EL PAÍS - Sociedad - 16-05-2010
El gasto en infraestructuras ha crecido hasta cometer algunos excesos - España revisa ahora proyectos y busca capital privado
Esta crisis impide a cualquiera dar lecciones sobre nada. El comportamiento económico de los empresarios, familias y administraciones ha seguido el mismo patrón: la economía española crecía como ninguna otra en Europa y las arcas públicas y privadas recogían los frutos, el precio del dinero era barato y uno podía endeudarse para gastar por encima de su capacidad. El componente cíclico de la economía había caído en el olvido y reinaba la sensación de que aquella buena racha era consustancial al sistema. Pero no.
La obra pública también ha vivido su fiesta, abonada en su caso por las ayudas de unos fondos estructurales europeos con fecha de caducidad: 2013. Sólo la inversión del Ministerio de Fomento, sin el resto de administraciones, ha crecido de forma fulgurante, de 10.000 a unos 19.000 millones de euros en los últimos cinco años, con la red de trenes alta velocidad (AVE) y las nuevas terminales de los aeropuertos como proyectos estrella. Las Administraciones públicas han vivido una etapa dorada de construcción de equipamientos e infraestructuras y -cierto también- de creación de miles de empleos.
España es el país europeo con más kilómetros de vía para alta velocidad en construcción (2.200), por encima de los 378 alemanes y de los 300 franceses. En servicio hay 1.800 kilómetros. Y si el proyecto culminase en su fecha prevista, algo ahora dudoso, en 2020 habría 10.000 kilómetros de líneas, la mayor red mundial de estas características. Una infraestructura tan rápida roba usuarios y negocio a carreteras, autopistas y aviones. Pero no es gratis: cada kilómetro de vía de AVE cuesta entre 12 y 30 millones de euros en construcción (la amplia horquilla se debe a las dificultades geológicas de cada terreno), según la Unión Internacional del Ferrocarril. Y su mantenimiento sube a 100.000 euros por kilómetro y año, 200.000 si es en túnel.
El ministro de Fomento, José Blanco, reconocía hace un mes a este diario que "no es posible que las autovías o la alta velocidad lleguen a la puerta de cada casa" y avanzó que se tendrían que revocar algunas obras ya licitadas para contribuir a cuadrar las cuentas. Pocos días después de decir esto, el mismo Blanco anunció la construcción de una nueva línea de AVE entre Ávila y Segovia. Blanco también admite el fin de una época en la que "todo el mundo aspiraba a tener estaciones de arquitectos afamados" y que ahora "hay que hacer más con menos".
Otro político, desde Cataluña, lanza: "En España ha habido una aceleración de infraestructuras y equipamientos que se hubiese podido modular, hay que distinguir entre las obras que hay que construir y las que no. Veníamos de un gran déficit y ahora ha llegado el momento de centrarnos en la gestión", opina el consejero de Política Territorial y Obras Públicas catalán, Joaquim Nadal. Ahora, todo político tiene una papeleta, advierte, "la de hacer mucha pedagogía con los ciudadanos, explicar que no se pueden hacer más infraestructuras de las necesarias porque no son un fin en sí mismo, porque nos habíamos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades".
España se encontraba en los 60 en una situación de grave déficit en infraestructuras pero, según la mayor parte de voces consultadas, el progreso ha llevado a alumbrar algunos proyectos que ahora tienen escasa justificación económica o social. Aunque una infraestructura tarda años en mostrar su resultado.
Matilde Mas, profesora de la Universidad de Valencia e investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), explica que "ahora mismo invertir desde la perspectiva del crecimiento económico en sí ya no está justificado, esto tuvo su papel hace décadas, ahora hay que ir mirando proyecto por proyecto". En su opinión, "algunas intervenciones se nos han ido de las manos, en algunos aeropuertos y algunos equipamientos urbanos".
¿Cuáles son las obras necesarias? Pedro Michelena, presidente del Foro PPP Infraestructuras, que agrupa a constructoras y entidades financieras, apunta que esa elección siempre es "política". "Uno puede pensar que, claro, cuanto más mejor, pero luego está lo que un país puede asumir. Ha habido cierto exceso en aquello de que 'si fulano tiene aeropuerto, yo también y más grande'. Éramos ricos".
El mapa que aparece en este reportaje está en el aire. Fomento ya sufrió un ajuste de 1.750 millones sobre un presupuesto de 20.000 millones. Y las inversiones aprobadas por los Presupuestos Generales del Estado de unos 17.200 millones este año, también tendrán que adelgazar, ya que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado un recorte de 6.000 millones en inversión y la obra pública podría tener que asumir 4.000 millones de esa rebaja en dos años, con la consiguiente merma en los empleos.
La cuestión es por dónde recortar. Carme Miralles-Guasch, profesora de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, recomienda "acupuntura": "Es normal que se hicieran esas grandes obras, era cuando se podían hacer, pero yo ahora me plantearía una época de pequeñas actuaciones en las infraestructuras para mejorar su eficiencia, conectarlas, aumentar frecuencias y fomentar la intermodalidad". Un ejemplo, si no hay dinero para construir una estación (la provincia de Tarragona, por ejemplo, tiene una segunda estación de AVE en proyecto), se pueden poner en servicio una buena red de autobuses que conecten con ella.
¿Cómo decidir cuándo una infraestructura es necesaria? Ginés de Rus dirige el proyecto Evaluación Económica de Proyectos de Transporte (que impulsan Gobierno, universidades y entidades de investigación económica), y trabaja en la metodología para valorar qué hace falta en un país. De Rus coincide en que muchos proyectos no están justificados y cree que "el problema es, muchas veces, que el que pide una infraestructura no es el mismo que la paga, hay que cambiar los incentivos". De Rus plantea tres medidas para evitar cualquier malgasto de recursos, la primera es "que la decisión de una obra no esté separada del ente que presta los recursos, que a ninguna administración le salga gratis invertir y que de algún modo la responsabilidad política de un error, que en las infraestructuras tardan en detectarse, afecte a quien la toma".
De Rus también defiende la introducción de políticas de evaluación económica previa y la máxima transparencia en el proceso como antídoto para la ineficacia: "Propongo que a la hora de impulsar una obra se realicen varios informes y contrainformes, y que se cuelguen en la web, que se sepa quién lo hace y cómo". En tercer lugar, el catedrático tiene claro que la participación de capital privado en los proyectos y en el riesgo "es un buen termómetro para detectar cuándo hay o no justificación económica para una nueva línea ferroviaria o para un nuevo aeropuerto".
Pero, al margen del sentido económica, la obra pública busca la cohesión social y el equilibrio territorial. "Lo que a veces se justifica como inversión social no lo es. Si lo fuera, que hagan AVE y aeropuertos en cada pueblo" espeta Germà Bel, catedrático de Economía Aplicada y experto en infraestructuras de la Universidad de Barcelona. A su juicio, para ahorrar, "se deberían paralizar los gastos del AVE, son una extravagancia, vamos a tener más kilómetros que Francia y Japón y, sin embargo, muchos menos pasajeros, es absurdo", recalca. La principal ruta del AVE, que une Madrid y Barcelona, mueve a 5,3 millones de pasajeros al año, mientras que la alta velocidad francesa que une París y Lyon, operativa desde 1981, transporta a 25 millones, dice Bel.
