría llevar a alguien a afirmar que los mercados pueden auto-regularse o que basta confiar en el auto-interés de los participantes en el mercado para garantizar que las cosas funcionen correctamente y de forma honesta.
El debate económico es especialmente intenso en el mundo en vías de desarrollo. Aunque aquí en occidente tendemos a olvidarlo, hace 190 años una tercera parte del producto bruto mundial se generaba en China. Luego, y de una manera un tanto repentina, la explotación colonial y los injustos acuerdos comerciales, combinados con una revolución tecnológica en Estados Unidos y Europa, condenaron al rezago a los países en desarrollo. A resultas de ello, hacia 1950 la economía china representaba menos del 5 por ciento del producto bruto mundial. A mediados del siglo XIX, en realidad, el Reino Unido y Francia tuvieron que emprender una guerra para abrir China al comercio global. Esta fue la “segunda guerra del opio”, llamada así porque los países occidentales tenían muy poco que vender a China a excepción de estas drogas, que pronto invadieron sus mercados y generaron una amplia adicción entre la población. Con esta guerra, occidente ensayaba una vía temprana de corrección de la balanza de pagos.
El colonialismo dejó una herencia compleja en el mundo en desarrollo. Entre la mayoría de la población, sin embargo, la visión dominante era que habían sido cruelmente explotados. Para muchos nuevos líderes, la teoría marxista ofrecía una interpretación sugerente de esta experiencia, puesto que sostenía que la explotación era en realidad el motor del sistema capitalista. Por eso, la independencia política que las colonias conquistaron tras la segunda guerra mundial no supuso el fin del colonialismo económico. En algunas regiones, como África, la explotación –la extracción de recursos naturales y la devastación del ambiente a cambio de migajas- era evidente. En otros sitios fue más sutil. En diferentes regiones del mundo, instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial pasaron a ser vistas como instrumentos de control pos-colonial. Estas instituciones propiciaron el fundamentalismo de mercado (o “neoliberalismo”, como fue a menudo llamado) una categoría idealizada por los estadounidenses como “mercados libres e irrestrictos”. Asimismo, presionaron a favor de la desregulación del sector financiero, de las privatizaciones y de la liberalización del comercio.
El Banco Mundial y el FMI aseguraban que todo lo hacían por el bien de los países en desarrollo. Su actuación estaba respaldada por equipos de economistas partidarios del libre mercado, muchos de ellos provenientes de la catedral de la economía de libre mercado, la Universidad de Chicago. Al final, los programas de los ‘Chicago boys’ no trajeron los resultados prometidos. Los ingresos se estancaron. Allí donde hubo crecimiento, la riqueza fue a parar a los estratos más altos. Las crisis económicas en países concretos se volvieron cada vez más frecuentes. Sólo en los últimos 30 años, de hecho, se produjeron más de cien de considerable gravedad.
En este contexto, no sorprende que las poblaciones de los países en desarrollo creyeran cada vez menos en las motivaciones altruistas de Occidente. Sospechaban que la retórica de la economía libre de mercado –lo que pronto se conoció como “el Consenso de Washington”- era sólo la cobertura de los intereses comerciales de siempre. Estas sospechas se vieron reforzadas por la propia hipocresía de los países occidentales. Europa y Estados Unidos no abrieron sus propios mercados a la agricultura producida en el Tercer Mundo, que con frecuencia era todo lo que estos países podían ofrecer. Por el contrario, los forzaron a eliminar subsidios necesarios para la creación de nuevas industrias, a pesar de que ellos otorgaban subsidios a sus propios agricultores.
La ideología del libre mercado resultó ser una excusa para acometer nuevas formas de explotación. “Privatizar” quería decir que los extranjeros podían comprar minas y campos petrolíferos a bajo precio en los países en desarrollo. Suponía que podían extraer considerables beneficios de actividades monopólicas y semi-monopólicas como las telecomunicaciones. “Liberalizar”, por su parte, quería decir que podían obtener créditos con facilidad. Y si las cosas iban mal, el FMI forzaba la socialización de las pérdidas, con lo que el esfuerzo de pagar a los bancos recaía sobre la población en su conjunto. También comportaba que las empresas extranjeras pudieran arrasar con las industrias emergentes, bloqueando el despliegue del talento empresarial local. El capital fluía libremente, pero el trabajo no, salvo en el caso de los individuos mejor dotados, que podían encontrar un empleo en el mercado global.
Obviamente, éstos no son más que brochazos de un cuadro más complejo. En Asia, por ejemplo, siempre hubieron resistencias al Consenso de Washington e incluso restricciones a la libre circulación de capital. Los gigantes asiáticos –China e India- condujeron la economía a su manera y obtuvieron inéditos índices de crecimiento. Pero en general, y sobre todo en aquellos países en los que el Banco Mundial y el FMI controlaron las riendas, las cosas no fueron demasiado bien.
Para los críticos del capitalismo estadounidense en el Tercer Mundo, la manera en que los Estados Unidos han respondido a la crisis constituye la gota que colma el vaso. Durante la crisis del sudeste asiático, hace apenas una década, los Estados Unidos y el FMI exigieron que los países afectados redujeran el déficit a través de recortes en el gasto social. Poco importó que en países como Tailandia estas medidas contribuyeran a un resurgimiento de la epidemia del SIDA, o que en otros como Indonesia comportara el recorte de subsidios para la alimentación de los hambrientos. Estados Unidos y el FMI forzaron a estos países a aumentar los tipos de interés, en algunos casos en más de un 50 por ciento. Urgieron a Indonesia que fuera dura con los bancos y al gobierno que no acudiera en su rescate ¡Qué peligroso precedente! –dijeron- ¡qué tremenda intervención en el delicado mecanismo de relojería del libre mercado!
El contraste entre la reacción exhibida ante las crisis asiática y estadounidense es notorio y no ha pasado inadvertido. Para sacar a Estados Unidos del pozo, somos testigos de incrementos masivos del gasto y del déficit, así como de tasas de interés que prácticamente han sido reducidas a cero. Las ayudas a los bancos fluyen a diestra y siniestra. Algunos de los funcionarios de Washington que tuvieron que lidiar con la crisis asiática son ahora los encargados de dar respuestas a la crisis estadounidense ¿Por qué los Estados Unidos –se pregunta la gente del Tercer Mundo- prescriben una medicina diferente cuando se trata de sí mismos?
En los países en desarrollo, son muchos los que aún padecen los efectos del sermoneo recibido en los últimos años: adoptad instituciones como las de los Estados Unidos; seguid nuestras políticas; comprometeos con la desregulación; abrid vuestros mercados a los bancos norteamericanos si queréis aprender “buenas” prácticas bancarias; y vended (no por casualidad) vuestras empresas y bancos a los Estados Unidos, especialmente si es a precio de ganga durante las épocas de crisis. Sí, reconocía Washington, puede ser doloroso, pero al final estaréis mejor. Los Estados Unidos enviaron a sus Secretarios del Tesoro (de ambos partidos) alrededor del mundo a predicar la buena nueva. A ojos de muchos, la puerta giratoria que permite a los líderes financieros norteamericanos pasar cómodamente de Wall Street a Washington y otra vez a Wall Street, les otorgaba todavía más credibilidad: parecían combinar a la perfección el poder del dinero y el poder de la política. Los líderes financieros norteamericanos tenían razón en pensar que lo que era bueno para los Estados Unidos o el mundo era bueno para los mercados financieros. Pero lo contrario no era cierto: no todo lo que era bueno para Wall Street era bueno para los Estados Unidos y el mundo.
No es un simple gesto de Schadenfreude, de alegría por la desgracia ajena, lo que motiva el severo juicio que los países en vías desarrollo realizan del fracaso económico de Estados Unidos. También está en juego la necesidad de discernir cuál es el sistema económico que mejor puede funcionar en el futuro. Indudablemente, estos países tienen todo el interés del mundo en que ver una pronta recuperación de los Estados Unidos. Saben que por sí solos no podrían afrontar lo que los Estados Unidos han hecho para intentar revivir su economía. Saben que ni siquiera el elevado nivel de gasto realizado está funcionando demasiado rápido. Saben que a resultas del colapso económico norteamericano, 200 millones de personas más han caído en la pobreza en el curso de los últimos años. Pero están convencidos, cada vez más, de que cualquier ideal económico propugnado por los Estados Unidos es un ideal del que seguramente habría que huir.
¿Por qué debería preocuparnos la desilusión del mundo con el modelo estadounidense de capitalismo? La ideología que promovimos todos estos años ha dejado de funcionar, pero tal vez esté bien que no pueda repararse ¿Podríamos acaso sobrevivir –incluso tan bien como hasta ahora- si nadie se adhiere al modo de vida norteamericano?
Seguramente, nuestra influencia disminuirá, ya que es poco probable que se nos considere un modelo a seguir. En cualquier caso, es lo que ya estaba ocurriendo de hecho. Los Estados Unidos solían desempeñar un papel crucial en el capital global, ya que otros pensaban que teníamos un especial talento para lidiar con el riesgo y para asignar recursos financieros. Hoy nadie piensa algo así, y Asia – de donde proceden buena parte de los ahorros del mundo - ya está desarrollando sus propios centros financieros. Hemos dejado de ser la fuente central del capital. Los tres bancos más importantes del mundo son ahora chinos. El principal banco norteamericano ha caído al quinto puesto.
El dólar ha sido durante mucho tiempo la moneda de reserva. Los países tenían al dólar como referencia para determinar la confianza en sus propias monedas y gobiernos. Sin embargo, progresivamente se ha ido imponiendo en los bancos centrales de diferentes partes del mundo la idea de que el dólar puede no ser un referente de valor. Su valor, de hecho, ha oscilado y ha ido cayendo. El enorme incremento de la deuda norteamericana durante la presente crisis, combinado con los préstamos indiscriminados de la Reserva Federal, han disparado las especulaciones en torno al futuro del dólar. Los chinos han sugerido de manera abierta la posibilidad de inventar algún tipo nuevo de moneda para reemplazarlo.
Mientras tanto, el coste de lidiar con la crisis está desbordando nuestras necesidades. Nunca hemos sido generosos en nuestra ayuda a los países pobres. Pero las cosas están empeorando. En los últimos años, la las inversiones chinas en África han sido superiores a las del Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo juntos, muy lejos de las realizadas por Estados Unidos. Para afrontar la crisis, los países africanos corren a Beijing en busca de ayuda, no a Washington.
Mi preocupación aquí, en todo caso, tiene que ver con el ámbito de las ideas. Me preocupa que, a medida que se vean con mayor nitidez las fallas del sistema económico y social norteamericano, las personas de los países en desarrollo vayan a extraer conclusiones erróneas. Sólo unos pocos países -y acaso los propios Estados Unidos- aprenderán correctamente la lección. Se darán cuenta de que para salir adelante es necesario un régimen en el que el reparto de papeles entre mercado y gobierno sea equilibrado y en el que haya un estado fuerte capaz de administrar formas efectivas de regulación. Se darán cuenta de que el poder de los intereses privados debe limitarse.
Otros países, empero, sacarán conclusiones más confusas y profundamente trágicas. Tras el fracaso de sus sistemas de posguerra, la mayoría de países ex comunistas retornaron al capitalismo de mercado y encumbraron a Milton Friedman en lugar de a Karl Marx como nuevo dios. Con la nueva religión, sin embargo, no les ha ido bien. Muchos países pueden pensar, en consecuencia, que no sólo el capitalismo ilimitado, de tipo estadounidense, ha fracasado, sino que es el propio concepto de economía de mercado el que ha fallado y ha quedado inutilizado para cualquier circunstancia. El viejo comunismo no regresará, pero sí diversas formas excesivas de intervenir en el mercado. Y fracasarán. Los pobres sufren con el fundamentalismo de mercado, que genera un efecto derrame, pero de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Pero los pobres seguirán sufriendo con este tipo de regímenes, puesto que no generarán crecimiento. Sin crecimiento no puede haber reducción sostenible de la pobreza. No ha habido nunca una economía exitosa que no haya descansado fuertemente en los mercados. La pobreza estimula la desafección. Los inevitables fracasos conducirán a mayor pobreza aún y serán difíciles de gestionar, sobre todo por parte de gobiernos llegados al poder con el propósito de combatir el capitalismo de tipo norteamericano. Las consecuencias para la estabilidad global y para la propia seguridad de los Estados Unidos son evidentes.
Hasta ahora, solía existir una sensación de valores compartidos entre los Estados Unidos y las élites educadas en Estados Unidos alrededor del mundo. La crisis económica ha erosionado la credibilidad de dichas élites. Hemos suministrado a los críticos con la disoluta forma de capitalismo practicada en Estados Unidos, poderosa munición para contraatacar con la prédica de una más amplia filosofía anti-mercado. Y seguimos proporcionándoles más y más munición. Mientras en la reciente cumbre del G-20 nos comprometíamos a no impulsar el proteccionismo, colocábamos una previsión de “compre norteamericano” en nuestro propio paquete de estímulos. Luego, para ablandar la oposición de nuestros aliados europeos, modificábamos dicha norma, de todo punto discriminatoria en relación con los países pobres. La globalización nos ha hecho más interdependientes; lo que ocurre en una parte del mundo afecta a la otra, un hecho probado por el contagio a otros de nuestras dificultades económicas. Para resolver problemas globales, es menester que exista un sentido de cooperación y confianza, así como un cierto sentido de valores compartidos. Esta confianza nunca fue sólida, y no ha hecho sino debilitarse en los últimos tiempos.
La fe en la democracia es otra de las víctimas. En el mundo en desarrollo, la gente mira hacia Washington y ve al sistema de gobierno que permitió a Wall Street prescribir una serie de reglas que pusieron en riesgo la economía global y que, cuando toca asumir las consecuencias, vuelve a recurrir a Wall Street para gestionar la recuperación. Ve permanentes redistribuciones de riqueza hacia la cúspide de la pirámide, claramente a expensas de los ciudadanos comunes y corrientes. Ve, en suma, un problema básico de falta de controles en el sistema democrático estadounidense. Y después que se ha visto todo esto, sólo es necesario dar un pequeño paso para concluir que hay algo que funciona inevitablemente mal con la propia democracia.
Eventualmente, la economía estadounidense se recuperará y, hasta cierto punto, nuestro prestigio en el extranjero. Durante mucho tiempo, los Estados Unidos fueron el país más admirado del mundo, y todavía es el más rico. Guste o no, nuestras acciones están sujetas a permanente examen. Nuestros éxitos son emulados. Pero nuestras fracasos son criticados con escarnio. Todo esto me devuelve a Francis Fukuyama. Fukuyama estaba equivocado al pensar que las fuerzas de la democracia liberal y de la economía de mercado triunfarían de modo inevitable y que no habría vuelta atrás. Pero no estaba equivocado al creer que la democracia y las fuerzas de mercado son esenciales para tener un mundo justo y próspero. La crisis económica, en buena medida desencadenada por el comportamiento de los Estados Unidos, ha hecho más daño a estos valores fundamentales que cualquier régimen totalitario en los tiempos recientes. Tal vez sea verdad que el mundo se encamina al fin de la historia, pero de lo que se trata, ahora, es de navegar contra el viento y de ser capaces de definir el curso de las cosas.
Joseph Stiglitz es profesor de teoría económica en la Universidad de Columbia, fue presidente del Council of Economic Advisers entre 1995 y 1997, y ganó el Premio Nobel de Economía en 2001. Actualmente, preside la Comisión de Expertos nombrada por el Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas para el estudio de reformas en el sistema monetario y financiero internacional.
Traducción: Xavier Layret
Sinpermiso
9.6.09
A dónde va la Unión Europea.Vicenç Navarro
El carácter público del Estado de Bienestar en lugar de ser una carga para la eficiencia económica, como asumen los economistas liberales, es una gran ventaja; es más económico, eficiente, justo y humano.
Vicenç Navarro
08-06-2009 - En la construcción europea hay un momento de gran importancia. Ocurre en Lisboa, en el año 2000, y es cuando se aprueba la llamada Estrategia de Lisboa, en la que se establece como objetivo “alcanzar a ser, en diez años, la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo”. Aunque no constó en el documento, lo que aquel objetivo indicaba (y así estaba en la mente de muchos de los promotores de aquella estrategia) era la necesidad de sobrepasar en el año 2010 la eficiencia económica y nivel de riqueza de EEUU. Para conseguir tal objetivo se consideraba que debían hacerse varias reformas, que en la práctica significaban la adopción en la Unión Europea del “modelo liberal estadounidense”. En cierta manera, era el triunfo de la vía anglosajona liberal, (representada por la Administración Clinton en EEUU y por la Tercera Vía en Gran Bretaña), que se había extendido a lo largo de la Unión Europea durante los años noventa. Varios gobiernos socialdemócratas hicieron suya tal vía, convirtiéndose en partidos socioliberales. Dentro de ellos, el gobierno socialdemócrata alemán, dirigido por Schroeder, fue el que llegó más lejos, con el plan 2010, con la incorporación de políticas socioliberales en sus políticas públicas. No fue el único sin embargo. Y muchos partidos socialdemócratas en la oposición, a la espera de gobernar, enfatizaron la necesidad de modernizarse, abandonando “viejos esquemas”, tales como la importancia de medidas redistributivas o la necesidad de expandir el gasto y las intervenciones públicas. Modernizarse significaba para ellos transformarse en partidos socioliberales. En Italia la transformación fue total. Incluso el nombre del gran Partido gobernante de las izquierdas pasó a llamarse Partido Demócrata (a la imagen y semejanza Partido Demócrata de EEUU). Y en Francia, el gobierno socialista francés privatizó más empresas públicas que las que privatizaron las derechas durante el periodo post II Guerra Mundial. La privatización era la moda y así se hizo.
Los dirigentes de tal estrategia de Lisboa, fueran de la sensibilidad que fueran, eran conscientes de que muchas de las propuestas de la estrategia de Lisboa (como la reducción de gasto público, la privatización del estado del bienestar, la reducción de los beneficios sociales y laborales, la desregulación de los mercados de trabajo, el retraso de la edad de jubilación, entre otras medidas) eran altamente impopulares y no se aprobarían en los Parlamentos nacionales. De ahí que un elemento importante de la estrategia de Lisboa fuera el desplazar estas medidas a la Unión Europea, cuyo déficit democrático era notorio, con lo cual tales medidas podrían aprobarse en aquel nivel. Es más, la incorporación de los países del Este de Europa a la Unión Europea significaba el enorme reforzamiento del pensamiento liberal en la UE. Inmunizados contra cualquier intervención del Estado (resultado de su experiencia bajo regimenes comunistas), las élites gobernantes en el Este de Europa adoptaron el otro polo opuesto, el modelo liberal (con el claro apoyo del gobierno federal de EEUU, su mentor, y de su aliado, el gobierno laborista de Gran Bretaña).
LOS PROBLEMAS DE LA ESTRATEGIA DE LISBOA
Uno de los más obvios era asumir que Europa era menos competitiva que EEUU y que para superar a la economía estadounidense se tenían que incorporar elementos del “modelo liberal estadounidense” a la economía europea. Lo que se ignoraba en este supuesto es que muchos países de la UE eran ya más eficientes que EEUU. Si consideramos la productividad por hora trabajada en EEUU como el punto de referencia (100) vemos que varios países europeos tenían ya una productividad mayor (en el año que tal estrategia de Lisboa se aprobó) que EEUU, Francia 103, Austria 109, Bélgica 110, Holanda 106 y Noruega (que no es miembro de la UE) 136. Lo mismo ocurre con el crecimiento anual de la productividad durante el periodo 2000-2007. Tal crecimiento ha sido en EEUU de un 1,4%, semejante al de muchos países en la UE: Alemania 1,2%, Gran Bretaña 1,7%, Dinamarca 1,4%, Finlandia 2,9%, Holanda 4,1%, España 1,9% y Suecia 2,6%. La propuesta de crear la sociedad del conocimiento como manera de sobrepasar la productividad de EEUU ignoraba dos hechos de gran importancia: uno era que la productividad y crecimiento de la productividad, por trabajador, en el promedio de la UE, eran ya entonces (en el año 2000) semejantes, cuando no superiores, a los existentes en EEUU. El segundo hecho era que, como han señalado los informes PISA, EEUU estaba a la cola, no a la cabeza, de la OECD, en el nivel de conocimientos del estudiantado en áreas elementales, como matemáticas, comprensión de lectura, e idiomas. La mayoría de países de la Unión Europea tenían niveles de conocimiento superiores a los de Estados Unidos.
Los distintos niveles de riqueza (medidos en PIB per capita) entre EEUU y la UE, no se deben, por lo tanto, a una menor productividad o a un menor crecimiento de tal productividad. La causa mayor de tal distancia en el nivel de renta es en el número de trabajadores (más alto en EEUU que en la UE, excepto en los países escandinavos) y en el número de horas trabajadas por trabajador. Esto último era debido, en gran parte, a que el número de días de vacaciones era superior en la mayoría de países europeos que en EEUU En realidad, si la población activa en la mayoría de países de la UE fuera tan elevada como en EEUU y el número de horas trabajadas por año en la UE fuera semejante al de EEUU, el PIB por habitante de la UE sería superior al de EEUU. Los sindicatos son más fuertes en la UE que en EEUU y la población ha deseado tener más tiempo libre que tener mayor nivel de riqueza.
El tema, pues, no es tanto la productividad (la obsesión del diseño de la sociedad de conocimiento) sino el número de trabajadores. Las élites gobernantes en la Unión Europea quieren resolver esta situación a través de la inmigración. Un argumento, raramente hecho explícito, a favor de la entrada de Turquía en la UE es precisamente el atractivo de tener una gran cantera de trabajadores inmigrantes para resolver las necesidades de recursos humanos de los países de la UE y muy en particular de la UE-15. Esta posibilidad atemoriza, con razón, a grandes sectores de la clase trabajadora no cualificada, pues esta inmigración supone una mayor competitividad por puestos de trabajo y por recursos sociales (que en muchos países europeos no están garantizados por el estado como derechos universales, sino que son graciales, dependiendo del nivel de renta de la población). Y, en contra de lo que se acentúa en el discurso “políticamente correcto”, los datos señalan claramente que la inmigración tiene un impacto negativo en el nivel salarial del sector en el que trabajan, situación lógica, pues el mundo empresarial paga salarios más bajos a los inmigrantes que, al estar en situación vulnerable, aceptan condiciones de trabajo más duras y salarios más bajos. Ignorar esta realidad ha significado el desplazamiento electoral de sectores de la clase trabajadora a opciones ultraderechistas xenófobas. No es racista el más ignorante, sino el más inseguro. Y hoy, en la UE, hay mucha inseguridad entre las clases populares.
De ahí que una alternativa mejor para resolver la escasez de recursos humanos, sea la de potenciar la entrada de la mujer al mercado de trabajo para alcanzar el nivel de población que trabaja existente en EEUU. Si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, España tendría tres millones más de trabajadoras, pagando impuestos y creando riqueza. Y si tal porcentaje de participación de la mujer en el mercado de trabajo fuera en todos los países de la UE como lo es en Suecia, el número de trabajadores nuevos sería superior al que se conseguiría con la entrada de Turquía en la UE. Esta entrada de la mujer al mercado de trabajo requiere una expansión del Estado de Bienestar y muy en especial, la expansión del 4º pilar del estado del bienestar (los servicios de ayuda a las familias como escuelas de infancia y servicios de ayuda a las personas con dependencia) para facilitar la integración de las mujeres.
EL ERROR DE PRIVATIZAR EL ESTADO DE BIENESTAR. EL EJEMPLO DE EEUU
Los pensadores socioliberales (de los cuales el más prolífico es Anthony Giddens) se oponen a la expansión de los servicios públicos y del gasto público, por asumir que tal expansión afecta negativamente a la eficiencia económica y a su competitividad. Constantemente se refieren a EEUU como ejemplo por la competitividad de sus empresas y como modelo de eficiencia económica, señalando a sus mercados de trabajo con su supuesta gran flexibilidad, como punto de referencia necesario para la UE. Existe, sin embargo, gran confusión referente a la supuesta rigidez y falta de flexibilidad en los mercados de trabajo. La flexibilidad laboral tiene cuatro dimensiones: 1) movilidad de un sector de empleo a otro, 2) movilidad de un territorio a otro, 3) movilidad de un puesto de trabajo a otro y 4) movilidad de entrada y salida del mercado de trabajo. Existen cuatro tipos de flexibilidades y por lo tanto de rigideces. No todas ellas están relacionadas. EEUU es muy móvil en movilidad 4 pero no tanto en movilidades 1, 2 y 3 y ello como consecuencia de la privatización del Estado de Bienestar, uno de los problemas mayores que EEUU tiene y que hace a las empresas estadounidenses menos competitivas. Los beneficios sanitarios, por ejemplo, se proveen con las aportaciones de los empresarios y trabajadores a las compañías de seguro privados, las cuales contratan la provisión de servicios con los médicos y hospitales privados. La extensión de la cobertura sanitaria (qué servicios y diagnósticos están cubiertos y cuáles no) depende de la negociación colectiva en los convenios altamente descentralizados. Cuando un trabajador deja su puesto de trabajo pierde su cobertura sanitaria y la de su familia, lo que explica la resistencia a cambiar de un puesto de trabajo a otro. Ello añade una enorme rigidez al mercado de trabajo. Es más, el empresario tiene que pagar parte de su póliza a las compañías de seguro sanitario, coste que le supone una cantidad significativa. El mayor coste de producción de la industria automovilística (1.500 dólares por coche) es la póliza sanitaria para sus empleados. Toyota en Japón paga solo 97 dólares por coche (pagando en impuestos en lugar de en aseguramiento privado). Una de las políticas domésticas más importantes de la Administración Obama es, precisamente, hacer algo para controlar esta situación que añade una enorme rigidez a los mercados laborales.
El carácter público del Estado de Bienestar en lugar de ser una carga para la eficiencia económica, como asumen los economistas liberales, es una gran ventaja; es más económico, eficiente, justo y humano (en EEUU el 17% de la población no tiene ninguna cobertura sanitaria). La privatización del Estado del Bienestar que los liberales, incluyendo socioliberales, están pidiendo, está teniendo efectos negativos no sólo en la equidad sino también en la eficiencia económica. De ahí que el futuro de la Unión Europea y de su modelo social requiere la derrota electoral del liberalismo y socioliberalismo y de las políticas liberales promovidas por el establishment actual de la UE. Las centro-izquierdas deben abandonar su liberalismo si quieren ejercer el liderazgo progresista en la UE.