Según explica, hay estudios desde 1971 que demuestran que los grandes nodos de comunicación chupan actividad del su alrededor y vacían las ciudades pequeñas: "la gente sale fuera a comprar, los visitantes no se quedan a dormir, la gente trabaja fuera... Así, resulta conmovedor en este contexto ver a algunos alcaldes clamando por una estación de AVE". En su opinión, y también la de De Rus, también hay una sobreoferta de aeropuertos. De los 48 aeropuertos públicos dependientes de AENA, sólo nueve tienen beneficios. Y el déficit del ente público gestor asciende a 15.000 millones.
Los últimos aeropuertos públicos en inaugurarse son vecinos: Huesca, que arrancó en 2007 y movió a 6.341 el año pasado y el de Lleida, en el municipio de Alguaire, que es el primero que impulsa y gestiona el Gobierno catalán. Este último costó 95 millones de euros y cuenta con dos compañías aéreas, Vueling y Ryanair, que tienen seis vuelos semanales y pueden recibir ayuda de hasta 1,6 millones de la Generalitat. Las compañías cobrarán como mínimo el equivalente a que la mitad de sus aviones vaya ocupado, es decir, que si el avión fuese vacío la empresa puede regalar el 30% de los pasajes y la Generalitat le pagará los billetes a 50 euros de media.
El Gobierno catalán quería adjudicar la gestión a un operador privado al que cobraría un canon de 2,2 millones de euros anuales y ninguna compañía se presentó. Ahora, es la Administración autonómica la que lo está gestionando, mientras trata de ofrecer unas condiciones más atractivas. En este caso, Nadal, defiende la necesidad del aeropuerto "como revulsivo para la economía y la moral de Lleida" y asegura que el turismo y la actividad que generará compensará la inversión.
A falta de que el ministerio concrete en los próximos días los recortes, Fomento ya ha avanzado que la línea de alta velocidad de Madrid a Valencia no quedará afectada, pero fuentes parlamentarias señalan que la autovía del Mediterráneo (A-7), gratuita y paralela a la autopista de peaje (AP-7) tendrá que esperar a mejor ocasión.
La financiación privada también tiene problemas para suplir a la pública en plena crisis. El Gobierno ha impulsado un plan que facilita la entrada de empresas: les encarga obras por valor de 17.000 millones y las irá pagando cada año a partir de 2014 mediante un canon, así que la concesionaria deja de depender de la evolución del tráfico para cobrar. En cuanto a la semiprivivatización de AENA (el Gobierno quiere dejar el 30% del capital en inversores privados), Pedro Michelena sólo prevé interés de las empresas en los grandes aeropuertos.
La asignatura pendiente, coinciden los expertos, es el transporte de mercancías: la cuota de transporte en ferrocarril, que es la forma más eficiente en energía y costes, es de tan sólo el 4%, frente al 18% de promedio europeo. "Pues sí, hace falta más transporte de mercancías por ferrocarril, pero a lo mejor no hace falta construir muchas vías, sino reaprovechar las existentes... Tenemos que superar ese síndrome constructivo", advierte Miralles-Guasch.
17.5.10
Sueldos récord en plena crisis. MIGUEL JIMÉNEZ - Madrid
EL PAÍS - Economía - 16-05-2010
Los 584 consejeros ejecutivos y altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraron un millón de euros de media en el peor año de la recesión
El presidente de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, saltó a la fama por llevar su empresa a la mayor suspensión de pagos en la historia empresarial española. Martín, sin embargo, sigue presidiendo su empresa y el año pasado ganó 2,6 millones de sueldo. Los altos directivos de las empresas españolas han pasado por la crisis de puntillas. Su retribución alcanzó niveles récord en 2009, el peor año de la crisis, y eso pese a la caída de los beneficios.
Los 584 consejeros ejecutivos y altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraron en 2009 una media de 989.000 euros, según los cálculos realizados por EL PAÍS con los informes de las propias compañías. Ese nivel es el más alto alcanzado nunca por ese colectivo. Supone 113 veces el salario mínimo, frente a las 97 veces de 2005. El salto es más espectacular entre los consejeros ejecutivos, la élite dentro de la élite. Su coste para las empresas ha pasado de 208 a 313 veces el salario mínimo en sólo cuatro años.
Las cifras están algo distorsionadas por Endesa, donde se incluyen las indemnizaciones recibidas por varios ejecutivos (entre ellos el anterior presidente, José Manuel Entrecanales, y el consejero Esteban Morrás) más algunos importes por la prejubilación del anterior consejero delegado, Rafael Miranda. Pero, del otro lado, no se incluyen en el cómputo las multimillonarias dotaciones para pensiones. Con ellas, y aun depurando los factores extraordinarios, la cifra es superior al millón de euros de media.
Hay grandes diferencias, no obstante, entre quienes están en lo más alto de la pirámide y el resto. Los 83 consejeros ejecutivos de las empresas del Ibex, entre los que se encuentran los presidentes, consejeros delegados y otros ejecutivos que forman parte de los órganos de administración, ganaron en 2009 una media de 2,7 millones. Dentro de este grupo están los directivos mejor pagados de España, con Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, a la cabeza con 10,2 millones. Le sigue Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, con 5,34 millones más otros 3,05 millones de "gratificación por consecución de objetivos estratégicos plurianuales y situaciones excepcionales y puntuales". Tras él están el presidente del BBVA, Francisco González, con 5,3 millones más 2,8 millones en acciones, y otros dos directivos del Santander: Francisco Luzón (5,8 millones) y Matías Rodríguez Inciarte (5,3 millones). El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ganó 4,2 millones. El de Telefónica, César Alierta, no publica su retribución.
Los otros 501 altos directivos costaron a las empresas una media de 700.000 euros. Se trata de un grupo muy heterogéneo, pues las empresas tienen diferente vara de medir al clasificar a sus empleados como altos directivos. Así, Mapfre declara tener sólo dos y ACS, 50; la pequeña Grifols pone la etiqueta de alto directivo al triple de personas que el gigante Telefónica. Los altos directivos mejor pagados fueron los del Banco Santander, con 3,54 millones de media, seguidos por los de Telefónica (2,73 millones) y de los de BBVA (2,04 millones).
Pensiones multimillonarias
En 2009 se fijaron los importes finales de algunas de las pensiones más cuantiosas de los directivos españoles. En el BBVA se jubiló anticipadamente el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, para el que el consejo de administración del banco fijó unos derechos de pensión de 68,7 millones de euros. Asimismo, al cumplir los 65 años, el consejo fijó la pensión del presidente del BBVA, Francisco González, en 79,8 millones, que se externalizaron en una póliza de seguro. González percibirá esa cantidad cuando cese en sus funciones ejecutivas.
En el Santander, el presidente, Emilio Botín, y el consejero delegado, Alfredo Sáenz, que tenían superada la edad de jubilación, ejercitaron también en 2009 la opción para recibir sus pensiones en forma de capital en la fecha de jubilación efectiva. Al primero le corresponderán 24,6 millones y al segundo, 85,7.