Vicenç Navarro
Fundación Sistema
Vicenç Navarro
08-06-2009 - En la construcción europea hay un momento de gran importancia. Ocurre en Lisboa, en el año 2000, y es cuando se aprueba la llamada Estrategia de Lisboa, en la que se establece como objetivo “alcanzar a ser, en diez años, la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo”. Aunque no constó en el documento, lo que aquel objetivo indicaba (y así estaba en la mente de muchos de los promotores de aquella estrategia) era la necesidad de sobrepasar en el año 2010 la eficiencia económica y nivel de riqueza de EEUU. Para conseguir tal objetivo se consideraba que debían hacerse varias reformas, que en la práctica significaban la adopción en la Unión Europea del “modelo liberal estadounidense”. En cierta manera, era el triunfo de la vía anglosajona liberal, (representada por la Administración Clinton en EEUU y por la Tercera Vía en Gran Bretaña), que se había extendido a lo largo de la Unión Europea durante los años noventa. Varios gobiernos socialdemócratas hicieron suya tal vía, convirtiéndose en partidos socioliberales. Dentro de ellos, el gobierno socialdemócrata alemán, dirigido por Schroeder, fue el que llegó más lejos, con el plan 2010, con la incorporación de políticas socioliberales en sus políticas públicas. No fue el único sin embargo. Y muchos partidos socialdemócratas en la oposición, a la espera de gobernar, enfatizaron la necesidad de modernizarse, abandonando “viejos esquemas”, tales como la importancia de medidas redistributivas o la necesidad de expandir el gasto y las intervenciones públicas. Modernizarse significaba para ellos transformarse en partidos socioliberales. En Italia la transformación fue total. Incluso el nombre del gran Partido gobernante de las izquierdas pasó a llamarse Partido Demócrata (a la imagen y semejanza Partido Demócrata de EEUU). Y en Francia, el gobierno socialista francés privatizó más empresas públicas que las que privatizaron las derechas durante el periodo post II Guerra Mundial. La privatización era la moda y así se hizo.
Los dirigentes de tal estrategia de Lisboa, fueran de la sensibilidad que fueran, eran conscientes de que muchas de las propuestas de la estrategia de Lisboa (como la reducción de gasto público, la privatización del estado del bienestar, la reducción de los beneficios sociales y laborales, la desregulación de los mercados de trabajo, el retraso de la edad de jubilación, entre otras medidas) eran altamente impopulares y no se aprobarían en los Parlamentos nacionales. De ahí que un elemento importante de la estrategia de Lisboa fuera el desplazar estas medidas a la Unión Europea, cuyo déficit democrático era notorio, con lo cual tales medidas podrían aprobarse en aquel nivel. Es más, la incorporación de los países del Este de Europa a la Unión Europea significaba el enorme reforzamiento del pensamiento liberal en la UE. Inmunizados contra cualquier intervención del Estado (resultado de su experiencia bajo regimenes comunistas), las élites gobernantes en el Este de Europa adoptaron el otro polo opuesto, el modelo liberal (con el claro apoyo del gobierno federal de EEUU, su mentor, y de su aliado, el gobierno laborista de Gran Bretaña).
LOS PROBLEMAS DE LA ESTRATEGIA DE LISBOA
Uno de los más obvios era asumir que Europa era menos competitiva que EEUU y que para superar a la economía estadounidense se tenían que incorporar elementos del “modelo liberal estadounidense” a la economía europea. Lo que se ignoraba en este supuesto es que muchos países de la UE eran ya más eficientes que EEUU. Si consideramos la productividad por hora trabajada en EEUU como el punto de referencia (100) vemos que varios países europeos tenían ya una productividad mayor (en el año que tal estrategia de Lisboa se aprobó) que EEUU, Francia 103, Austria 109, Bélgica 110, Holanda 106 y Noruega (que no es miembro de la UE) 136. Lo mismo ocurre con el crecimiento anual de la productividad durante el periodo 2000-2007. Tal crecimiento ha sido en EEUU de un 1,4%, semejante al de muchos países en la UE: Alemania 1,2%, Gran Bretaña 1,7%, Dinamarca 1,4%, Finlandia 2,9%, Holanda 4,1%, España 1,9% y Suecia 2,6%. La propuesta de crear la sociedad del conocimiento como manera de sobrepasar la productividad de EEUU ignoraba dos hechos de gran importancia: uno era que la productividad y crecimiento de la productividad, por trabajador, en el promedio de la UE, eran ya entonces (en el año 2000) semejantes, cuando no superiores, a los existentes en EEUU. El segundo hecho era que, como han señalado los informes PISA, EEUU estaba a la cola, no a la cabeza, de la OECD, en el nivel de conocimientos del estudiantado en áreas elementales, como matemáticas, comprensión de lectura, e idiomas. La mayoría de países de la Unión Europea tenían niveles de conocimiento superiores a los de Estados Unidos.
Los distintos niveles de riqueza (medidos en PIB per capita) entre EEUU y la UE, no se deben, por lo tanto, a una menor productividad o a un menor crecimiento de tal productividad. La causa mayor de tal distancia en el nivel de renta es en el número de trabajadores (más alto en EEUU que en la UE, excepto en los países escandinavos) y en el número de horas trabajadas por trabajador. Esto último era debido, en gran parte, a que el número de días de vacaciones era superior en la mayoría de países europeos que en EEUU En realidad, si la población activa en la mayoría de países de la UE fuera tan elevada como en EEUU y el número de horas trabajadas por año en la UE fuera semejante al de EEUU, el PIB por habitante de la UE sería superior al de EEUU. Los sindicatos son más fuertes en la UE que en EEUU y la población ha deseado tener más tiempo libre que tener mayor nivel de riqueza.
El tema, pues, no es tanto la productividad (la obsesión del diseño de la sociedad de conocimiento) sino el número de trabajadores. Las élites gobernantes en la Unión Europea quieren resolver esta situación a través de la inmigración. Un argumento, raramente hecho explícito, a favor de la entrada de Turquía en la UE es precisamente el atractivo de tener una gran cantera de trabajadores inmigrantes para resolver las necesidades de recursos humanos de los países de la UE y muy en particular de la UE-15. Esta posibilidad atemoriza, con razón, a grandes sectores de la clase trabajadora no cualificada, pues esta inmigración supone una mayor competitividad por puestos de trabajo y por recursos sociales (que en muchos países europeos no están garantizados por el estado como derechos universales, sino que son graciales, dependiendo del nivel de renta de la población). Y, en contra de lo que se acentúa en el discurso “políticamente correcto”, los datos señalan claramente que la inmigración tiene un impacto negativo en el nivel salarial del sector en el que trabajan, situación lógica, pues el mundo empresarial paga salarios más bajos a los inmigrantes que, al estar en situación vulnerable, aceptan condiciones de trabajo más duras y salarios más bajos. Ignorar esta realidad ha significado el desplazamiento electoral de sectores de la clase trabajadora a opciones ultraderechistas xenófobas. No es racista el más ignorante, sino el más inseguro. Y hoy, en la UE, hay mucha inseguridad entre las clases populares.
De ahí que una alternativa mejor para resolver la escasez de recursos humanos, sea la de potenciar la entrada de la mujer al mercado de trabajo para alcanzar el nivel de población que trabaja existente en EEUU. Si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, España tendría tres millones más de trabajadoras, pagando impuestos y creando riqueza. Y si tal porcentaje de participación de la mujer en el mercado de trabajo fuera en todos los países de la UE como lo es en Suecia, el número de trabajadores nuevos sería superior al que se conseguiría con la entrada de Turquía en la UE. Esta entrada de la mujer al mercado de trabajo requiere una expansión del Estado de Bienestar y muy en especial, la expansión del 4º pilar del estado del bienestar (los servicios de ayuda a las familias como escuelas de infancia y servicios de ayuda a las personas con dependencia) para facilitar la integración de las mujeres.
EL ERROR DE PRIVATIZAR EL ESTADO DE BIENESTAR. EL EJEMPLO DE EEUU
Los pensadores socioliberales (de los cuales el más prolífico es Anthony Giddens) se oponen a la expansión de los servicios públicos y del gasto público, por asumir que tal expansión afecta negativamente a la eficiencia económica y a su competitividad. Constantemente se refieren a EEUU como ejemplo por la competitividad de sus empresas y como modelo de eficiencia económica, señalando a sus mercados de trabajo con su supuesta gran flexibilidad, como punto de referencia necesario para la UE. Existe, sin embargo, gran confusión referente a la supuesta rigidez y falta de flexibilidad en los mercados de trabajo. La flexibilidad laboral tiene cuatro dimensiones: 1) movilidad de un sector de empleo a otro, 2) movilidad de un territorio a otro, 3) movilidad de un puesto de trabajo a otro y 4) movilidad de entrada y salida del mercado de trabajo. Existen cuatro tipos de flexibilidades y por lo tanto de rigideces. No todas ellas están relacionadas. EEUU es muy móvil en movilidad 4 pero no tanto en movilidades 1, 2 y 3 y ello como consecuencia de la privatización del Estado de Bienestar, uno de los problemas mayores que EEUU tiene y que hace a las empresas estadounidenses menos competitivas. Los beneficios sanitarios, por ejemplo, se proveen con las aportaciones de los empresarios y trabajadores a las compañías de seguro privados, las cuales contratan la provisión de servicios con los médicos y hospitales privados. La extensión de la cobertura sanitaria (qué servicios y diagnósticos están cubiertos y cuáles no) depende de la negociación colectiva en los convenios altamente descentralizados. Cuando un trabajador deja su puesto de trabajo pierde su cobertura sanitaria y la de su familia, lo que explica la resistencia a cambiar de un puesto de trabajo a otro. Ello añade una enorme rigidez al mercado de trabajo. Es más, el empresario tiene que pagar parte de su póliza a las compañías de seguro sanitario, coste que le supone una cantidad significativa. El mayor coste de producción de la industria automovilística (1.500 dólares por coche) es la póliza sanitaria para sus empleados. Toyota en Japón paga solo 97 dólares por coche (pagando en impuestos en lugar de en aseguramiento privado). Una de las políticas domésticas más importantes de la Administración Obama es, precisamente, hacer algo para controlar esta situación que añade una enorme rigidez a los mercados laborales.
El carácter público del Estado de Bienestar en lugar de ser una carga para la eficiencia económica, como asumen los economistas liberales, es una gran ventaja; es más económico, eficiente, justo y humano (en EEUU el 17% de la población no tiene ninguna cobertura sanitaria). La privatización del Estado del Bienestar que los liberales, incluyendo socioliberales, están pidiendo, está teniendo efectos negativos no sólo en la equidad sino también en la eficiencia económica. De ahí que el futuro de la Unión Europea y de su modelo social requiere la derrota electoral del liberalismo y socioliberalismo y de las políticas liberales promovidas por el establishment actual de la UE. Las centro-izquierdas deben abandonar su liberalismo si quieren ejercer el liderazgo progresista en la UE.
Vicenç Navarro
Fundación Sistema
La quiebra forzada de General Motors: lo que nadie explica. Greg Palast
Stevie la Rata tiene un plan siniestro para GM: usar los fondos de pensiones de la empresa para pagar los 6 mil millones de dólares que ésta debe a instituciones crediticias como JP Morgan y Citibank.
09-06-2009 - Atornillar a los trabajadores del automóvil
Puede que hoy [4 de junio] haya llantina general por la quiebra de GM. Pero enterrar en masa 40.000 de los últimos 60.000 puestos de trabajo con afiliación sindical no le estropeará el día a Jamie Dimon. Dimon es el presidente del consejo de administración del banco JP Morgan. Mientras que los trabajadores de GM pierden sus beneficios de asistencia sanitaria en la jubilación, sus puestos de trabajo, los ahorros de toda una vida; mientras que los accionistas se quedan sin nada de nada, y muchos acreedores, con un palmo de narices; un puñado de privilegiados acreedores de GM –encabezados por Morgan y Citibank—, en cambio, esperan recuperar el 100% de sus préstamos a GM, por un estupefaciente monto de 6 mil millones de dólares.
La vía por la que estos bancos conseguirán su premio de 6 mil millones de dólares es de todo punto ilegal. Huele a rata.
A Stevie la Rata, para ser precisos. A Steven Rattner, el “Zar-Zar” de Barak Obama, el hombre que esta mañana ha asumido esencialmente la responsabilidad de ordenar la quiebra de GM.
Cuando una compañía va a la quiebra, todos resultan perjudicados: justa o injustamente, los trabajadores pierden contratos salariales, los accionistas son borrados del mapa y los acreedores se hacen, a lo sumo, con algunos fragmentos. Es la ley. Lo que los trabajadores no pierden nunca son las pensiones (incluidos los fondos para asistencia sanitaria en la vejez), que ya han sido descontadas de sus salarios y retenidas a su nombre.
Pero esta vez no. Stevie el Rata tiene un plan diferente para GM: servirse de los fondos de pensiones para pagar a Morgan y a Citi.
He aquí el esquema: lo que Rattner pide al tribunal de quiebras es, sencillamente, que incaute el dinero que GM debe a los trabajadores en concepto de seguro de asistencia sanitaria en la jubilación. El dinero en efectivo del fondo de seguros sería reemplazado por acciones de GM. El porcentaje estaría entre el 17% y el 25% de las acciones. Sea lo que fuere lo que valgan el 17% o el 25% de las acciones, bueno… a ver quién es el guapo que paga su diálisis con 50 participaciones en el accionariado de una compañía automovilística en bancarrota.
Sin embargo, Citibank y Morgan, dice Rattner, deberían cobrar todo el pastón –6 mil millones de dólares ya, y en efectivo— de una compañía que no puede pagar ni los componentes automovilísticos ni las facturas oftalmológicas de sus trabajadores.
Detención preventiva para las pensiones
Y bien, ¿qué hay de malo en servirse del dinero de los fondos de pensiones en una quiebra? La respuesta, señor Obama, señor profesor de Derecho, es que es ilegal.
En 1974, tras una serie de escandalosas evaporaciones de fondos de pensiones y de retiro acontecidas en la era Nixon, el Congreso aprobó la Ley de Jubilación y de Seguridad Social del Empleado (ERISA, por sus siglas en inglés). ERISA dice que no se pueden tocar los fondos de pensiones de los trabajadores (ni los pagos mensuales, ni el seguro de asistencia sanitaria), del mismo modo que no se puede tampoco tocar el dinero de las cuentas bancarias particulares de los trabajadores.
La ley es jodidamente explícita al respecto: de ningún modo se puede tocar el dinero de las pensiones. Los ejecutivos de la compañía deben guardar esos fondos de jubilación en calidad de “fiduciarios”. Eso es lo que dice la ley, profesor Obama, según queda expuesta en el propio sitio web del Gobierno bajo el epígrafe “Planes y beneficios sanitarios”.
Cualquier empresa norteamericana que vaya corta de dinero en efectivo podría estar tentada de meter la mano en los fondos de jubilación, pero no es su dinero; es lo mismo que el banquero cuando va corto de dinero: no puede tocar tu cuenta bancaria. Los activos de un plan de pensiones son solo para los miembros del plan, no para el señor Dimon, ni para el señor Rubin.
Ello es que ahora, en efecto, la administración Obama está pidiendo que el dinero destinado al bazo envejecido de un trabajador del automóvil sea bombeado para alimento de las criaturas del Programa de Alivio para los Activos en Dificultades (TARP, por sus siglas en inglés). Los trabajadores se quedarán sin trasplantes pulmonares para que Dimon y Rubin puedan seguir zascandileando. Este es otro momento “Guantánamo” para la administración Obama: sintonizar a Nixon para aceptar la detención preventiva de los seguros de salud de los jubilados.
Trocar los dineros en efectivo del fondo por acciones de GM no convierte en legal la acción de ratear los activos destinados a pensiones de GM. Porque el Congreso, preveyendo trucos de este tipo, dejó sentado que las compañías, en tanto que fiduciarias, deben “actuar prudentemente y están obligadas a diversificar las inversiones del plan, a fin de minimizar el riesgo de grandes pérdidas”.
Por “diversificar” en aras a la seguridad no entiende la ley colocar el 100% de los fondos de los trabajadores exclusivamente en las acciones de una compañía quebrada.
Mal y peligroso negocio: el plan de Rattner abre las compuertas para que cualquier compañía bien conectada políticamente –o en trance de desgracia— entre a saco en los fondos de asistencia sanitaria para los jubilados.
La Casa de Rubin
Resulta que se entra a saco en las pensiones, ¿y los bancos, de rositas? ¿Por qué no se pidió a los bancos, como se hizo con los trabajadores y con otros acreedores, que aceptaran acciones de GM?
Como dijo Butch a Sundance, ¿Y quiénes son estos tíos? Recuerden, Morgan y Citi. Son las reinas corporativas del bienestar que se han tragado ya cerca de un tercio de un billón de dólares en ayudas del Tesoro norteamericano y de la Reserva Federal. No por azar, Citi, el gran ganador, ha pagado más de 100 millones de dólares a Robert Rubin, el antiguo secretario del Tesoro. Rubin fue el hombre que le hizo el puente a Obama con los bancos, para atraerse la aceptación y las donaciones de los mismos a su campaña electoral (es, con diferencia, la mayor fuente de las ayudas empresariales que recibió).
Con los últimos céntimos de GM a punto de caer en un bolsillo y con el Tesoro de Obama en el otro bolsillo, lleva razón Jamie Dimon, el hombre de Morgan, al decir que los últimos doce meses probarán que los bancos “están mejor que nunca”.
Lo que nos lleva a una cuestión: ¿no será que la quiebra forzada de GM y la consiguiente eliminación de decenas de miles de puestos de trabajo no son sino una acción de recolecta para financieros favorecidos?
Y ha sido un gran año para Rattner. Mientras que la administración Obama lograba un buen acuerdo merced a toda una juventud de Rattner dedicada a los Sindicatos de Trabajadores del Acero, trataban de ocultar bajo el chasis que Rattner era uno de los privilegiados del selecto grupo de inversores en Cerberus Capital, los propietarios de Chrysler. “Propietario” es aquí un término vagaroso, porque Cerberus era “propietario” de Chrysler en el mismo sentido en que puede decirse que un caníbal es tu “anfitrión” en el almuerzo. Cerberus no pagó nada por Chrysler; al contrario, recibió miles de millones que la empresa alemana Daimler pagó para desprenderse de Chrysler. Cerberus se hizo con el efectivo, para luego cargar al contribuyente norteamericano el muerto de la quiebra de Chrysler. (“Cerberus”, dicho sea entre paréntesis, es un nombre elegido en honor del perro tricéfalo que, en la mitología romana, guarda las puertas del infierno, el Can Cerbero. Sutiles no son estos tíos.)
Aunque Stevie la Rata, al tomar posesión de su cargo como Zar del automóvil, vendió los intereses que tenía en el Can Cerbero, guardián del infierno, nunca renunció a puesto en el negocio de buitres llamado Quadrangle Hedge Fund. La fortuna personal neta de Rattner se estima en unos 50 mil millones de dólares. Tal es el héroe obrero de Obama.
Si diriges un negocio y juegas a toda leche perdiendo los fondos de tus trabajadores, puedes terminar en la cárcel. El plan de Stevie la Rata no es otro que el del Gran Robo de las Pensiones de los Trabajadores del Automóvil. Y no es menos delictivo por el hecho de que sea el mismísmo Presidente quien está al volante del automóvil en fuga.
Greg Palast es economista y periodista. Fue negociador sindical, y es autor de varios superventas, entre los que destacan La mejor democracia que se puede comprar con dinero y Manicomio armado. Es accionista de GM y miembro del sindicato de los trabajadores norteamericanos del automóvil.
Greg Palast
Alternet
Traducción: Casiopea Altisench
09-06-2009 - Atornillar a los trabajadores del automóvil
Puede que hoy [4 de junio] haya llantina general por la quiebra de GM. Pero enterrar en masa 40.000 de los últimos 60.000 puestos de trabajo con afiliación sindical no le estropeará el día a Jamie Dimon. Dimon es el presidente del consejo de administración del banco JP Morgan. Mientras que los trabajadores de GM pierden sus beneficios de asistencia sanitaria en la jubilación, sus puestos de trabajo, los ahorros de toda una vida; mientras que los accionistas se quedan sin nada de nada, y muchos acreedores, con un palmo de narices; un puñado de privilegiados acreedores de GM –encabezados por Morgan y Citibank—, en cambio, esperan recuperar el 100% de sus préstamos a GM, por un estupefaciente monto de 6 mil millones de dólares.
La vía por la que estos bancos conseguirán su premio de 6 mil millones de dólares es de todo punto ilegal. Huele a rata.
A Stevie la Rata, para ser precisos. A Steven Rattner, el “Zar-Zar” de Barak Obama, el hombre que esta mañana ha asumido esencialmente la responsabilidad de ordenar la quiebra de GM.
Cuando una compañía va a la quiebra, todos resultan perjudicados: justa o injustamente, los trabajadores pierden contratos salariales, los accionistas son borrados del mapa y los acreedores se hacen, a lo sumo, con algunos fragmentos. Es la ley. Lo que los trabajadores no pierden nunca son las pensiones (incluidos los fondos para asistencia sanitaria en la vejez), que ya han sido descontadas de sus salarios y retenidas a su nombre.
Pero esta vez no. Stevie el Rata tiene un plan diferente para GM: servirse de los fondos de pensiones para pagar a Morgan y a Citi.
He aquí el esquema: lo que Rattner pide al tribunal de quiebras es, sencillamente, que incaute el dinero que GM debe a los trabajadores en concepto de seguro de asistencia sanitaria en la jubilación. El dinero en efectivo del fondo de seguros sería reemplazado por acciones de GM. El porcentaje estaría entre el 17% y el 25% de las acciones. Sea lo que fuere lo que valgan el 17% o el 25% de las acciones, bueno… a ver quién es el guapo que paga su diálisis con 50 participaciones en el accionariado de una compañía automovilística en bancarrota.
Sin embargo, Citibank y Morgan, dice Rattner, deberían cobrar todo el pastón –6 mil millones de dólares ya, y en efectivo— de una compañía que no puede pagar ni los componentes automovilísticos ni las facturas oftalmológicas de sus trabajadores.
Detención preventiva para las pensiones
Y bien, ¿qué hay de malo en servirse del dinero de los fondos de pensiones en una quiebra? La respuesta, señor Obama, señor profesor de Derecho, es que es ilegal.
En 1974, tras una serie de escandalosas evaporaciones de fondos de pensiones y de retiro acontecidas en la era Nixon, el Congreso aprobó la Ley de Jubilación y de Seguridad Social del Empleado (ERISA, por sus siglas en inglés). ERISA dice que no se pueden tocar los fondos de pensiones de los trabajadores (ni los pagos mensuales, ni el seguro de asistencia sanitaria), del mismo modo que no se puede tampoco tocar el dinero de las cuentas bancarias particulares de los trabajadores.
La ley es jodidamente explícita al respecto: de ningún modo se puede tocar el dinero de las pensiones. Los ejecutivos de la compañía deben guardar esos fondos de jubilación en calidad de “fiduciarios”. Eso es lo que dice la ley, profesor Obama, según queda expuesta en el propio sitio web del Gobierno bajo el epígrafe “Planes y beneficios sanitarios”.
Cualquier empresa norteamericana que vaya corta de dinero en efectivo podría estar tentada de meter la mano en los fondos de jubilación, pero no es su dinero; es lo mismo que el banquero cuando va corto de dinero: no puede tocar tu cuenta bancaria. Los activos de un plan de pensiones son solo para los miembros del plan, no para el señor Dimon, ni para el señor Rubin.
Ello es que ahora, en efecto, la administración Obama está pidiendo que el dinero destinado al bazo envejecido de un trabajador del automóvil sea bombeado para alimento de las criaturas del Programa de Alivio para los Activos en Dificultades (TARP, por sus siglas en inglés). Los trabajadores se quedarán sin trasplantes pulmonares para que Dimon y Rubin puedan seguir zascandileando. Este es otro momento “Guantánamo” para la administración Obama: sintonizar a Nixon para aceptar la detención preventiva de los seguros de salud de los jubilados.
Trocar los dineros en efectivo del fondo por acciones de GM no convierte en legal la acción de ratear los activos destinados a pensiones de GM. Porque el Congreso, preveyendo trucos de este tipo, dejó sentado que las compañías, en tanto que fiduciarias, deben “actuar prudentemente y están obligadas a diversificar las inversiones del plan, a fin de minimizar el riesgo de grandes pérdidas”.
Por “diversificar” en aras a la seguridad no entiende la ley colocar el 100% de los fondos de los trabajadores exclusivamente en las acciones de una compañía quebrada.
Mal y peligroso negocio: el plan de Rattner abre las compuertas para que cualquier compañía bien conectada políticamente –o en trance de desgracia— entre a saco en los fondos de asistencia sanitaria para los jubilados.
La Casa de Rubin
Resulta que se entra a saco en las pensiones, ¿y los bancos, de rositas? ¿Por qué no se pidió a los bancos, como se hizo con los trabajadores y con otros acreedores, que aceptaran acciones de GM?
Como dijo Butch a Sundance, ¿Y quiénes son estos tíos? Recuerden, Morgan y Citi. Son las reinas corporativas del bienestar que se han tragado ya cerca de un tercio de un billón de dólares en ayudas del Tesoro norteamericano y de la Reserva Federal. No por azar, Citi, el gran ganador, ha pagado más de 100 millones de dólares a Robert Rubin, el antiguo secretario del Tesoro. Rubin fue el hombre que le hizo el puente a Obama con los bancos, para atraerse la aceptación y las donaciones de los mismos a su campaña electoral (es, con diferencia, la mayor fuente de las ayudas empresariales que recibió).
Con los últimos céntimos de GM a punto de caer en un bolsillo y con el Tesoro de Obama en el otro bolsillo, lleva razón Jamie Dimon, el hombre de Morgan, al decir que los últimos doce meses probarán que los bancos “están mejor que nunca”.