Los 584 consejeros ejecutivos y altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraron un millón de euros de media en el peor año de la recesión
El presidente de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, saltó a la fama por llevar su empresa a la mayor suspensión de pagos en la historia empresarial española. Martín, sin embargo, sigue presidiendo su empresa y el año pasado ganó 2,6 millones de sueldo. Los altos directivos de las empresas españolas han pasado por la crisis de puntillas. Su retribución alcanzó niveles récord en 2009, el peor año de la crisis, y eso pese a la caída de los beneficios.
Los 584 consejeros ejecutivos y altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraron en 2009 una media de 989.000 euros, según los cálculos realizados por EL PAÍS con los informes de las propias compañías. Ese nivel es el más alto alcanzado nunca por ese colectivo. Supone 113 veces el salario mínimo, frente a las 97 veces de 2005. El salto es más espectacular entre los consejeros ejecutivos, la élite dentro de la élite. Su coste para las empresas ha pasado de 208 a 313 veces el salario mínimo en sólo cuatro años.
Las cifras están algo distorsionadas por Endesa, donde se incluyen las indemnizaciones recibidas por varios ejecutivos (entre ellos el anterior presidente, José Manuel Entrecanales, y el consejero Esteban Morrás) más algunos importes por la prejubilación del anterior consejero delegado, Rafael Miranda. Pero, del otro lado, no se incluyen en el cómputo las multimillonarias dotaciones para pensiones. Con ellas, y aun depurando los factores extraordinarios, la cifra es superior al millón de euros de media.
Hay grandes diferencias, no obstante, entre quienes están en lo más alto de la pirámide y el resto. Los 83 consejeros ejecutivos de las empresas del Ibex, entre los que se encuentran los presidentes, consejeros delegados y otros ejecutivos que forman parte de los órganos de administración, ganaron en 2009 una media de 2,7 millones. Dentro de este grupo están los directivos mejor pagados de España, con Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, a la cabeza con 10,2 millones. Le sigue Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, con 5,34 millones más otros 3,05 millones de "gratificación por consecución de objetivos estratégicos plurianuales y situaciones excepcionales y puntuales". Tras él están el presidente del BBVA, Francisco González, con 5,3 millones más 2,8 millones en acciones, y otros dos directivos del Santander: Francisco Luzón (5,8 millones) y Matías Rodríguez Inciarte (5,3 millones). El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ganó 4,2 millones. El de Telefónica, César Alierta, no publica su retribución.
Los otros 501 altos directivos costaron a las empresas una media de 700.000 euros. Se trata de un grupo muy heterogéneo, pues las empresas tienen diferente vara de medir al clasificar a sus empleados como altos directivos. Así, Mapfre declara tener sólo dos y ACS, 50; la pequeña Grifols pone la etiqueta de alto directivo al triple de personas que el gigante Telefónica. Los altos directivos mejor pagados fueron los del Banco Santander, con 3,54 millones de media, seguidos por los de Telefónica (2,73 millones) y de los de BBVA (2,04 millones).
Pensiones multimillonarias
En 2009 se fijaron los importes finales de algunas de las pensiones más cuantiosas de los directivos españoles. En el BBVA se jubiló anticipadamente el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, para el que el consejo de administración del banco fijó unos derechos de pensión de 68,7 millones de euros. Asimismo, al cumplir los 65 años, el consejo fijó la pensión del presidente del BBVA, Francisco González, en 79,8 millones, que se externalizaron en una póliza de seguro. González percibirá esa cantidad cuando cese en sus funciones ejecutivas.
En el Santander, el presidente, Emilio Botín, y el consejero delegado, Alfredo Sáenz, que tenían superada la edad de jubilación, ejercitaron también en 2009 la opción para recibir sus pensiones en forma de capital en la fecha de jubilación efectiva. Al primero le corresponderán 24,6 millones y al segundo, 85,7.
17.3.10
Socialdemocracia, fin de ciclo. Ignacio Ramonet
Las ideas también mueren. El cementerio de los partidos políticos rebosa de tumbas en donde yacen los restos de organizaciones que otrora desataron pasiones, movieron a multitudes y hoy son pasto del olvido. ¿Quién se acuerda en Europa, por ejemplo, del Radicalismo? Una de las fuerzas políticas (de centro-izquierda) más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, que los vientos de la historia se llevaron... ¿Qué fue del Anarquismo? ¿O del Comunismo estaliniano? ¿Qué se hicieron aquellos formidables movimientos populares capaces de movilizar a millones de campesinos y obreros? ¿Qué fueron sino devaneos? (1)
Por sus propios abandonos, abjuraciones y renuncias, a la socialdemocracia europea le toca hoy verse arrastrada hacia el sepulcro... Su ciclo de vida parece acabarse. Y lo más incomprensible es que semejante perspectiva se produce en el momento en que el capitalismo ultraliberal atraviesa uno de sus peores momentos.
¿Por qué la socialdemocracia se muere, cuando el ultraliberalismo se halla en plena crisis? Sin duda porque, frente a tantas urgencias sociales, no ha sabido generar entusiasmo popular. Navega a tientas, sin brújula y sin teoría; da la impresión de estar averiada, con un aparato dirigente enclenque, sin organización ni ideario, sin doctrina ni orientación... Y sobre todo sin identidad: era una organización que debía hacer la revolución, y ha renegado de ese empeño; era un partido obrero, y hoy lo es de las clases medias urbanas acomodadas.
Las recientes elecciones han demostrado que la socialdemocracia europea ya no sabe dirigirse a los millones de electores víctimas de las brutalidades del mundo postindustrial engendrado por la globalización. Esas multitudes de obreros desechables, de neo-pobres de los suburbios, de mileuristas , de excluidos, de jubilados en plena edad activa, de jóvenes precarizados , de familias de clase media amenazadas por la miseria. Capas populares damnificadas por el shock neoliberal... Y para las cuales, la socialdemocracia no parece disponer de discurso ni de remedios.
Los resultados de las elecciones europeas de junio de 2009 demostraron su descalabro actual. La mayoría de los partidos de esa familia en el poder retrocedieron. Y los partidos en la oposición también recularon, particularmente en Francia y en Finlandia.
No supieron convencer de su capacidad para responder a los desafíos económicos y sociales planteados por el desastre del capitalismo financiero. Si faltaba un indicio para demostrar que los socialistas europeos son incapaces de proponer una política diferente de la que domina en el seno de la Unión Europea, esa prueba la dieron Gordon Brown y José Luis Rodríguez Zapatero cuando apoyaron la bochornosa elección a la Presidencia de la Comisión Europea del ultraliberal José Manuel Duraõ Barroso, el cuarto hombre de la Cumbre de las Azores...
En 2002, los socialdemócratas gobernaban en quince países de la Unión Europea. Hoy, a pesar de que la crisis financiera ha demostrado el impasse moral, social y ecológico del ultraliberalismo, ya sólo gobiernan en cinco Estados (España, Grecia, Hungría, Portugal y Reino Unido). No han sabido sacar provecho del descalabro neoliberal. Y los Gobiernos de tres de esos países -España, Grecia y Portugal, atacados por los mercados financieros y afectados por la "crisis de la deuda"- se hundirán en un descrédito e impopularidad aún mayores cuando empiecen a aplicar, con mano de hierro, los programas de austeridad y las políticas antipopulares exigidas por la lógica de la Unión Europea y sus principales cancerberos.
Repudiar sus propios fundamentos se ha vuelto habitual. Hace tiempo que la socialdemocracia europea decidió alentar las privatizaciones, estimular la reducción de los presupuestos del Estado a costa de los ciudadanos, tolerar las desigualdades, promover la prolongación de la edad de jubilación, practicar el desmantelamiento del sector público, a la vez que espoleaba las concentraciones y las fusiones de mega-empresas y que mimaba a los bancos. Lleva años aceptando, sin gran remordimiento, convertirse al social-liberalismo. Ha dejado de considerar como prioritarios algunos de los objetivos que formaban parte de su ADN ideológico. Por ejemplo: el pleno empleo, la defensa de las ventajas sociales adquiridas, el desarrollo de los servicios públicos o la erradicación de la miseria.
A finales del siglo XIX y hasta los años 1930, cada vez que el capitalismo dio un salto transformador, los socialdemócratas, casi siempre apoyados por las izquierdas y los sindicatos, aportaron respuestas originales y progresistas: sufragio universal, enseñanza gratuita para todos, derecho a un empleo, seguridad social, nacionalizaciones, Estado social, Estado de Bienestar... Esa imaginación política parece hoy agotada.
La socialdemocracia europea carece de nueva utopía social. En la mente de muchos de sus electores, hasta en los más modestos, el consumismo triunfa, así como el deseo de enriquecerse, de divertirse, de zambullirse en las abundancias, de ser feliz sin mala conciencia... Frente a ese hedonismo dominante, machacado en permanencia por la publicidad y los medios masivos de manipulación, los dirigentes socialdemócratas ya no se atreven a ir a contracorriente. Llegan incluso a convencerse de que no son los capitalistas los que se enriquecen con el esfuerzo de los proletarios, sino los pobres quienes se aprovechan de los impuestos pagados por los ricos... Piensan, como lo afirma el filósofo italiano Raffaele Simone, que "el socialismo sólo es posible cuando la desgracia sobrepasa en exceso a la dicha, cuando el sufrimiento rebasa con mucho el placer, y cuando el caos triunfa sobre las estructuras" (2).
Por eso quizá, y en contraste, está renaciendo hoy con tanta pujanza y tanta creatividad, un nuevo socialismo del siglo XXI en algunos países de América del Sur (Bolivia, Ecuador, Venezuela). Mientras en Europa, a la socialdemocracia le llega su fin de ciclo.
Ignacio Ramonet
Notas:
(1) Jorge Manrique, "Coplas a la muerte de su padre" (1477).
(2) Raffaele Simone, "Les socialistes proposent toujours le sacrifice", en Philosophie Magazine , n° 36, febrero de 2010, París.
Por sus propios abandonos, abjuraciones y renuncias, a la socialdemocracia europea le toca hoy verse arrastrada hacia el sepulcro... Su ciclo de vida parece acabarse. Y lo más incomprensible es que semejante perspectiva se produce en el momento en que el capitalismo ultraliberal atraviesa uno de sus peores momentos.
¿Por qué la socialdemocracia se muere, cuando el ultraliberalismo se halla en plena crisis? Sin duda porque, frente a tantas urgencias sociales, no ha sabido generar entusiasmo popular. Navega a tientas, sin brújula y sin teoría; da la impresión de estar averiada, con un aparato dirigente enclenque, sin organización ni ideario, sin doctrina ni orientación... Y sobre todo sin identidad: era una organización que debía hacer la revolución, y ha renegado de ese empeño; era un partido obrero, y hoy lo es de las clases medias urbanas acomodadas.
Las recientes elecciones han demostrado que la socialdemocracia europea ya no sabe dirigirse a los millones de electores víctimas de las brutalidades del mundo postindustrial engendrado por la globalización. Esas multitudes de obreros desechables, de neo-pobres de los suburbios, de mileuristas , de excluidos, de jubilados en plena edad activa, de jóvenes precarizados , de familias de clase media amenazadas por la miseria. Capas populares damnificadas por el shock neoliberal... Y para las cuales, la socialdemocracia no parece disponer de discurso ni de remedios.
Los resultados de las elecciones europeas de junio de 2009 demostraron su descalabro actual. La mayoría de los partidos de esa familia en el poder retrocedieron. Y los partidos en la oposición también recularon, particularmente en Francia y en Finlandia.
No supieron convencer de su capacidad para responder a los desafíos económicos y sociales planteados por el desastre del capitalismo financiero. Si faltaba un indicio para demostrar que los socialistas europeos son incapaces de proponer una política diferente de la que domina en el seno de la Unión Europea, esa prueba la dieron Gordon Brown y José Luis Rodríguez Zapatero cuando apoyaron la bochornosa elección a la Presidencia de la Comisión Europea del ultraliberal José Manuel Duraõ Barroso, el cuarto hombre de la Cumbre de las Azores...
En 2002, los socialdemócratas gobernaban en quince países de la Unión Europea. Hoy, a pesar de que la crisis financiera ha demostrado el impasse moral, social y ecológico del ultraliberalismo, ya sólo gobiernan en cinco Estados (España, Grecia, Hungría, Portugal y Reino Unido). No han sabido sacar provecho del descalabro neoliberal. Y los Gobiernos de tres de esos países -España, Grecia y Portugal, atacados por los mercados financieros y afectados por la "crisis de la deuda"- se hundirán en un descrédito e impopularidad aún mayores cuando empiecen a aplicar, con mano de hierro, los programas de austeridad y las políticas antipopulares exigidas por la lógica de la Unión Europea y sus principales cancerberos.
Repudiar sus propios fundamentos se ha vuelto habitual. Hace tiempo que la socialdemocracia europea decidió alentar las privatizaciones, estimular la reducción de los presupuestos del Estado a costa de los ciudadanos, tolerar las desigualdades, promover la prolongación de la edad de jubilación, practicar el desmantelamiento del sector público, a la vez que espoleaba las concentraciones y las fusiones de mega-empresas y que mimaba a los bancos. Lleva años aceptando, sin gran remordimiento, convertirse al social-liberalismo. Ha dejado de considerar como prioritarios algunos de los objetivos que formaban parte de su ADN ideológico. Por ejemplo: el pleno empleo, la defensa de las ventajas sociales adquiridas, el desarrollo de los servicios públicos o la erradicación de la miseria.
A finales del siglo XIX y hasta los años 1930, cada vez que el capitalismo dio un salto transformador, los socialdemócratas, casi siempre apoyados por las izquierdas y los sindicatos, aportaron respuestas originales y progresistas: sufragio universal, enseñanza gratuita para todos, derecho a un empleo, seguridad social, nacionalizaciones, Estado social, Estado de Bienestar... Esa imaginación política parece hoy agotada.
La socialdemocracia europea carece de nueva utopía social. En la mente de muchos de sus electores, hasta en los más modestos, el consumismo triunfa, así como el deseo de enriquecerse, de divertirse, de zambullirse en las abundancias, de ser feliz sin mala conciencia... Frente a ese hedonismo dominante, machacado en permanencia por la publicidad y los medios masivos de manipulación, los dirigentes socialdemócratas ya no se atreven a ir a contracorriente. Llegan incluso a convencerse de que no son los capitalistas los que se enriquecen con el esfuerzo de los proletarios, sino los pobres quienes se aprovechan de los impuestos pagados por los ricos... Piensan, como lo afirma el filósofo italiano Raffaele Simone, que "el socialismo sólo es posible cuando la desgracia sobrepasa en exceso a la dicha, cuando el sufrimiento rebasa con mucho el placer, y cuando el caos triunfa sobre las estructuras" (2).