Lo que nos lleva a una cuestión: ¿no será que la quiebra forzada de GM y la consiguiente eliminación de decenas de miles de puestos de trabajo no son sino una acción de recolecta para financieros favorecidos?
Y ha sido un gran año para Rattner. Mientras que la administración Obama lograba un buen acuerdo merced a toda una juventud de Rattner dedicada a los Sindicatos de Trabajadores del Acero, trataban de ocultar bajo el chasis que Rattner era uno de los privilegiados del selecto grupo de inversores en Cerberus Capital, los propietarios de Chrysler. “Propietario” es aquí un término vagaroso, porque Cerberus era “propietario” de Chrysler en el mismo sentido en que puede decirse que un caníbal es tu “anfitrión” en el almuerzo. Cerberus no pagó nada por Chrysler; al contrario, recibió miles de millones que la empresa alemana Daimler pagó para desprenderse de Chrysler. Cerberus se hizo con el efectivo, para luego cargar al contribuyente norteamericano el muerto de la quiebra de Chrysler. (“Cerberus”, dicho sea entre paréntesis, es un nombre elegido en honor del perro tricéfalo que, en la mitología romana, guarda las puertas del infierno, el Can Cerbero. Sutiles no son estos tíos.)
Aunque Stevie la Rata, al tomar posesión de su cargo como Zar del automóvil, vendió los intereses que tenía en el Can Cerbero, guardián del infierno, nunca renunció a puesto en el negocio de buitres llamado Quadrangle Hedge Fund. La fortuna personal neta de Rattner se estima en unos 50 mil millones de dólares. Tal es el héroe obrero de Obama.
Si diriges un negocio y juegas a toda leche perdiendo los fondos de tus trabajadores, puedes terminar en la cárcel. El plan de Stevie la Rata no es otro que el del Gran Robo de las Pensiones de los Trabajadores del Automóvil. Y no es menos delictivo por el hecho de que sea el mismísmo Presidente quien está al volante del automóvil en fuga.
Greg Palast es economista y periodista. Fue negociador sindical, y es autor de varios superventas, entre los que destacan La mejor democracia que se puede comprar con dinero y Manicomio armado. Es accionista de GM y miembro del sindicato de los trabajadores norteamericanos del automóvil.
Greg Palast
Alternet
Traducción: Casiopea Altisench
Los españoles, entre la espada y la pared. Emma Ross-Thomas
Los españoles, entre la espada y la pared
Los hogares están muy endeudados mientras los empresarios piden recortes salariales
08-06-2009 - Los trabajadores españoles están descubriendo que la cura a una década de endeudamiento desenfrenado podría empeorar las cosas. En un entorno en que España se hunde más en la recesión y la tasa de desempleo se encamina hacia el 20% la tasa más alta de Europa, los empresarios están diciendo a los empleados que acepten recortes salariales si quieren seguir siendo competitivos. Eso está dificultando a los hogares encarar el peso de la deuda acumulada durante el ¿boom?económico del país y que equivale a 18.000 euros por persona.
"Es un callejón sin salida para España", dijo Dominic Bryant, economista en BNP Paribas en Londres. "La solución al problema de la competitividad empeora sus problemas de endeudamiento. Con la contracción de los salarios se debilita aún más la economía doméstica".
Un crecimiento anual del 4% durante una década convirtió a España en un motor de la economía europea, impulsando los salarios y los precios en un momento en que el boom inmobiliario alentó a las familias a acumular una deuda de 800.000 millones de euros. A más de un año del desplome del sector de la vivienda que contribuyó a desencadenar la peor recesión en seis décadas, el desafío es recortar los costes laborales y devolver los créditos sin obstaculizar el camino del país hacia la recuperación.
Bryant, de BNP, no espera que la demanda interna crezca hasta la segunda mitad de 2011. En un 70% del PIB del pasado año, la carga hipotecaria y de crédito al consumo de España es la mayor de entre las principales economías de la eurozona, frente al 45% del bloque de países en su conjunto, según datos del BCE.
España es también uno de los países más amenazados por la deflación. Los precios al consumo cayeron en marzo en tasa interanual por primera vez desde 1952 y un 0,8% en mayo. La tasa para el bloque en su conjunto fue de cero.
"La deflación eleva el tamaño de la deuda", dijo Gayle Allard, vicerrector de la escuela de negocios Instituto de Empresa, de Madrid. "Es difícil pensar en una combinación peor de factores que la que se tiene aquí".
Aunque los influyentes sindicatos aún están consiguiendo subidas de salarios, eso podría cambiar en un contexto en que el desempleo aumenta. Los salarios crecieron un 3,5% en marzo en tasa interanual. En el mismo mes, los trabajadores de SEAT, filial de Volkswagen AG, aceptaron una congelación salarial para convencer a la dirección de que fabrique su modelo tercer trimestre en España.
"Cuando la crisis empiece a afectar a quienes representan los sindicatos, será cuando tiendan a ser más sensibles a la coyuntura", dijo Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del IEE.
Los trabajadores temporales ya están viendo reducidos sus salarios. Con un 29%, España tenía el año pasado el doble de tasa de temporalidad que la media de los 27 países de la UE y la mayor del conjunto, según la Eurostat.
Para muchos trabajadores, los menores salarios están anulando las ventajas de las reducciones de tipos de interés del BCE desde que la crisis económica se intensificó el año pasado.
El desplome de la economía española ha hecho que empresas como la promotora inmobiliaria Martinsa-Fadesa despidan trabajadores al intentar acogerse al concurso de acreedores.
Las acciones han caído. El segundo banco de España, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , y la tercera constructora, Fomento de Construcciones & Contratas, han bajado más del 40% desde finales de 2007. El sector de servicios en España se contrajo más significativamente en mayo que en el mes previo, en un contexto en que un índice basado en una encuesta de Markit Economics realizada entre gerentes de compras cayó al 39,1 desde el 42,3 en abril.
El descenso de los salarios afectará las finanzas públicas. Con la Comisión Europea previendo un déficit público del 9% del PIB para este año, los inversores están cobrando más por tener deuda española. El diferencial que piden sobre los bunds alemanes es más del triple que el año pasado.
"Si hay un crecimiento salarial negativo eso implica que los ingresos fiscales caerán, y como el resto se queda igual se vuelve más costoso pagar la deuda actual", declaró Ben May, economista en Capital Economics, en Londres.
Uno de los problemas más acuciantes de España es que se ha vuelto menos competitiva desde que se creó el euro en 1999, estimando el Commerzbank, según los costes laborales, que España es un 10% más cara en relación al resto de la eurozona.
"La única manera de que España recupere la competitividad perdida en los últimos 10 años será una sostenida caída en precios y salarios", dijo Luis Garicano, profesor de la London School of Economics.
Eso significa que el peso de la deuda seguirá subiendo para los trabajadores.
Emma Ross-Thomas - Bloomberg
Los hogares están muy endeudados mientras los empresarios piden recortes salariales
08-06-2009 - Los trabajadores españoles están descubriendo que la cura a una década de endeudamiento desenfrenado podría empeorar las cosas. En un entorno en que España se hunde más en la recesión y la tasa de desempleo se encamina hacia el 20% la tasa más alta de Europa, los empresarios están diciendo a los empleados que acepten recortes salariales si quieren seguir siendo competitivos. Eso está dificultando a los hogares encarar el peso de la deuda acumulada durante el ¿boom?económico del país y que equivale a 18.000 euros por persona.
"Es un callejón sin salida para España", dijo Dominic Bryant, economista en BNP Paribas en Londres. "La solución al problema de la competitividad empeora sus problemas de endeudamiento. Con la contracción de los salarios se debilita aún más la economía doméstica".
Un crecimiento anual del 4% durante una década convirtió a España en un motor de la economía europea, impulsando los salarios y los precios en un momento en que el boom inmobiliario alentó a las familias a acumular una deuda de 800.000 millones de euros. A más de un año del desplome del sector de la vivienda que contribuyó a desencadenar la peor recesión en seis décadas, el desafío es recortar los costes laborales y devolver los créditos sin obstaculizar el camino del país hacia la recuperación.
Bryant, de BNP, no espera que la demanda interna crezca hasta la segunda mitad de 2011. En un 70% del PIB del pasado año, la carga hipotecaria y de crédito al consumo de España es la mayor de entre las principales economías de la eurozona, frente al 45% del bloque de países en su conjunto, según datos del BCE.
España es también uno de los países más amenazados por la deflación. Los precios al consumo cayeron en marzo en tasa interanual por primera vez desde 1952 y un 0,8% en mayo. La tasa para el bloque en su conjunto fue de cero.
"La deflación eleva el tamaño de la deuda", dijo Gayle Allard, vicerrector de la escuela de negocios Instituto de Empresa, de Madrid. "Es difícil pensar en una combinación peor de factores que la que se tiene aquí".
Aunque los influyentes sindicatos aún están consiguiendo subidas de salarios, eso podría cambiar en un contexto en que el desempleo aumenta. Los salarios crecieron un 3,5% en marzo en tasa interanual. En el mismo mes, los trabajadores de SEAT, filial de Volkswagen AG, aceptaron una congelación salarial para convencer a la dirección de que fabrique su modelo tercer trimestre en España.
"Cuando la crisis empiece a afectar a quienes representan los sindicatos, será cuando tiendan a ser más sensibles a la coyuntura", dijo Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del IEE.
Los trabajadores temporales ya están viendo reducidos sus salarios. Con un 29%, España tenía el año pasado el doble de tasa de temporalidad que la media de los 27 países de la UE y la mayor del conjunto, según la Eurostat.
Para muchos trabajadores, los menores salarios están anulando las ventajas de las reducciones de tipos de interés del BCE desde que la crisis económica se intensificó el año pasado.
El desplome de la economía española ha hecho que empresas como la promotora inmobiliaria Martinsa-Fadesa despidan trabajadores al intentar acogerse al concurso de acreedores.
Las acciones han caído. El segundo banco de España, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , y la tercera constructora, Fomento de Construcciones & Contratas, han bajado más del 40% desde finales de 2007. El sector de servicios en España se contrajo más significativamente en mayo que en el mes previo, en un contexto en que un índice basado en una encuesta de Markit Economics realizada entre gerentes de compras cayó al 39,1 desde el 42,3 en abril.
El descenso de los salarios afectará las finanzas públicas. Con la Comisión Europea previendo un déficit público del 9% del PIB para este año, los inversores están cobrando más por tener deuda española. El diferencial que piden sobre los bunds alemanes es más del triple que el año pasado.
"Si hay un crecimiento salarial negativo eso implica que los ingresos fiscales caerán, y como el resto se queda igual se vuelve más costoso pagar la deuda actual", declaró Ben May, economista en Capital Economics, en Londres.
Uno de los problemas más acuciantes de España es que se ha vuelto menos competitiva desde que se creó el euro en 1999, estimando el Commerzbank, según los costes laborales, que España es un 10% más cara en relación al resto de la eurozona.
"La única manera de que España recupere la competitividad perdida en los últimos 10 años será una sostenida caída en precios y salarios", dijo Luis Garicano, profesor de la London School of Economics.
Eso significa que el peso de la deuda seguirá subiendo para los trabajadores.
Emma Ross-Thomas - Bloomberg
¿Cambio estructural? Albert Recio
Cambiar el modelo económico hace tiempo que forma parte de las ideas fuerza que circulan en el debate económico.
08-06-2009 - Los mismos economistas críticos lo hemos argumentado, con puntos de vista diversos, en numerosas ocasiones. Y tampoco es difícil encontrar economistas del establishment que comparten esta opinión. Hasta cierto punto, el consenso no es difícil de alcanzar. Sólo los muy ciegos o muy dogmáticos (o los que simplemente efectuaban previsiones a base de extrapolar series numéricas) pueden ignorar los problemas estructurales de la economía española. Los que la crisis global ha dejado al descubierto: dependencia insostenible del binomio construcción- turismo, desequilibrio persistente de la balanza comercial (importamos más que exportamos en casi todo tipo de sectores, y hemos perdido cuota de mercado en aquellos en los que estábamos especializados), endeudamiento exterior persistente (en parte debido a lo anterior), mercado laboral con exceso de empleos temporales....
De aquí que predicar la necesidad del cambio no resulte ni original ni extraño. La intervención del presidente Zapatero, siempre tan dado a las afirmaciones pomposas, a confiar que sus palabras obrarán el cambio, anunciado que su nuevo plan significa el inicio del cambio de modelo responde simplemente a esta necesidad de situarse en la “ortodoxia” y en el consenso de lo, ahora sí, políticamente correcto. Otra cosa es que sus medidas signifiquen el cambio real o que el consenso real exista más allá de la percepción común sobre la imposibilidad de prolongar el tipo de desarrollo económico que ha dominado, al menos, la expansión de los quince años anteriores.