Por eso quizá, y en contraste, está renaciendo hoy con tanta pujanza y tanta creatividad, un nuevo socialismo del siglo XXI en algunos países de América del Sur (Bolivia, Ecuador, Venezuela). Mientras en Europa, a la socialdemocracia le llega su fin de ciclo.
Ignacio Ramonet
Notas:
(1) Jorge Manrique, "Coplas a la muerte de su padre" (1477).
(2) Raffaele Simone, "Les socialistes proposent toujours le sacrifice", en Philosophie Magazine , n° 36, febrero de 2010, París.
16.2.10
2010, el año del 'crash'. Santiago Niño Becerra
2010, el año del 'crash'
Lo ocurrido desde 2008, en España y a escala mundial, es sólo la antesala de la crisis sistémica que estallará a partir del próximo verano. El crédito se restringirá, el consumo disminuirá y el paro subirá
16-02-2010 - El mensaje oficial -en todas las economías, en todos los países- en este año que comienza es "Ya ha pasado lo peor; ahora a crecer de nuevo". Finalmente, la mayoría ha admitido que lo vivido en estos dos últimos años ha sido terrible, y lo sucedido en el primer semestre del 2009, lo más duro desde la Gran Depresión. Bien, como explico en mi libro El crash del 2010, lo sucedido es sólo la antesala de lo que está por llegar, lo sucedido ha sido la precrisis de la crisis sistémica que, entiendo, estallará a mediados del año en curso.
De entrada, una matización. Quienes han sido más realistas hasta ahora comparan lo acontecido desde mediados del 2008 con lo sucedido desde mediados de 1929 y, a partir de ahí, realizan sus análisis; yo pienso, en cambio, que la secuencia comienza antes: en 1923 (en el crash de entonces) y en 2003 (en el crash actual). En efecto, un repaso de la evolución del PIB de las principales economías en ambos periodos de tiempo muestra similitudes sorprendentes; la diferencia estriba en las decisiones entonces adoptadas y en las que ahora se han adoptado. Sin embargo, el final será idéntico: una crisis sistémica fruto del agotamiento de un modo de hacer que dará origen a un nuevo modo de funcionamiento. Puede sonar misterioso, pero, en el fondo, es algo muy técnico. El año 2010 constituye la frontera.
Y en 2010 es cuando verdaderamente se producirá el inicio de los problemas. De entrada, será a lo largo de los próximos meses cuando el Banco Central Europeo (BCE) pondrá fin al acceso fácil (y barato) a su dinero para las entidades financieras, lo que significará, entre otras cosas, el final de una forma fácil (y barata) de negocio: pedírselo prestado al BCE al 1% e invertirlo en Deuda Pública al 3%.
Para las empresas, el 2010 supondrá unas mayores dificultades (mucho mayores) a la hora de obtener financiación, debido a una creciente percepción de impago posible por parte de las agencias de calificación y de las propias entidades financieras, lo que les llevará a restringir el crédito en cualquiera de sus formas. (Evidentemente, lo dicho en el punto anterior influirá en estas mayores dificultades de financiación, ya que hará más caro a las entidades financieras la obtención de fondos).
Tampoco podrá extenderse más allá del 2010 la ficción en la que han vivido (porque así lo consideraron conveniente) los reguladores financieros: la aceptación como buenos de gran número de activos que un análisis exigente hubiese demostrado inaceptables (¿estamos hablando de 600.000 millones de euros?, ¿más?); una ficción que ha permitido posponer el crash unos meses, pero cuya afloración tendrá consecuencias. Si a esto añadimos la propia deuda de las entidades financieras (410.000 millones de euros es la que las españolas deberán atender entre 2010 y 2012), el panorama de estas entidades es, como poco, muy preocupante. Volveremos sobre el sistema financiero.
A lo largo de 2010, esas menores o más difíciles posibilidades de financiación para las empresas se traducirán en una ocupación decreciente, es decir, en un desempleo al alza. A ello contribuirán las restricciones en el consumo de todo tipo de bienes y servicios debidas al aumento del paro y al colapso de la capacidad de endeudamiento de las familias, y ello, tanto a nivel nacional como internacional, demostrará la imposibilidad de que las exportaciones se conviertan en la solución de todos los problemas, como así pretenden todos los Gobiernos de todos los países. En consecuencia, el peligro de la tan temida inflación puede darse por conculcado debido a que el consumo se derrumbará, lo que aleja la posibilidad de alzas significativas en los tipos de interés.
¿La consecuencia más inmediata de lo anterior? Rentas decrecientes por congelaciones salariales y por reducción de los beneficios empresariales, y rentas medias a la baja debido al aumento del desempleo y a la caída de la actividad económica, lo que se traducirá en caídas de los pluses y de los bonus pagados por las empresas. La capacidad de consumo descenderá, y, a la vez, lo hará la recaudación de los Estados, tanto por lo que respecta a la imposición indirecta como a la directa. La salida natural a un decorado como el descrito es hacia la economía sumergida (y mucho más en casos como el español, debido al reducido valor añadido de los bienes fabricados).
En 2010 también se asistirá al fin de lo que verdaderamente ha posibilitado la recuperación habida en el segundo semestre del 2009: los estímulos, las ayudas y las inyecciones directas e indirectas, aunque generalizadas, aplicados por los gobiernos.
Su final se producirá por el hecho de que la propia capacidad de endeudamiento de los Estados (al menos en su forma actual) ha llegado a su fin (el caso de Grecia ha sido la primera manifestación). Pero el final de esos estímulos tendrá consecuencias: dejarán de ser factibles tareas realizadas al calor del Gasto Público y dejarán de ser sostenibles realidades creadas al abrigo de avales y garantías estatales.
Durante el año 2010, y vinculado con lo anterior, los Estados deberán ir realizando aquellos ajustes presupuestarios más imperativos; menos, entiendo, por el lado del aumento de ingresos como por el del decremento de gastos, es decir, no tanto incrementando las figuras impositivas como reduciendo el Gasto Público. El objetivo será doble: disminuir sus déficit y conseguir una mejor aceptación (al menor coste posible) de la Deuda Pública que tales Estados van a tener que continuar emitiendo. También estas medidas tendrán consecuencias.
En septiembre del 2007 se manifestó, con el estallido de la crisis de las subprime, que el modo de crecimiento que la economía mundial mantuvo hasta entonces había llegado a su agotamiento (por eso, pienso, nadie es culpable: o se hacía lo que se hizo o no se crecía en la medida en que se deseaba crecer). Las políticas desplegadas por los Estados, así como las coordinaciones financieras más o menos efectivas de los Bancos Centrales y de las instituciones internacionales han permitido alargar la situación más de dos años a un coste enorme: enormes déficit, cierto, pero lo peor es que sólo para llegar más tarde a un punto muerto.
En 2010, pienso, todas estas carencias serán puestas sobre la mesa, dando comienzo a una crisis larga y profunda muy semejante a la Gran Depresión, aunque con el handicap de que la salida será muy distinta a la que se produjo en 1950.
¿España? Le irá todo peor que a la mayoría debido a su particular modo de hacer las cosas: actividades intensivas en factor trabajo, generadoras de bajo valor añadido y proporcionalmente más dependientes que otras del exterior y del crédito. Para 2010 estimo que el PIB español experimentará una tasa de variación de entre el -4,4% y el -4,2%. Y nuestra tasa de desempleo se situará entre el 22,0% y el 23,0% de la población activa, y ello sin considerar ni el desempleo encubierto ni el subempleo. Una joya de año, vamos (y será el principio).
Santiago Niño Becerra es catedrático de Estructura Económica en la Facultad de Economía IQS de la Universidad Ramon Llull.
El País
Lo ocurrido desde 2008, en España y a escala mundial, es sólo la antesala de la crisis sistémica que estallará a partir del próximo verano. El crédito se restringirá, el consumo disminuirá y el paro subirá
16-02-2010 - El mensaje oficial -en todas las economías, en todos los países- en este año que comienza es "Ya ha pasado lo peor; ahora a crecer de nuevo". Finalmente, la mayoría ha admitido que lo vivido en estos dos últimos años ha sido terrible, y lo sucedido en el primer semestre del 2009, lo más duro desde la Gran Depresión. Bien, como explico en mi libro El crash del 2010, lo sucedido es sólo la antesala de lo que está por llegar, lo sucedido ha sido la precrisis de la crisis sistémica que, entiendo, estallará a mediados del año en curso.
De entrada, una matización. Quienes han sido más realistas hasta ahora comparan lo acontecido desde mediados del 2008 con lo sucedido desde mediados de 1929 y, a partir de ahí, realizan sus análisis; yo pienso, en cambio, que la secuencia comienza antes: en 1923 (en el crash de entonces) y en 2003 (en el crash actual). En efecto, un repaso de la evolución del PIB de las principales economías en ambos periodos de tiempo muestra similitudes sorprendentes; la diferencia estriba en las decisiones entonces adoptadas y en las que ahora se han adoptado. Sin embargo, el final será idéntico: una crisis sistémica fruto del agotamiento de un modo de hacer que dará origen a un nuevo modo de funcionamiento. Puede sonar misterioso, pero, en el fondo, es algo muy técnico. El año 2010 constituye la frontera.
Y en 2010 es cuando verdaderamente se producirá el inicio de los problemas. De entrada, será a lo largo de los próximos meses cuando el Banco Central Europeo (BCE) pondrá fin al acceso fácil (y barato) a su dinero para las entidades financieras, lo que significará, entre otras cosas, el final de una forma fácil (y barata) de negocio: pedírselo prestado al BCE al 1% e invertirlo en Deuda Pública al 3%.
Para las empresas, el 2010 supondrá unas mayores dificultades (mucho mayores) a la hora de obtener financiación, debido a una creciente percepción de impago posible por parte de las agencias de calificación y de las propias entidades financieras, lo que les llevará a restringir el crédito en cualquiera de sus formas. (Evidentemente, lo dicho en el punto anterior influirá en estas mayores dificultades de financiación, ya que hará más caro a las entidades financieras la obtención de fondos).
Tampoco podrá extenderse más allá del 2010 la ficción en la que han vivido (porque así lo consideraron conveniente) los reguladores financieros: la aceptación como buenos de gran número de activos que un análisis exigente hubiese demostrado inaceptables (¿estamos hablando de 600.000 millones de euros?, ¿más?); una ficción que ha permitido posponer el crash unos meses, pero cuya afloración tendrá consecuencias. Si a esto añadimos la propia deuda de las entidades financieras (410.000 millones de euros es la que las españolas deberán atender entre 2010 y 2012), el panorama de estas entidades es, como poco, muy preocupante. Volveremos sobre el sistema financiero.
A lo largo de 2010, esas menores o más difíciles posibilidades de financiación para las empresas se traducirán en una ocupación decreciente, es decir, en un desempleo al alza. A ello contribuirán las restricciones en el consumo de todo tipo de bienes y servicios debidas al aumento del paro y al colapso de la capacidad de endeudamiento de las familias, y ello, tanto a nivel nacional como internacional, demostrará la imposibilidad de que las exportaciones se conviertan en la solución de todos los problemas, como así pretenden todos los Gobiernos de todos los países. En consecuencia, el peligro de la tan temida inflación puede darse por conculcado debido a que el consumo se derrumbará, lo que aleja la posibilidad de alzas significativas en los tipos de interés.
¿La consecuencia más inmediata de lo anterior? Rentas decrecientes por congelaciones salariales y por reducción de los beneficios empresariales, y rentas medias a la baja debido al aumento del desempleo y a la caída de la actividad económica, lo que se traducirá en caídas de los pluses y de los bonus pagados por las empresas. La capacidad de consumo descenderá, y, a la vez, lo hará la recaudación de los Estados, tanto por lo que respecta a la imposición indirecta como a la directa. La salida natural a un decorado como el descrito es hacia la economía sumergida (y mucho más en casos como el español, debido al reducido valor añadido de los bienes fabricados).
En 2010 también se asistirá al fin de lo que verdaderamente ha posibilitado la recuperación habida en el segundo semestre del 2009: los estímulos, las ayudas y las inyecciones directas e indirectas, aunque generalizadas, aplicados por los gobiernos.
Su final se producirá por el hecho de que la propia capacidad de endeudamiento de los Estados (al menos en su forma actual) ha llegado a su fin (el caso de Grecia ha sido la primera manifestación). Pero el final de esos estímulos tendrá consecuencias: dejarán de ser factibles tareas realizadas al calor del Gasto Público y dejarán de ser sostenibles realidades creadas al abrigo de avales y garantías estatales.
Durante el año 2010, y vinculado con lo anterior, los Estados deberán ir realizando aquellos ajustes presupuestarios más imperativos; menos, entiendo, por el lado del aumento de ingresos como por el del decremento de gastos, es decir, no tanto incrementando las figuras impositivas como reduciendo el Gasto Público. El objetivo será doble: disminuir sus déficit y conseguir una mejor aceptación (al menor coste posible) de la Deuda Pública que tales Estados van a tener que continuar emitiendo. También estas medidas tendrán consecuencias.
En septiembre del 2007 se manifestó, con el estallido de la crisis de las subprime, que el modo de crecimiento que la economía mundial mantuvo hasta entonces había llegado a su agotamiento (por eso, pienso, nadie es culpable: o se hacía lo que se hizo o no se crecía en la medida en que se deseaba crecer). Las políticas desplegadas por los Estados, así como las coordinaciones financieras más o menos efectivas de los Bancos Centrales y de las instituciones internacionales han permitido alargar la situación más de dos años a un coste enorme: enormes déficit, cierto, pero lo peor es que sólo para llegar más tarde a un punto muerto.
En 2010, pienso, todas estas carencias serán puestas sobre la mesa, dando comienzo a una crisis larga y profunda muy semejante a la Gran Depresión, aunque con el handicap de que la salida será muy distinta a la que se produjo en 1950.