II
Hay muchas formas de evaluar el modelo. La más sencilla es la que emana del análisis de la especialización productiva. En este caso el énfasis se pone en la necesidad de cambiar el tipo de actividades predominantes. Esta es la idea subyacente en el equipo de Gobierno. También en buena parte de los dirigentes sindicales. Tenemos que pasar del ladrillo a los sectores emergentes. Tratar de ganar competitividad basándonos en la promoción de actividades con más valor añadido, demanda creciente, menor competencia (aunque gran parte de la teoría económica dominante, incluidos la mayoría de manuales, se basan en el supuesto de competencia perfecta, resulta evidente que las empresas reales tratan siempre de conquistar “nichos de mercado”, espacios relativamente protegidos donde se obtienen los buenos negocios) y oportunidad de crecimiento. A este cóctel se pueden añadir unas gotas de corrección medioambiental: la que supone que la economía ecológica es sobre todo una oportunidad para desarrollar nuevos mercados y seguir expandiendo el negocio. Por esto hasta un manifiesto que ha empezado a circular en defensa de los derechos laborales incluye en su título el oximoron del “crecimiento sostenible”. Si éste fuera todo el problema la nueva política económica debería orientarse a descubrir cuáles son los nuevos sectores de expansión y a promover su desarrollo mediante los instrumentos habituales de las políticas públicas: regulaciones, subvenciones, provisión de recursos formación, ayudas a la investigación, etc.
Esto es lo que pretende el nuevo plan del Gobierno con una coherencia más que dudosa. En primer lugar porque parece más un plan de ayuda a los sectores tradicionales que no de cambio de modelo. Especialmente cuando se observa que una de las medidas estrella, secundada automáticamente por la mayor parte de Comunidades Autónomas, es la subvención a la compra de coches. Una política que además supone una rectificación del anterior plan Vive que efectivamente limitaba las ayudas a los vehículos menos contaminantes. Ahora se amplia injustificadamente la gama de coches a subvencionar, en casos como Catalunya sin ni siquiera salvar la cara de una mínima racionalidad. Las sostenidas presiones de los constructores han tenido un éxito rotundo y una gran parte de fondos públicos volverán a dedicarse a lo de toda la vida, al desarrollo de un sector que genera empleo pero también enormes costes sociales, ecológicos y económicos (nuestro modelo de transporte es uno de los responsables del desequilibrio de la balanza comercial vía importaciones de petróleo y vehículos de alta gama).
Tampoco resulta convincente el compromiso de eliminar la desgravación fiscal a la compra de vivienda en 2011. Parece más un intento de animar el alicaído mercado (1,05 millones de viviendas sin vender), con el espantajo que dentro de 2 años comprar resultará más caro, que un cambio claro de modelo. No hay garantías de que en 2011 no vuelva cambiarse la opinión. Sobre todo pensando que la desgravación a la compra de vivienda es una buena baza electoral para un Partido Popular siempre favorable a la demagogia y a la defensa de los intereses de los sectores económicos tradicionales. De hecho, como argumenté hace tiempo, la mayor responsabilidad del Gobierno Zapatero fue el dar por bueno y prolongar el modelo económico que se configuró bajo los gobiernos de Aznar.
Eliminar las subvenciones a la compra ha formado parte de las recomendaciones que hace tiempo venían haciendo algunos importantes economistas neoclásicos. Sobre todo por su enorme confianza en la influencia decisiva de los precios relativos (y las subvenciones son una forma de abaratar relativamente el precio de un bien) y sus recelos a la intervención pública en los mercados. No está claro sin embargo que la desaforada expansión de la vivienda en propiedad tenga sólo que ver con la desgravación fiscal, hay otros muchos factores en juego: la inseguridad jurídica del alquiler generada por la liberalización de este mercado (espacios cortos de tenencia que en épocas de expansión han generado aumentos de precio), el carácter de la vivienda como patrimonio acumulable (y relativamente estable en el largo plazo), la ausencia de una verdadera política de vivienda pública. Sin contar, por el otro lado, las incertidumbres que el alquiler genera en los presuntos promotores de vivienda: mientras, en tiempos normales, la promoción para la venta permite el cierre del ciclo del capital en un plazo relativamente breve, el alquiler obliga al propietario a una gestión más trabajosa e incierta (ligada tanto al comportamiento de los inquilinos como especialmente a la necesidad, costosa, de mantenimiento del activo). La vivienda es siempre un tema complicado. Para el que el mercado tiene respuestas insuficientes. Y donde es dudoso que un mero cambio de incentivos genere cambios de calado. Cambiar de verdad el modelo exige políticas más ambiciosas en muchos frentes.
El tercer pilar es sin duda el más novedoso. La perspectiva de un plan de desarrollo sostenible generador de una nueva industria. La sostenibilidad obliga a cambiar buena parte de los bienes que usamos y producimos. Pero cambiar el tipo de bienes no significa automáticamente sostenibilidad. Avanzar sobre la sostenibilidad implica a la vez cambios en los modelos y niveles de consumo (y de presión sobre el medio), en las formas de organizar la vida cotidiana, en el tipo de tecnología a emplear. Implica en muchos casos reducir y no ampliar la actividad productiva (aunque el proceso es menos lineal de lo que presuponen algunos defensores del decrecimiento, en mi opinión tan abstracto y confuso como su opuesto). Y ello solo es posible llevarlo a cabo sobre la base de una profunda reorganización de nuestra entera vida social. Poco que ver con el simple campo de unas líneas de producción por otras, con el fin no tanto de ajustar nuestro modelo de vida a las exigencias que impone la crisis ambiental, sino de generar nuevas vías de negocio que signifique la prosecución del actual crecimiento económico por otras vías.
Se corre además el peligro, bastante palpable, de que la apuesta por este nuevo modelo se traduzca simplemente en una nueva vía de transferencia de recursos públicos a grupos privados. Toda la historia de las tres décadas de dominio neoliberal están marcadas por el predominio de grupos empresariales sobrealimentados por el erario público. El núcleo central tanto de la corrupción endémica como de los mayores intereses oligopólicos. Sea en el campo de las obras o en el de la prestación de servicios públicos o en el menos tradicional de las actividades paramilitares o la gestión del sistema carcelario (especialmente en los EE.UU.). La coartada medioambiental es ahora otra fuente de oportunidades, como ya resulta evidente en el caso de la industria de biocombustibles, en las subvenciones a los vehículos eléctricos y se atisba detrás del renacido lobby nuclear y partes del sector de las energías limpias. Los que esperaban que el cambio de modelo tecnológico significaría automáticamente la democratización del poder económico deben estudiar atentamente por qué y cómo la floreciente actividad de las energías renovables ha pasado en poco tiempo a manos de los viejos poderes de siempre: Iberdrola, Acciona, Endesa... De la misma forma que detrás del anuncio de Andalucía Sostenible asoman los intereses de importantes grupos locales, como Abengoa. Que quede claro, no cuestiono la necesidad de optar por un cambio de modelo energético y productivo, simplemente señalo que con los parámetros actuales hay riesgos más que evidentes de que nos vendan “gato por liebre” y la apuesta “sostenible” se convierta en una mera coartada para continuar el bombeo de recursos públicos hacia intereses minoritarios.
III
Con todas sus limitaciones, el plan Zapatero ha sido contestado por la derecha (siempre tan consecuente en que no se toque ni un pelo a los que siempre han dominado el cotarro). y por una parte de la propia academia liberal. Para ésta, cualquier intervención pública en el mercado es deleznable y temen que el Plan de Sostenibilidad suponga excesivo intervencionismo público. Más que temer por al amplitud del plan, la queja sirve para volver a repetir los argumentos de siempre: la única política aceptable es la de las reformas estructurales. O sea: normas laborales, seguridad social, normas de inmigración. Todo lo que atañe a la gestión de las personas, de las clases trabajadoras, a la distribución social. No deja de ser vistoso que mientras en un campo, la reforma laboral, se propugna la reducción de la protección al empleo (no solo menos indemnización sino también eliminación de normas, como la aprobación de los EREs por la autoridad pública), en otro, la política migratoria, se apuesta por el “intervencionismo fuerte”, o sea por políticas represivas hacia los inmigrantes indeseables (el eufemismo de moda es “poco productivos” o “con escaso capital humano”) y puertas abiertas a los que interesen (no sea que nos vayamos a quedar sin estrellas deportivas o que no podamos invitar a un amigo a nuestra universidad). El simplismo de muchos de estos análisis —como el de explicar cómo ha sido posible que llegara tanta gente a este país a pesar de leyes de entrada realmente restrictivas y creciente gasto dedicado al control de fronteras— cuando no la simple manipulación —Sala y Martín se ha atrevido a afirmar en la Vanguardia que la crisis la ha provocado el crecimiento de los salarios sobre la productividad sin dar dato alguno, como no podía ser de otra forma dada la evidencia de la caída de la participación salarial— es demasiado grosero. Pero en esto la derecha es contumaz. Repetir mil veces un argumento, sobre todo cuando se tienen buenos altavoces y pantallas, permite a menudo hacerlo creíble. Y ante la inanidad de las propuestas del Gobierno las viejas malas explicaciones tienen posibilidades de alcanzar respetabilidad.
IV
Cambiar la estructura pasa, sin duda, por alterar la composición, organización y tecnología productiva. Por reorganizar partes enteras de nuestra vida material. Una tarea sin duda compleja, lenta y difícil. No sólo por la resistencia de los intereses establecidos, sino también por la propia inercia de los hábitos, las dinámicas organizativas e institucionales (y que explican en parte la diversidad y especificidad de muchos modelos nacionales). Aún en términos convencionales las limitaciones del capitalismo español no se deben sólo a una especialización inadecuada, son en gran parte el producto del predominio de estructuras empresariales específicas, en las que están presentes tanto grandes grupos —nacionales y multinacionales— que controlan puestos clave del modelo, como miríadas de pequeñas y medianas empresas que por sí solas son incapaces de transitar hacia otro modelo. Cualquiera que sea la vía de cambio estructural —en clave de persistencia de una economía capitalista abierta o de una economía postcapitalista— la consideración del modelo empresarial y organizativo constituye una cuestión clave. Más aún para los que queremos transitar hacia una sociedad del bienestar sostenible.
Pero el cambio no puede hacerse tampoco si no se considera la otra cara de nuestro modelo social. Un modelo lastrado por una elevada desigualdad y el subdesarrollo de lo público. Cuando la referencia que se toma es la Unión Europea resultan evidentes las enormes deficiencias en gasto social (en casi todos los aspectos, menos en el del gasto en desempleo: aunque nuestros parados cobran poco, muchos nada, son tantos que el gasto total crece). Unas deficiencias que también se advierten en el subdesarrollo del empleo en los servicios a la comunidad. O en el del bajo nivel de formación profesional (una actividad habitualmente infradotada, vilipendiada incluso). Resulta ostentoso que aun siendo una de las propuestas estrella de los primeros planes anticrisis, de principios del 2007, su desarrollo está aun pendiente. Quizás porque se trata de un tema poco interesante para unas elites que confunden formación universitaria con productividad. Y que interesa poco a unos empresarios siempre temerosos de que el reconocimiento formal de la profesionalidad legitime demandas salariales. De la misma forma que no podemos pretender avances significativos en las desigualdades de género mientras por un lado predominen estructuras sociales tan piramidales y, por otro, las cuestiones relacionadas con el cuidado de las personas no se integren coherentemente con el resto de la vida social.
Cambiar el modelo pasa también por un cambio profundo en la distribución de la renta, el papel de los servicios públicos, la construcción de las estructuras profesionales y la consideración de las actividades de cuidados como necesidades y deberes universales. Un impulso igualitario coherente con las necesidades de una sociedad más orientada al bienestar comunitario que al derroche social y ambiental. Por ello creo que para enfrentarnos verdaderamente a un cambio de estructuras debemos ser capaces de formular un mínimo de coherencia entre los diferentes aspectos complementarios de una compleja realidad económica y social.
Albert Recio
Mientrastanto
08-06-2009 - Los mismos economistas críticos lo hemos argumentado, con puntos de vista diversos, en numerosas ocasiones. Y tampoco es difícil encontrar economistas del establishment que comparten esta opinión. Hasta cierto punto, el consenso no es difícil de alcanzar. Sólo los muy ciegos o muy dogmáticos (o los que simplemente efectuaban previsiones a base de extrapolar series numéricas) pueden ignorar los problemas estructurales de la economía española. Los que la crisis global ha dejado al descubierto: dependencia insostenible del binomio construcción- turismo, desequilibrio persistente de la balanza comercial (importamos más que exportamos en casi todo tipo de sectores, y hemos perdido cuota de mercado en aquellos en los que estábamos especializados), endeudamiento exterior persistente (en parte debido a lo anterior), mercado laboral con exceso de empleos temporales....
De aquí que predicar la necesidad del cambio no resulte ni original ni extraño. La intervención del presidente Zapatero, siempre tan dado a las afirmaciones pomposas, a confiar que sus palabras obrarán el cambio, anunciado que su nuevo plan significa el inicio del cambio de modelo responde simplemente a esta necesidad de situarse en la “ortodoxia” y en el consenso de lo, ahora sí, políticamente correcto. Otra cosa es que sus medidas signifiquen el cambio real o que el consenso real exista más allá de la percepción común sobre la imposibilidad de prolongar el tipo de desarrollo económico que ha dominado, al menos, la expansión de los quince años anteriores.