¿España? Le irá todo peor que a la mayoría debido a su particular modo de hacer las cosas: actividades intensivas en factor trabajo, generadoras de bajo valor añadido y proporcionalmente más dependientes que otras del exterior y del crédito. Para 2010 estimo que el PIB español experimentará una tasa de variación de entre el -4,4% y el -4,2%. Y nuestra tasa de desempleo se situará entre el 22,0% y el 23,0% de la población activa, y ello sin considerar ni el desempleo encubierto ni el subempleo. Una joya de año, vamos (y será el principio).
Santiago Niño Becerra es catedrático de Estructura Económica en la Facultad de Economía IQS de la Universidad Ramon Llull.
El País
4.1.10
Cómo modificar la estructura productiva española. Guillermo de la Dehesa
Habría que reformar el sistema de educación, la contratación laboral y la negociación colectiva
28-12-2009 -
En primer lugar, no conviene hablar del modelo productivo español, a menos que se crea que es modélico, lo que contradice la urgencia actual para cambiarlo por ser insostenible, por lo que es preferible hablar de estructura productiva española.
En un mercado global y competitivo, las estructuras productivas de los países están creadas, de abajo arriba, por decisiones inversoras de millones de emprendedores que necesariamente tienden a reflejar sus dotaciones relativas de recursos naturales y sobre todo, de capital humano, para poder así desarrollar ventajas comparativas que compitan internacionalmente. La de un país desarrollado como España esta determinada, básicamente, por la estructura de los niveles de educación de su población trabajadora entre 16 y 64 años. Cuanto mayor sea su nivel medio, mayor será su capacidad de conocer, investigar, innovar, crear, emprender y competir globalmente.
Conseguir un nivel educativo medio elevado no es tan costoso ni tan difícil como parece, pero es un proyecto a largo plazo cuyos resultados se perciben tras una o dos décadas, que además necesita una política de Estado y no de gobierno o de partido, que involucre al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, todavía existe una cierta correlación entre los resultados de PISA de cada país y el año en que consiguió que su educación secundaria fuera obligatoria y gratuita. Algunos países lo consiguieron hace más de 100 años; en España, hace sólo 26.
¿Por qué nuestra estructura productiva está excesivamente centrada en la construcción y los servicios de menor valor añadido? Porque buena parte de nuestra fuerza laboral posee un nivel de educación que se adapta mejor a esos dos sectores productivos de mediana o baja productividad media y porque además están poco abiertos a la competencia exterior. Este menor nivel educativo responde a la baja oferta de educación infantil (entre 0 y 3 años), al enorme fracaso escolar en la secundaria obligatoria, al rechazo de la formación profesional frente a la universitaria, a la escasa formación continua en muchas empresas y a la entrada masiva de inmigrantes de media y baja cualificación. Ahora bien, una parte de estos últimos está empleada en el servicio doméstico y en el cuidado de mayores dependientes, facilitando así que muchas mujeres jóvenes, más cualificadas, accedan al mercado de trabajo y mejoren dicho nivel medio.
El fracaso escolar es casi el más elevado de la UE-15. Un 30% de los alumnos de la ESO no la termina ni opta por la formación profesional, con lo que no trabaja o hace trabajos primarios, cuando cuesta 6.000 euros por estudiante año, con lo que se despilfarran 1.440 millones de euros al año. De ahí que exista un elevado desajuste entre oferta y demanda de niveles educativos, ya que existe un exceso de fuerza laboral con educación primaria, un defecto con educación secundaria y formación profesional y un exceso con educación universitaria de calidad.
Paradójicamente, España produce más universitarios en porcentaje de su población total que Alemania, Francia o Reino Unido, pero con menor calidad media y en disciplinas que generan menos Productividad Total de los Factores, o PTF (sólo un 27% cursa enseñanzas técnicas). También España tiene más universidades que otros países de población similar (77, de las que 50 son públicas), pero no hay ninguna universidad española entre las 150 primeras del mundo por calidad y excelencia, y sólo 11 entre las 500 mejores. Nuestros jóvenes quieren ser universitarios no sólo por su mayor prestigio social, sino también por ser relativamente barato. De ahí que existan tres veces más universitarios que graduados en formación profesional. Pocos jóvenes quieren ser fontaneros, electricistas o informáticos, aunque estos ganen más que ellos, porque, entre otras razones, pagan menos del 12,5% del coste de su educación universitaria (8.000 euros por estudiante y año), independientemente de su nivel de renta, conocimientos, esfuerzo y habilidades.
En la mayoría de los países europeos las tasas universitarias son mucho más elevadas, para así poder financiar becas para los mejores estudiantes y préstamos para aquellos de menor renta. Nuestros incentivos, además de inadecuados, son perversos. Producen un fracaso universitario de los más altos de Europa, ya que casi un tercio de los universitarios no termina nunca sus estudios, otro tercio los termina dos años más tarde y sólo el resto los termina en tiempo y forma. Así, 3.300 millones de euros al año son despilfarrados, sin además conseguir suficientes universitarios de calidad.
A este problema hay que añadirle el sistema dual laboral español, que está compuesto de trabajadores mayores, con menor nivel relativo medio de cualificación, pero con contratos indefinidos y con costes de despido un 25% superiores a la media europea, y de trabajadores jóvenes, con mayor nivel medio de cualificación, con contratos temporales, sin apenas costes de despido y que no reciben formación continua suficiente en la empresa para mejorar su productividad. El resultado es que muchos jóvenes universitarios con contratos temporales se ven obligados a realizar tareas de educación secundaria y formación profesional, para las que están sobre-capacitados, que deberían realizar otros trabajadores menos cualificados que hoy no produce el sistema educativo.
Más aún, el exceso de universitarios elimina parte de su prima salarial por su mayor nivel de educación, lo que, unido a su elevada probabilidad de despido, hace que estos jóvenes pierdan interés por su trabajo, reduzcan su esfuerzo y su dedicación así como su productividad potencial. Lo contrario ocurre con los que cursan educación secundaria y formación profesional, con mayor demanda que oferta, que suelen conseguir salarios superiores a los de su formación. Además, el sistema de negociación colectiva actual no determina los crecimientos salariales por razón de la productividad de los trabajadores, como en la gran mayoría de los países, sino según la evolución de inflación pasada, con lo que los incentivos para que los trabajadores sean más productivos son bajos y los costes salariales unitarios crecen por encima de los de otros países miembros de la UE, perdiendo competitividad.
Finalmente, ¿por qué, en esta última década y media, el crecimiento de la productividad laboral española ha sido tan bajo y el de PTF, que refleja la capacidad de desarrollar nuevas ideas y de innovar, ha sido negativo? Tanto por el desajuste señalado como por el enorme retraso en la enseñanza y aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), que son tecnologías de aplicación general que todavía se aprenden poco en la escuela y necesitan para desarrollarse y aplicarse una formación profesional adecuada que es muy escasa. Hoy, los países que utilizan en mayor medida las TIC tienden a aumentar, al mismo tiempo, el empleo y la productividad. De ahí la urgencia de acelerar el aprendizaje de las TIC, tanto en la escuela como en la formación profesional y entre los ocupados, ya que éstas aumentan la productividad tanto en trabajos administrativos como manuales.
En resumen, para mejorar la actual estructura productiva y mejorar la productividad, que es lo que realmente determina el nivel de renta futuro de los españoles, habría, como primeras medidas, que reformar tanto el sistema de educación, de formación profesional y universitario actuales y sus sistemas de incentivos como el sistema de aprendizaje de las TIC y, por otro, el sistema de contratación laboral y de negociación colectiva. De no hacerse ahora un esfuerzo nacional para lograrlo será muy difícil seguir prosperando en un mundo en el que el trabajo se globaliza crecientemente y cada vez está mejor cualificado técnicamente.
Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).
El Pais
28-12-2009 -
En primer lugar, no conviene hablar del modelo productivo español, a menos que se crea que es modélico, lo que contradice la urgencia actual para cambiarlo por ser insostenible, por lo que es preferible hablar de estructura productiva española.
En un mercado global y competitivo, las estructuras productivas de los países están creadas, de abajo arriba, por decisiones inversoras de millones de emprendedores que necesariamente tienden a reflejar sus dotaciones relativas de recursos naturales y sobre todo, de capital humano, para poder así desarrollar ventajas comparativas que compitan internacionalmente. La de un país desarrollado como España esta determinada, básicamente, por la estructura de los niveles de educación de su población trabajadora entre 16 y 64 años. Cuanto mayor sea su nivel medio, mayor será su capacidad de conocer, investigar, innovar, crear, emprender y competir globalmente.
Conseguir un nivel educativo medio elevado no es tan costoso ni tan difícil como parece, pero es un proyecto a largo plazo cuyos resultados se perciben tras una o dos décadas, que además necesita una política de Estado y no de gobierno o de partido, que involucre al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, todavía existe una cierta correlación entre los resultados de PISA de cada país y el año en que consiguió que su educación secundaria fuera obligatoria y gratuita. Algunos países lo consiguieron hace más de 100 años; en España, hace sólo 26.
¿Por qué nuestra estructura productiva está excesivamente centrada en la construcción y los servicios de menor valor añadido? Porque buena parte de nuestra fuerza laboral posee un nivel de educación que se adapta mejor a esos dos sectores productivos de mediana o baja productividad media y porque además están poco abiertos a la competencia exterior. Este menor nivel educativo responde a la baja oferta de educación infantil (entre 0 y 3 años), al enorme fracaso escolar en la secundaria obligatoria, al rechazo de la formación profesional frente a la universitaria, a la escasa formación continua en muchas empresas y a la entrada masiva de inmigrantes de media y baja cualificación. Ahora bien, una parte de estos últimos está empleada en el servicio doméstico y en el cuidado de mayores dependientes, facilitando así que muchas mujeres jóvenes, más cualificadas, accedan al mercado de trabajo y mejoren dicho nivel medio.
El fracaso escolar es casi el más elevado de la UE-15. Un 30% de los alumnos de la ESO no la termina ni opta por la formación profesional, con lo que no trabaja o hace trabajos primarios, cuando cuesta 6.000 euros por estudiante año, con lo que se despilfarran 1.440 millones de euros al año. De ahí que exista un elevado desajuste entre oferta y demanda de niveles educativos, ya que existe un exceso de fuerza laboral con educación primaria, un defecto con educación secundaria y formación profesional y un exceso con educación universitaria de calidad.
Paradójicamente, España produce más universitarios en porcentaje de su población total que Alemania, Francia o Reino Unido, pero con menor calidad media y en disciplinas que generan menos Productividad Total de los Factores, o PTF (sólo un 27% cursa enseñanzas técnicas). También España tiene más universidades que otros países de población similar (77, de las que 50 son públicas), pero no hay ninguna universidad española entre las 150 primeras del mundo por calidad y excelencia, y sólo 11 entre las 500 mejores. Nuestros jóvenes quieren ser universitarios no sólo por su mayor prestigio social, sino también por ser relativamente barato. De ahí que existan tres veces más universitarios que graduados en formación profesional. Pocos jóvenes quieren ser fontaneros, electricistas o informáticos, aunque estos ganen más que ellos, porque, entre otras razones, pagan menos del 12,5% del coste de su educación universitaria (8.000 euros por estudiante y año), independientemente de su nivel de renta, conocimientos, esfuerzo y habilidades.
En la mayoría de los países europeos las tasas universitarias son mucho más elevadas, para así poder financiar becas para los mejores estudiantes y préstamos para aquellos de menor renta. Nuestros incentivos, además de inadecuados, son perversos. Producen un fracaso universitario de los más altos de Europa, ya que casi un tercio de los universitarios no termina nunca sus estudios, otro tercio los termina dos años más tarde y sólo el resto los termina en tiempo y forma. Así, 3.300 millones de euros al año son despilfarrados, sin además conseguir suficientes universitarios de calidad.
A este problema hay que añadirle el sistema dual laboral español, que está compuesto de trabajadores mayores, con menor nivel relativo medio de cualificación, pero con contratos indefinidos y con costes de despido un 25% superiores a la media europea, y de trabajadores jóvenes, con mayor nivel medio de cualificación, con contratos temporales, sin apenas costes de despido y que no reciben formación continua suficiente en la empresa para mejorar su productividad. El resultado es que muchos jóvenes universitarios con contratos temporales se ven obligados a realizar tareas de educación secundaria y formación profesional, para las que están sobre-capacitados, que deberían realizar otros trabajadores menos cualificados que hoy no produce el sistema educativo.
Más aún, el exceso de universitarios elimina parte de su prima salarial por su mayor nivel de educación, lo que, unido a su elevada probabilidad de despido, hace que estos jóvenes pierdan interés por su trabajo, reduzcan su esfuerzo y su dedicación así como su productividad potencial. Lo contrario ocurre con los que cursan educación secundaria y formación profesional, con mayor demanda que oferta, que suelen conseguir salarios superiores a los de su formación. Además, el sistema de negociación colectiva actual no determina los crecimientos salariales por razón de la productividad de los trabajadores, como en la gran mayoría de los países, sino según la evolución de inflación pasada, con lo que los incentivos para que los trabajadores sean más productivos son bajos y los costes salariales unitarios crecen por encima de los de otros países miembros de la UE, perdiendo competitividad.
Finalmente, ¿por qué, en esta última década y media, el crecimiento de la productividad laboral española ha sido tan bajo y el de PTF, que refleja la capacidad de desarrollar nuevas ideas y de innovar, ha sido negativo? Tanto por el desajuste señalado como por el enorme retraso en la enseñanza y aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), que son tecnologías de aplicación general que todavía se aprenden poco en la escuela y necesitan para desarrollarse y aplicarse una formación profesional adecuada que es muy escasa. Hoy, los países que utilizan en mayor medida las TIC tienden a aumentar, al mismo tiempo, el empleo y la productividad. De ahí la urgencia de acelerar el aprendizaje de las TIC, tanto en la escuela como en la formación profesional y entre los ocupados, ya que éstas aumentan la productividad tanto en trabajos administrativos como manuales.
En resumen, para mejorar la actual estructura productiva y mejorar la productividad, que es lo que realmente determina el nivel de renta futuro de los españoles, habría, como primeras medidas, que reformar tanto el sistema de educación, de formación profesional y universitario actuales y sus sistemas de incentivos como el sistema de aprendizaje de las TIC y, por otro, el sistema de contratación laboral y de negociación colectiva. De no hacerse ahora un esfuerzo nacional para lograrlo será muy difícil seguir prosperando en un mundo en el que el trabajo se globaliza crecientemente y cada vez está mejor cualificado técnicamente.
Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).
El Pais
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