II
Hay muchas formas de evaluar el modelo. La más sencilla es la que emana del análisis de la especialización productiva. En este caso el énfasis se pone en la necesidad de cambiar el tipo de actividades predominantes. Esta es la idea subyacente en el equipo de Gobierno. También en buena parte de los dirigentes sindicales. Tenemos que pasar del ladrillo a los sectores emergentes. Tratar de ganar competitividad basándonos en la promoción de actividades con más valor añadido, demanda creciente, menor competencia (aunque gran parte de la teoría económica dominante, incluidos la mayoría de manuales, se basan en el supuesto de competencia perfecta, resulta evidente que las empresas reales tratan siempre de conquistar “nichos de mercado”, espacios relativamente protegidos donde se obtienen los buenos negocios) y oportunidad de crecimiento. A este cóctel se pueden añadir unas gotas de corrección medioambiental: la que supone que la economía ecológica es sobre todo una oportunidad para desarrollar nuevos mercados y seguir expandiendo el negocio. Por esto hasta un manifiesto que ha empezado a circular en defensa de los derechos laborales incluye en su título el oximoron del “crecimiento sostenible”. Si éste fuera todo el problema la nueva política económica debería orientarse a descubrir cuáles son los nuevos sectores de expansión y a promover su desarrollo mediante los instrumentos habituales de las políticas públicas: regulaciones, subvenciones, provisión de recursos formación, ayudas a la investigación, etc.
Esto es lo que pretende el nuevo plan del Gobierno con una coherencia más que dudosa. En primer lugar porque parece más un plan de ayuda a los sectores tradicionales que no de cambio de modelo. Especialmente cuando se observa que una de las medidas estrella, secundada automáticamente por la mayor parte de Comunidades Autónomas, es la subvención a la compra de coches. Una política que además supone una rectificación del anterior plan Vive que efectivamente limitaba las ayudas a los vehículos menos contaminantes. Ahora se amplia injustificadamente la gama de coches a subvencionar, en casos como Catalunya sin ni siquiera salvar la cara de una mínima racionalidad. Las sostenidas presiones de los constructores han tenido un éxito rotundo y una gran parte de fondos públicos volverán a dedicarse a lo de toda la vida, al desarrollo de un sector que genera empleo pero también enormes costes sociales, ecológicos y económicos (nuestro modelo de transporte es uno de los responsables del desequilibrio de la balanza comercial vía importaciones de petróleo y vehículos de alta gama).
Tampoco resulta convincente el compromiso de eliminar la desgravación fiscal a la compra de vivienda en 2011. Parece más un intento de animar el alicaído mercado (1,05 millones de viviendas sin vender), con el espantajo que dentro de 2 años comprar resultará más caro, que un cambio claro de modelo. No hay garantías de que en 2011 no vuelva cambiarse la opinión. Sobre todo pensando que la desgravación a la compra de vivienda es una buena baza electoral para un Partido Popular siempre favorable a la demagogia y a la defensa de los intereses de los sectores económicos tradicionales. De hecho, como argumenté hace tiempo, la mayor responsabilidad del Gobierno Zapatero fue el dar por bueno y prolongar el modelo económico que se configuró bajo los gobiernos de Aznar.
Eliminar las subvenciones a la compra ha formado parte de las recomendaciones que hace tiempo venían haciendo algunos importantes economistas neoclásicos. Sobre todo por su enorme confianza en la influencia decisiva de los precios relativos (y las subvenciones son una forma de abaratar relativamente el precio de un bien) y sus recelos a la intervención pública en los mercados. No está claro sin embargo que la desaforada expansión de la vivienda en propiedad tenga sólo que ver con la desgravación fiscal, hay otros muchos factores en juego: la inseguridad jurídica del alquiler generada por la liberalización de este mercado (espacios cortos de tenencia que en épocas de expansión han generado aumentos de precio), el carácter de la vivienda como patrimonio acumulable (y relativamente estable en el largo plazo), la ausencia de una verdadera política de vivienda pública. Sin contar, por el otro lado, las incertidumbres que el alquiler genera en los presuntos promotores de vivienda: mientras, en tiempos normales, la promoción para la venta permite el cierre del ciclo del capital en un plazo relativamente breve, el alquiler obliga al propietario a una gestión más trabajosa e incierta (ligada tanto al comportamiento de los inquilinos como especialmente a la necesidad, costosa, de mantenimiento del activo). La vivienda es siempre un tema complicado. Para el que el mercado tiene respuestas insuficientes. Y donde es dudoso que un mero cambio de incentivos genere cambios de calado. Cambiar de verdad el modelo exige políticas más ambiciosas en muchos frentes.
El tercer pilar es sin duda el más novedoso. La perspectiva de un plan de desarrollo sostenible generador de una nueva industria. La sostenibilidad obliga a cambiar buena parte de los bienes que usamos y producimos. Pero cambiar el tipo de bienes no significa automáticamente sostenibilidad. Avanzar sobre la sostenibilidad implica a la vez cambios en los modelos y niveles de consumo (y de presión sobre el medio), en las formas de organizar la vida cotidiana, en el tipo de tecnología a emplear. Implica en muchos casos reducir y no ampliar la actividad productiva (aunque el proceso es menos lineal de lo que presuponen algunos defensores del decrecimiento, en mi opinión tan abstracto y confuso como su opuesto). Y ello solo es posible llevarlo a cabo sobre la base de una profunda reorganización de nuestra entera vida social. Poco que ver con el simple campo de unas líneas de producción por otras, con el fin no tanto de ajustar nuestro modelo de vida a las exigencias que impone la crisis ambiental, sino de generar nuevas vías de negocio que signifique la prosecución del actual crecimiento económico por otras vías.
Se corre además el peligro, bastante palpable, de que la apuesta por este nuevo modelo se traduzca simplemente en una nueva vía de transferencia de recursos públicos a grupos privados. Toda la historia de las tres décadas de dominio neoliberal están marcadas por el predominio de grupos empresariales sobrealimentados por el erario público. El núcleo central tanto de la corrupción endémica como de los mayores intereses oligopólicos. Sea en el campo de las obras o en el de la prestación de servicios públicos o en el menos tradicional de las actividades paramilitares o la gestión del sistema carcelario (especialmente en los EE.UU.). La coartada medioambiental es ahora otra fuente de oportunidades, como ya resulta evidente en el caso de la industria de biocombustibles, en las subvenciones a los vehículos eléctricos y se atisba detrás del renacido lobby nuclear y partes del sector de las energías limpias. Los que esperaban que el cambio de modelo tecnológico significaría automáticamente la democratización del poder económico deben estudiar atentamente por qué y cómo la floreciente actividad de las energías renovables ha pasado en poco tiempo a manos de los viejos poderes de siempre: Iberdrola, Acciona, Endesa... De la misma forma que detrás del anuncio de Andalucía Sostenible asoman los intereses de importantes grupos locales, como Abengoa. Que quede claro, no cuestiono la necesidad de optar por un cambio de modelo energético y productivo, simplemente señalo que con los parámetros actuales hay riesgos más que evidentes de que nos vendan “gato por liebre” y la apuesta “sostenible” se convierta en una mera coartada para continuar el bombeo de recursos públicos hacia intereses minoritarios.
III
Con todas sus limitaciones, el plan Zapatero ha sido contestado por la derecha (siempre tan consecuente en que no se toque ni un pelo a los que siempre han dominado el cotarro). y por una parte de la propia academia liberal. Para ésta, cualquier intervención pública en el mercado es deleznable y temen que el Plan de Sostenibilidad suponga excesivo intervencionismo público. Más que temer por al amplitud del plan, la queja sirve para volver a repetir los argumentos de siempre: la única política aceptable es la de las reformas estructurales. O sea: normas laborales, seguridad social, normas de inmigración. Todo lo que atañe a la gestión de las personas, de las clases trabajadoras, a la distribución social. No deja de ser vistoso que mientras en un campo, la reforma laboral, se propugna la reducción de la protección al empleo (no solo menos indemnización sino también eliminación de normas, como la aprobación de los EREs por la autoridad pública), en otro, la política migratoria, se apuesta por el “intervencionismo fuerte”, o sea por políticas represivas hacia los inmigrantes indeseables (el eufemismo de moda es “poco productivos” o “con escaso capital humano”) y puertas abiertas a los que interesen (no sea que nos vayamos a quedar sin estrellas deportivas o que no podamos invitar a un amigo a nuestra universidad). El simplismo de muchos de estos análisis —como el de explicar cómo ha sido posible que llegara tanta gente a este país a pesar de leyes de entrada realmente restrictivas y creciente gasto dedicado al control de fronteras— cuando no la simple manipulación —Sala y Martín se ha atrevido a afirmar en la Vanguardia que la crisis la ha provocado el crecimiento de los salarios sobre la productividad sin dar dato alguno, como no podía ser de otra forma dada la evidencia de la caída de la participación salarial— es demasiado grosero. Pero en esto la derecha es contumaz. Repetir mil veces un argumento, sobre todo cuando se tienen buenos altavoces y pantallas, permite a menudo hacerlo creíble. Y ante la inanidad de las propuestas del Gobierno las viejas malas explicaciones tienen posibilidades de alcanzar respetabilidad.
IV
Cambiar la estructura pasa, sin duda, por alterar la composición, organización y tecnología productiva. Por reorganizar partes enteras de nuestra vida material. Una tarea sin duda compleja, lenta y difícil. No sólo por la resistencia de los intereses establecidos, sino también por la propia inercia de los hábitos, las dinámicas organizativas e institucionales (y que explican en parte la diversidad y especificidad de muchos modelos nacionales). Aún en términos convencionales las limitaciones del capitalismo español no se deben sólo a una especialización inadecuada, son en gran parte el producto del predominio de estructuras empresariales específicas, en las que están presentes tanto grandes grupos —nacionales y multinacionales— que controlan puestos clave del modelo, como miríadas de pequeñas y medianas empresas que por sí solas son incapaces de transitar hacia otro modelo. Cualquiera que sea la vía de cambio estructural —en clave de persistencia de una economía capitalista abierta o de una economía postcapitalista— la consideración del modelo empresarial y organizativo constituye una cuestión clave. Más aún para los que queremos transitar hacia una sociedad del bienestar sostenible.
Pero el cambio no puede hacerse tampoco si no se considera la otra cara de nuestro modelo social. Un modelo lastrado por una elevada desigualdad y el subdesarrollo de lo público. Cuando la referencia que se toma es la Unión Europea resultan evidentes las enormes deficiencias en gasto social (en casi todos los aspectos, menos en el del gasto en desempleo: aunque nuestros parados cobran poco, muchos nada, son tantos que el gasto total crece). Unas deficiencias que también se advierten en el subdesarrollo del empleo en los servicios a la comunidad. O en el del bajo nivel de formación profesional (una actividad habitualmente infradotada, vilipendiada incluso). Resulta ostentoso que aun siendo una de las propuestas estrella de los primeros planes anticrisis, de principios del 2007, su desarrollo está aun pendiente. Quizás porque se trata de un tema poco interesante para unas elites que confunden formación universitaria con productividad. Y que interesa poco a unos empresarios siempre temerosos de que el reconocimiento formal de la profesionalidad legitime demandas salariales. De la misma forma que no podemos pretender avances significativos en las desigualdades de género mientras por un lado predominen estructuras sociales tan piramidales y, por otro, las cuestiones relacionadas con el cuidado de las personas no se integren coherentemente con el resto de la vida social.
Cambiar el modelo pasa también por un cambio profundo en la distribución de la renta, el papel de los servicios públicos, la construcción de las estructuras profesionales y la consideración de las actividades de cuidados como necesidades y deberes universales. Un impulso igualitario coherente con las necesidades de una sociedad más orientada al bienestar comunitario que al derroche social y ambiental. Por ello creo que para enfrentarnos verdaderamente a un cambio de estructuras debemos ser capaces de formular un mínimo de coherencia entre los diferentes aspectos complementarios de una compleja realidad económica y social.
Albert Recio
Mientrastanto
3.6.09
¿Son los salarios los culpables de las "fugas de capitales"? . Fernando Luengo
El papel de los costes laborales como nudo gordiano de las migraciones empresariales y de capacidad productiva ha sido, sin duda alguna, el ámbito más frecuentado y controvertido en buena parte de los estudios realizados hasta el momento.
03-06-2009 - La pregunta, en su formato más genérico, puede formularse en los siguientes términos: ¿la existencia de un gap o hiato salarial Norte-Sur está dando lugar a un proceso de sustitución del factor productivo relativamente más caro, el trabajo asalariado de los países ricos, por el más barato, el de los países pobres? ¿Está provocando dicho hiato un flujo relocalizador desde los países del Norte próspero a los del Sur subdesarrollado?
No son pocos los autores que sostienen que el elevado nivel de los costes laborales en las economías prósperas, a mucha distancia del alcanzado en el mundo no desarrollado y en los capitalismos emergentes, explicaría en gran medida la movilidad internacional de capital, siempre en busca de nuevos horizontes de negocio. En otras palabras, la moderación salarial y la abundancia de fuerza de trabajo, junto a una escasez crónica de capital y el consiguiente diferencial de productividad, ofrecerían altas cotas de rentabilidad a los inversores foráneos en los países de menor desarrollo económico; aumentaría, así, la magnitud de los movimientos relocalizadores en dirección a los países del Sur.
Esta línea de argumentación admite diferentes puntualizaciones. Empezando por las economías más prósperas, las que ofrecen salarios más elevados, acordes a sus asimismo elevados estándares de productividad. Es verdad que es en estos países donde nacen la mayor parte de las deslocalizaciones internacionales (DI), al menos las que tienen más proyección mediática y social. Pero, con la limitada información estadística disponible, dista de ser evidente la existencia de una correlación positiva entre el nivel de remuneración de los asalariados y la fuga de empresas; dicho de otra manera, los países con salarios más altos no son, al menos con carácter general, los que sufren en mayor medida la migración empresarial.
Más aún, estas economías continúan siendo un importante polo de atracción de capital foráneo, especialmente de aquel que busca –que necesita, en realidad- activos estratégicos, materiales e intangibles, para organizar con éxito una estrategia competitiva en mercados que discriminan sobre todo por la calidad. Una paradoja añadida: algunas economías de altos salarios relativos son territorio de acogida de una parte, sustancial sobre todo desde una perspectiva cualitativa, de las empresas que deciden deslocalizarse. Más paradójico aún: algunas de estas empresas recorren un camino Sur-Norte.
La perspectiva microeconómica acaso resulta todavía más significativa a este respecto. Los costes laborales (incluidas, por tanto, las cotizaciones sociales) representan una parte relativamente pequeña de los costes totales de explotación; y, además, este porcentaje tiende a reducirse; si bien, obviamente, las diferencias entre sectores, ramas de la actividad y empresas son muy marcadas, dependiendo, entre otros factores, de la relación capital-trabajo del proceso productivo en cuestión. Adicionalmente, las empresas situadas en los tramos de media y alta tecnología, donde intervienen criterios de competitividad más complejos que los de naturaleza estrictamente salarial, son las que en los últimos tiempos están participando más activamente en la dinámica deslocalizadora. En este contexto, hay que forzar (retorcer) mucho la argumentación para sostener que los altos costes laborales en las economías prósperas están detrás de las operaciones de deslocalización. Dicha argumentación tendría, en todo caso, cierta virtualidad si se hace referencia a “pools” de empresas que operan con parecidos parámetros estructurales y que, por esa razón, podrían hacer valer sus ventajas (o padecer sus desventajas) competitivas de índole salarial.
Es verdad, con todo, que las economías del Sur han ganado cuota de mercado en el stock mundial de inversión extranjera directa (IED). Pero, de nuevo otra paradoja, los países periféricos que han atraído las mayores cantidades de IED, entre los que se incluyen algunos procedentes del mundo comunista, aunque indudablemente se caracterizan por sus bajos salarios –inferiores, desde luego, a los de las economías de donde proceden las empresas deslocalizadas-, no son los que exhiben las remuneraciones más reducidas en el contexto del mundo no desarrollado, ni tampoco en el contexto de las regiones donde se localizan.
Más bien se encuentran en zonas intermedias o, caracterizados por sus bajos salarios relativos, ofrecen otras ventajas estratégicas, como una adecuada localización geográfica en el caso de aquellas producciones, sobre todo manufactureras, donde los costes de transporte son elevados, o cuentan con un gran mercado interno, o han conseguido avances notables en lo que concierne a la cualificación de su fuerza de trabajo.
Debe tenerse en cuenta, además, que muchos de los países en desarrollo que han estado entre los objetivos prioritarios de las ETNs a la hora de distribuir sus inversiones han visto cómo aumentaban los salarios de los trabajadores ocupados en las subsidiarias, sobre todo en aquellos tramos de cualificación más escasos, reduciéndose en este ámbito una parte de sus ventajas comparativas. De hecho, la competitividad de estos países en los bienes y servicios de mayor complejidad tecnológica –que han ganado relevancia en su estructura exportadora-, reside, más que en unos costes laborales bajos, en una combinación salarios-productividad favorable.
Esta combinación abre un interesante espacio de análisis: el delimitado por las transacciones intrafirma, que, según los cálculos realizados por la UNCTAD (estimaciones, pues resulta imposible disponer de datos precisos) representan un porcentaje muy importante de la inversión y el comercio mundiales. En este contexto se puede entender, por ejemplo, el atractivo para los inversores foráneos de los países procedentes del mundo comunista que han protagonizado las últimas ampliaciones de la Unión Europea (UE).
Esta aparente paradoja se desvanece cuando se comparan los salarios con la productividad laboral dentro de la firma. En el caso de las subsidiarias que producen para la exportación, teniendo en cuenta que las inversiones realizadas han renovado y creado nueva capacidad productiva, operan con niveles de productividad similares o aún superiores a los de las otras subsidiarias del grupo, emplazadas en economías con mayor nivel de renta por habitante.
En fin, si la perspectiva de la firma es necesaria para entender algunas de las claves del proceso deslocalizador, se impone asimismo una reflexión sobre el papel de las regiones y las áreas dinámicas (clusters), pues, en buena medida, la competitividad (factores de atracción y de expulsión) se articula en esos espacios. Esta combinación de perspectivas, además de matizar y enriquecer la que considera el país como unidad de análisis, ayuda a dotar de mayor complejidad la visión de las DI centrada en los costes laborales.
Sirvan las consideraciones anteriores para concluir que ni la pérdida de competitividad (que explicaría la fuga de empresas en las economías prósperas) ni la ganancia en la misma (que podría arrojar luz sobre el creciente atractivo del mundo periférico) puede abordarse en clave exclusiva o básicamente salarial. Más bien la competitividad alude a un proceso complejo, que recorre los planos micro y macroeconómico, y que incumbe a, y necesita de la intervención de, las firmas, las administraciones públicas y los actores sociales. Esta perspectiva desborda con nitidez las costuras de los costes salariales (y, por qué no decirlo, pone muchos interrogantes sobre las políticas de moderación salarial).
Fernando Luengo es Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación del Instituto Complutense de Estudios Internacionales «Países del Este y nuevo entorno Internacional» y de la revista Papeles del Este. Autor de diferentes libros, monografías y artículos sobre el mercado de trabajo, el comercio exterior y las inversiones extranjeras directas en los países de Europa central y oriental.
sinpermiso electrónico
03-06-2009 - La pregunta, en su formato más genérico, puede formularse en los siguientes términos: ¿la existencia de un gap o hiato salarial Norte-Sur está dando lugar a un proceso de sustitución del factor productivo relativamente más caro, el trabajo asalariado de los países ricos, por el más barato, el de los países pobres? ¿Está provocando dicho hiato un flujo relocalizador desde los países del Norte próspero a los del Sur subdesarrollado?
No son pocos los autores que sostienen que el elevado nivel de los costes laborales en las economías prósperas, a mucha distancia del alcanzado en el mundo no desarrollado y en los capitalismos emergentes, explicaría en gran medida la movilidad internacional de capital, siempre en busca de nuevos horizontes de negocio. En otras palabras, la moderación salarial y la abundancia de fuerza de trabajo, junto a una escasez crónica de capital y el consiguiente diferencial de productividad, ofrecerían altas cotas de rentabilidad a los inversores foráneos en los países de menor desarrollo económico; aumentaría, así, la magnitud de los movimientos relocalizadores en dirección a los países del Sur.
Esta línea de argumentación admite diferentes puntualizaciones. Empezando por las economías más prósperas, las que ofrecen salarios más elevados, acordes a sus asimismo elevados estándares de productividad. Es verdad que es en estos países donde nacen la mayor parte de las deslocalizaciones internacionales (DI), al menos las que tienen más proyección mediática y social. Pero, con la limitada información estadística disponible, dista de ser evidente la existencia de una correlación positiva entre el nivel de remuneración de los asalariados y la fuga de empresas; dicho de otra manera, los países con salarios más altos no son, al menos con carácter general, los que sufren en mayor medida la migración empresarial.
Más aún, estas economías continúan siendo un importante polo de atracción de capital foráneo, especialmente de aquel que busca –que necesita, en realidad- activos estratégicos, materiales e intangibles, para organizar con éxito una estrategia competitiva en mercados que discriminan sobre todo por la calidad. Una paradoja añadida: algunas economías de altos salarios relativos son territorio de acogida de una parte, sustancial sobre todo desde una perspectiva cualitativa, de las empresas que deciden deslocalizarse. Más paradójico aún: algunas de estas empresas recorren un camino Sur-Norte.
La perspectiva microeconómica acaso resulta todavía más significativa a este respecto. Los costes laborales (incluidas, por tanto, las cotizaciones sociales) representan una parte relativamente pequeña de los costes totales de explotación; y, además, este porcentaje tiende a reducirse; si bien, obviamente, las diferencias entre sectores, ramas de la actividad y empresas son muy marcadas, dependiendo, entre otros factores, de la relación capital-trabajo del proceso productivo en cuestión. Adicionalmente, las empresas situadas en los tramos de media y alta tecnología, donde intervienen criterios de competitividad más complejos que los de naturaleza estrictamente salarial, son las que en los últimos tiempos están participando más activamente en la dinámica deslocalizadora. En este contexto, hay que forzar (retorcer) mucho la argumentación para sostener que los altos costes laborales en las economías prósperas están detrás de las operaciones de deslocalización. Dicha argumentación tendría, en todo caso, cierta virtualidad si se hace referencia a “pools” de empresas que operan con parecidos parámetros estructurales y que, por esa razón, podrían hacer valer sus ventajas (o padecer sus desventajas) competitivas de índole salarial.
Es verdad, con todo, que las economías del Sur han ganado cuota de mercado en el stock mundial de inversión extranjera directa (IED). Pero, de nuevo otra paradoja, los países periféricos que han atraído las mayores cantidades de IED, entre los que se incluyen algunos procedentes del mundo comunista, aunque indudablemente se caracterizan por sus bajos salarios –inferiores, desde luego, a los de las economías de donde proceden las empresas deslocalizadas-, no son los que exhiben las remuneraciones más reducidas en el contexto del mundo no desarrollado, ni tampoco en el contexto de las regiones donde se localizan.
Más bien se encuentran en zonas intermedias o, caracterizados por sus bajos salarios relativos, ofrecen otras ventajas estratégicas, como una adecuada localización geográfica en el caso de aquellas producciones, sobre todo manufactureras, donde los costes de transporte son elevados, o cuentan con un gran mercado interno, o han conseguido avances notables en lo que concierne a la cualificación de su fuerza de trabajo.
Debe tenerse en cuenta, además, que muchos de los países en desarrollo que han estado entre los objetivos prioritarios de las ETNs a la hora de distribuir sus inversiones han visto cómo aumentaban los salarios de los trabajadores ocupados en las subsidiarias, sobre todo en aquellos tramos de cualificación más escasos, reduciéndose en este ámbito una parte de sus ventajas comparativas. De hecho, la competitividad de estos países en los bienes y servicios de mayor complejidad tecnológica –que han ganado relevancia en su estructura exportadora-, reside, más que en unos costes laborales bajos, en una combinación salarios-productividad favorable.
Esta combinación abre un interesante espacio de análisis: el delimitado por las transacciones intrafirma, que, según los cálculos realizados por la UNCTAD (estimaciones, pues resulta imposible disponer de datos precisos) representan un porcentaje muy importante de la inversión y el comercio mundiales. En este contexto se puede entender, por ejemplo, el atractivo para los inversores foráneos de los países procedentes del mundo comunista que han protagonizado las últimas ampliaciones de la Unión Europea (UE).
Esta aparente paradoja se desvanece cuando se comparan los salarios con la productividad laboral dentro de la firma. En el caso de las subsidiarias que producen para la exportación, teniendo en cuenta que las inversiones realizadas han renovado y creado nueva capacidad productiva, operan con niveles de productividad similares o aún superiores a los de las otras subsidiarias del grupo, emplazadas en economías con mayor nivel de renta por habitante.
En fin, si la perspectiva de la firma es necesaria para entender algunas de las claves del proceso deslocalizador, se impone asimismo una reflexión sobre el papel de las regiones y las áreas dinámicas (clusters), pues, en buena medida, la competitividad (factores de atracción y de expulsión) se articula en esos espacios. Esta combinación de perspectivas, además de matizar y enriquecer la que considera el país como unidad de análisis, ayuda a dotar de mayor complejidad la visión de las DI centrada en los costes laborales.
Sirvan las consideraciones anteriores para concluir que ni la pérdida de competitividad (que explicaría la fuga de empresas en las economías prósperas) ni la ganancia en la misma (que podría arrojar luz sobre el creciente atractivo del mundo periférico) puede abordarse en clave exclusiva o básicamente salarial. Más bien la competitividad alude a un proceso complejo, que recorre los planos micro y macroeconómico, y que incumbe a, y necesita de la intervención de, las firmas, las administraciones públicas y los actores sociales. Esta perspectiva desborda con nitidez las costuras de los costes salariales (y, por qué no decirlo, pone muchos interrogantes sobre las políticas de moderación salarial).
Fernando Luengo es Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación del Instituto Complutense de Estudios Internacionales «Países del Este y nuevo entorno Internacional» y de la revista Papeles del Este. Autor de diferentes libros, monografías y artículos sobre el mercado de trabajo, el comercio exterior y las inversiones extranjeras directas en los países de Europa central y oriental.
sinpermiso electrónico
Suscribirse a:
Entradas (Atom)